La “Perla del Atlántico” hace más de ocho años que sufre las políticas de privatización de espacios públicos y vaciamiento estatal. A las temporadas de verano cada año más flojas se suma el aquelarre de entregas al sector empresarial de franjas costeras, playas públicas, reservas naturales, plazas, parques y hasta inmuebles que forman parte del patrimonio arquitectónico cultural. La ciudad que alguna vez supo ser la meca del turismo popular, hoy se encuentra sumida en “la roña” (Laura Ubfal sic) y sometida a una dinámica en donde grandes grupos de inversión contemplan “La Feliz” como una inmobiliaria a cielo abierto y donde parte del Concejo Deliberante oficia de escribanía, impulsando “excepciones”, creando ordenanzas o directamente violando normativas preexistentes.
El negocio de los barrios privados
La línea costera que pertenece al Partido de General Pueyrredón cubre desde Camet norte hasta Colonia Chapadmalal, incluso continua varios kilómetros más llegando a El Marquesado o San Eduardo, conocidos por su entorno natural y tranquilo, de playas con médanos y acantilados que limitan con la vecina ciudad de Miramar. En el 2023 se generó un conflicto entre la Agencia de Administración de Bienes del Estado (AABE), la ONG Tercer Tiempo y Guillermo Montenegro (actual intendente testimonial de Mar del Plata) por tierras que formaban parte de un lote de 140 hectáreas. Mientras que en el lugar se intentaba impulsar un proyecto destinado a los horticultores del periurbano marplatense que actualmente sufren condiciones muy precarias de producción, desde el gobierno municipal denunciaban la propuesta como un intento de “toma de terrenos” al tiempo que promovían un ambicioso proyecto privatizador. Algo que venía gestándose desde el 2016, cuando el mismo Mauricio Macri había solicitado a la Agencia de Administración de Bienes poner “disponibles para la venta” esos lotes, para generar un desarrollo inmobiliario con capitales privados. Ahora, con Montenegro como senador y parte del equipo de Milei, la idea de convertir la franja costera sur en una especie de “Jolla californiana” avanza a pasos agigantados.
Tres barrios privados vienen desarrollándose en cercanías a Chapadmalal, uno de ellos “Pueblo Chapa”, un proyecto urbanístico de 581 lotes de la fiduciaria Espatolero y Lorenzo SRL. El barrio se encuentra a 1200 mts de La Redonda, una única playa que nunca ha sido concesionada, cuyo pliego confeccionado en septiembre de este año ofrece estacionamiento, publicidad y gastronomía en un área de 4 hectáreas y media de playas totalmente públicas, que ahora quedarían reducidas a menos de una. Similar es la situación de la playa Santa Isabel, donde prevén alambrar 10 hectáreas de reserva forestal sobre acantilados más una pequeña bahía. El informe para este proyecto es aún más irrestricto y permite gran cantidad de actividades comerciales de gran impacto socio ambiental dejando las áreas públicas acotadas a menos de un 20 por ciento.
Por su parte playa Dorada, hoy rebautizada Paradise, la tercera afectada por la construcción del barrio privado fue alcanzada por una demanda interpuesta por la Asamblea por los bienes comunes de Chapadmalal que logró frenar su licitación. En esa denuncia se advierte la violación de derechos políticos, civiles, sociales y culturales por parte de los funcionarios públicos de la administración municipal así como los riesgos de daños irreparables e irreversibles del patrimonio natural y de la biodiversidad. Desde el Ministerio de Gobierno de la Provincia de Buenos Aires confirman que las condiciones en las que fue promulgada la ordenanza de Playa Paradise no cuentan con el dictamen previo y la convalidación de los organismos competentes. Lo que significa que (como en otros procesos de excepciones) el municipio ha abusado de sus facultades y omitido responsabilidades congruentes con el ordenamiento territorial de la provincia. En resumen, mientras el intendente acusa de “roba tierras” a aquellos sectores que proponen ideas agro sustentables para esa zona, desde su gestión y con su firma se convalidan permisos que violan los estatutos provinciales para explotar comercialmente lotes que no le pertenecen al municipio. Sin embargo la presión empresarial es muy fuerte, ya que en esos terrenos se planea una millonaria inversión que contempla 12 hectáreas alambradas de uso privado con cabañas exclusivas construidas sobre los acantilados, 20 unidades de sombra, restaurant, drugstore, publicidad, eventos masivos y un estacionamiento para 360 vehículos.
