La crónica de los principales diarios peruanos que se regodearon con la noticia, empieza más o menos así: “Estados Unidos y Perú reafirman lucha contra el narcotráfico y cooperación en minerales críticos”. También aseguran, casi como a coro, que las medidas se tomaron en una “reunión bilateral de trabajo que se resultó muy fructífera”, entre el canciller peruano, Hugo de Zela y el secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio. En su cuenta oficial de X, el funcionario ultraconservador nacido en Miami, de ascendencia cubana, asegura que él propició el encuentro y sonríe en la imagen que acompaña a la noticia. Hay que ver la cara que tiene el peruano en esa foto…
Probablemente, ese rictus de De Zela sea porque sabe que la realidad es otra y se siente cómplice. El acuerdo (en realidad el sí peruano ante las consabidas e históricas imposiciones de los Estados Unidos, más allá de cuán gusanos sean los funcionarios que las imparten) es que el Imperio volverá a enviar fuerzas militares a territorio incaico, con la excusa del narcotráfico pero con la habitual intención de meter las narices y las directivas en los asuntos internos. Rubio publicó en eses mensaje que el objetivo es «desmantelar» organizaciones criminales de la región. Bien se sabe qué significa .
Mientras sucedía el apretón de manos en Washington, en el centró histórico de Lima, frente a la Plaza Bolívar, sobre la calle Jirón Ayacucho, la mayoría del pleno del Congreso del Perú aprobaba facultades extraordinarias para que el gobierno del flamante presidente José Jerí, quien el miércoles cumplirá sus dos primeros meses de mandato, pueda (durante los próximos 60 días) firmar medidas contra «la criminalidad organizada, la inseguridad ciudadana y el impulso a la economía». ¿Una coincidencia? No lo es para los 80 legisladores que votaron a favor contra los 20 que lo hicieron en contra.
Lo que no dicen los medios de prensa peruanos es que no sólo eso se votó en el Congreso. Ese pleno de legisladores también aprobó por 73 votos a favor, 25 en contra y dos abstenciones la autorización para que personal militar estadounidense ingrese al Perú. Ni más ni menos. “El equipo militar del Departamento de Defensa de Estados Unidos portará armas de guerra y estará en el país desde el 1 de enero hasta el 31 de diciembre de 2026”, señala un mensaje en las redes que sí aportó datos sobre el “acuerdo bilateral”. En la Resolución Legislativa 13436/2025-CR se especifica, no obstante que todo lo acordado es en “el marco de lo establecido en el artículo 102 de la Constitución Política del Perú, y en la Ley de requisitos para la autorización y consentimiento para el ingreso de tropas extranjeras en el territorio de la República”. Y que las instituciones involucradas son Comando de Inteligencia y Operaciones Especiales Conjuntas (CIOEC), Fuerza Especial Conjunta (FEC) y Fuerzas de Operaciones Especiales (FOES) de la Marina de Guerra; Grupo de Fuerzas Especiales (GRUFE) de la Fuerza Aérea de Perú; 1ra, 3ra y 6ta Brigadas de Fuerzas Especiales del Ejército del Perú y Policía Nacional del Perú .
Tal vez por eso el bueno de Hugo de Zela tenía esa cara en la foto con Marco Rubio.
Ese mismo pleno del Congreso peruano fue el que horas antes, esta vez ante un extenso debate, junto con la presentación del propio expresidente Pedro Castillo (quien participó de forma virtual), no logró los 68 votos necesarios para inhabilitarlo por diez años junto a su expremier Betssy Chávez, señalados por «su presunta participación en el fallido intento de golpe de Estado ocurrido el 7 de diciembre de 2022”, como refería el pedido, que finalmente contó con 42 votos a favor, 30 en contra y tres abstenciones.
Bastante menos que los que permiten ingresar a los militares estadounidenses en territorio peruano.
