Cada 2 de abril, la Argentina se detiene frente a la memoria de sus caídos en el Atlántico Sur y a la soberanía pendiente sobre las islas. En el acto central realizado en la Plaza San Martín de Buenos Aires, el presidente Javier Milei dio un discurso “estándar”: reafirmó el reclamo de soberanía, reivindicó la política de “reconstrucción” de las Fuerzas Armadas y llamó al Reino Unido a dialogar.
Ahora bien, más allá de los actos protocolares, resulta necesario analizar el imaginario geopolítico desde el cual el gobierno mira al mundo. En el caso de Milei, ese imaginario tiene una tensión profunda con la causa que dice defender.
Desde que asumió, el presidente argentino ha proclamado sistemáticamente en diversos foros nacionales e internacionales que el Estado es una entidad obsoleta y moralmente ilegítima. Los verdaderos protagonistas del siglo XXI son, por el contrario, los individuos, las empresas tecnológicas y las redes ideológicas transnacionales. Bajo este razonamiento, la soberanía territorial (ese principio fundacional del orden internacional moderno) queda vaciada de contenido, dando lugar a una arquitectura global desinstitucionalizada de líderes carismáticos, fundaciones, think tanks y plataformas digitales.
La exaltación de Elon Musk como “uno de los hombres más importantes de la Historia” no es un detalle menor. En el imaginario mileísta, el empresario ocupa el lugar que antes tenía el estadista. Es el héroe civilizatorio, el motor del progreso, el árbitro del futuro. Frente a él, el diplomático (y por extensión, el Estado) queda relegado al rol de burócrata de escritorio, prescindible y atrasado.
La visión post-estatal que atraviesa al pensamiento mileísta dialoga directamente con la filosofía neorreaccionaria surgida en el entorno tecno-libertario de Silicon Valley tras la crisis económica global de 2008. Uno de los referentes más influyentes de esta corriente, el programador Curtis Yarvin, propone reemplazar los Estados por una red de “mini-países” gestionados como corporaciones (gov-corp) donde la democracia es sustituida por la competencia entre jurisdicciones. Si un ciudadano no está conforme con su gobierno, la solución no es modificar el estado de cosas por la participación política, sino simplemente irse: la metáfora de “votar con los pies” sintetiza esa idea, en la que la política deja de ser conflicto colectivo para convertirse en una decisión de consumo individual.
Un ejemplo de ello es el proyecto “seasteading” (asentamientos flotantes en aguas internacionales), impulsado por Patri Friedman (ex ingeniero de Google y reconocido anarcocapitalista) con apoyo nada menos que de Peter Thiel, el megamillonario fundador de la controvertida empresa de análisis masivo de datos Palantir Technologies. Otro ejemplo es la plataforma digital Urbit, que busca crear una infraestructura soberana de identidad y comunicación por fuera del Estado y las corporaciones tecnológicas convencionales. En todos los casos, la “salida” (exit) reemplaza a la voz (voice) como mecanismo de libertad.
No es casual, entonces, que en la ceremonia del 2 de abril de 2025 Milei haya dicho que espera que los isleños “decidan algún día votarnos con los pies”. La frase, leída en este contexto, no es más que una invitación amigable a los kelpers. Es la traducción política de una concepción donde la soberanía ya no se asienta en el territorio ni en el derecho internacional, sino en la capacidad de un país de seducir individuos con libertad económica y seguridad jurídica.
La paradoja de esto es notable. Un gobierno que desconfía estructuralmente del Estado como forma política utiliza la maquinaria del Estado para reclamar soberanía sobre un territorio. Un presidente que implícitamente proclama el fin de la era del Estado-Nación apela, sin embargo, a argumentos estrictamente westfalianos cuando se trata de las islas. La causa Malvinas, en este encuadre, queda flotando en una tensión irresuelta: ¿cómo se defiende la soberanía territorial desde una filosofía que considera obsoleta la soberanía territorial?