Los otros dos barrios privados que se están desarrollando son “La Paloma” de la empresa Dineco Austral SA, donde se estiman 100 lotes para la venta y “Olas Chapadmalal”, un proyecto de Fernando Aguerre, co-fundador de la marca Reef que se define a sí mismo como “CEO & Dreamer” (Director Ejecutivo y soñador). Según la revista Forbes, se comercializarán 300 lotes en este exclusivo barrio cerrado, que por supuesto al igual que los demás proyectos no contemplan el impacto ambiental generado en la región.
La Asamblea de vecinos trabaja de manera permanente en la concientización sobre la importancia de preservar la flora y fauna del área y aclara que: “Las normas vigentes posibilitan el desarrollo de distintos emprendimientos, sin consonancia con los lineamientos de variedad de instrumentos de planificación”.
Hoy solo quedan públicas tres de las siete Unidades Turísticas Fiscales, cuatro de ellas ya fueron concesionadas y la comunidad local se vio expulsada de sus espacios públicos. Además se multiplicaron las denuncias por contaminación, irregularidades y falta de controles, dando como resultado que durante los últimos meses se generaran hechos de violencia que fueron noticia en portales nacionales. «
De los dos lados del mostrador
En febrero del 2019 un mega operativo de desalojo llevado a cabo por el EMTUR (Ente Municipal de Turismo), Inspección General y efectivos de la Policía Bonaerense culminó con un lucrativo negocio en las playas públicas.
La Asociación Rancho Móvil de la Costa, que contaba con un permiso precario por parte del municipio, había loteado y vendido terrenos de la Reserva Forestal Paseo Costanero en el kilómetro 544 para la construcción de lujosos “ranchitos” frente al mar. Incluso ofrecían a sus socios un combo de parcela más cabaña instalada. Una promoción a la que accedieron los familiares de Valeria Méndez, funcionaria municipal que hoy ostenta el cargo de Directora de Turismo o el por entonces concejal Santiago Bonifatti, que poseía una estas construcciones ilegales sobre el acantilado en el extremo sur de Mar del Plata y que en la actualidad está al frente de la Subsecretaría de Asuntos Estratégicos.
El mismo Bonifatti que en las últimas horas recibió por parte del Tribunal de Cuentas de la Provincia de Buenos Aires, una multa junto al Intendente testimonial y senador por la Provincia de Buenos Aires, Guillermo Montenegro, por un déficit financiero de $1.118.636.673,12 en las cuentas del EMSUR (Ente Municipal de Servicios Urbanos).
Ambos son los dueños del discurso de fusionar lo privado con lo público a partir de “padrinazgos” o “puestas en valor”, que no dejan de ser eufemismos para ocultar la entrega a los sectores empresariales del patrimonio público.
Precarización y negacionismo a orillas del mar
La Cámara Federal de Mar del Plata hizo lugar a un recurso interpuesto por la Asociación de Familiares de Detenidos Desaparecidos y Victimas del Terrorismo de Estado y suspendió por un plazo de 60 días las obras, modificaciones y actividades en La Restinga London Dry Gin, un bar y destilería emplazado en lotes linderos al Faro de la Memoria que le fueron otorgados, maniobra política mediante, a la empresa Burbarrel S.A, propiedad de Matías Iriarte y que pertenecieron al ESIM (Escuela de Suboficiales de Infantería de Marina), en donde funcionó un Centro Clandestino de Detención durante la última dictadura. Pese a la resolución que resuelve el cese de cualquier actividad sobre los terrenos a los efectos de no causar un daño irreparable o la desaparición de posibles elementos probatorios que podrían encontrarse en el predio en futuras inspecciones judiciales, al otro día del fallo las máquinas contratadas por la empresa continuaban operando sobre dichas parcelas y retirando arena. En las últimas horas se difundió un video en donde el empresario conversa con Patricia Bullrich, a quien le reclama celeridad en la reforma laboral mientras le comenta que “con lo que más problema hay es con los juicios, yo tengo una chica ahora que me metió una carpeta psiquiátrica, hace 6 meses que le vengo pagando el sueldo, no viene y yo sé que está trabajando en otro lado” y agrega “es un sistema que avala que ella pueda hacer eso”. El video que comienza con Bullrich afirmando que “la seguridad social se desfinancia cuándo hay un 43 % de los trabajadores en negro”, fue rápidamente eliminado de las redes de la televisión local y menos de 24 horas después una inspección de la Secretaria de Trabajo constato en Mute Club de Mar, propiedad de Iriarte, la presencia de trabajadores no registrados.
