Ramón Omar Vélez tiene 54 años. Está detenido en la Unidad Penal 35 de Magdalena, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Lo acusan de haber cometido el homicidio del martillero Antonio Eduardo Bustos, de 55 años, ocurrido el pasado 18 enero en la ciudad de Azul. El hombre enuncia que fue brutalmente torturado por los policías que lo trasladaron y que, en la actualidad, hace dos meses espera que lo atienda un médico.
Bustos recibió un balazo calibre 22 en la cabeza -entre la noche del viernes y la madrugada del sábado- en el interior de su vivienda. Según la investigación, había cenado con una persona. Vélez fue detenido el pasado 4 de febrero, en un allanamiento realizado por la Policía Federal Argentina (PFA), en el barrio porteño de Villa Lugano.
Violencia institucional
Según los estudios realizados por distintos profesionales, cuando fue entregado a la División Departamental de Investigaciones (DDI) de Azul, de la Policía Bonaerense, para que sea trasladado a la ciudad donde ocurrió el crimen, fue brutalmente torturado he interrogado como lo hacían las fuerzas armadas y de seguridad en tiempos dictatoriales. Es decir, golpes a cambio de información.
Los delitos de torturas denunciados por la víctima y su abogado fueron comprobados por los informes médicos. Sin embargo, «semanas atrás, el fiscal decidió archivar la causa», reclamó Vélez, oriundo de Mendoza, en diálogo con Tiempo.
También contó que junto a su defensor habían apelado a la detención, porque el hombre insiste con su inocencia en el homicidio que le imputan. Pero el Juzgado de Garantías le dictó la prisión preventiva y el pasado mes de abril; la Cámara de Apelaciones resolvió confirmarla
Reclamo por torturas
«Soy inocente en la causa del homicidio del hombre, pero estoy tranquilo porque que sé que no tienen nada para acusarme. Mi ADN no es compatible con el que encontraron en la escena del crimen. Pero ahora estoy reclamando porque fui brutalmente torturado e interrogado por los policías y quiero justicia. Nadie se imagina lo que me tocó sufrir«, denunció Vélez.
Y completó: «Me rompieron la cabeza a culatazos -el piensa que fue con el arma, podría ser otro objeto- con la pistola y me pedían información sobre el asesinato del hombre, obviamente que no la tenía porque soy inocente y me inflaron la cara. Todo esto sucedió cuando llegamos a la rotonda que está camino a General Alvear».
Vélez argumentó: «Están todos los informes médicos de cuando los federales me entregaron a los bonaerenses, mi integridad física estaba intacta, llegué a la ciudad de Azul con desfiguración de rostro y golpes en distintas partes del cuerpo, eso también fue probado».
Cabe destacar que este diario tuvo acceso a todos los informes médicos que señala la víctima. También datos puntuales de la causa a través de su abogado Gustavo Mamani. Se pudo acreditar que sucedió como lo relata la víctima con pruebas fehacientes; pero Marcelo Alberto Sobrino, titular de la Fiscalía de Cámara Departamental de Azul, decidió desestimar todo y dispuso archivar la causa.
El archivo de la causa
Mamani, en diálogo con Tiempo, sostuvo: «El fiscal de Azul pone en duda los dichos de Vélez, que aporta varias pruebas de conductas irregulares y difíciles de justificar por parte de los policías bonaerenses que efectuaron el traslado».
Y completó. «Elige sostener que tales hechos carecen de veracidad, se aferra a la duda y descarta todos los indicios que obran en el expediente, que muestran claramente que hay hechos que deben ser investigados en profundidad».
El letrado siguió relatando. «Las pruebas presentan rasgos muy vehementes que indican que Vélez fue objeto de agresiones ilegales durante el traslado».
Una prueba concreta
Mamani reconstruyó: «Cuando la PFA realizó el allanamiento y la detención de Vélez, se elaboró un precario médico, que documenta que su cuerpo no tenía signos de violencia, los federales lo entregaron intacto».
Sin embargo, «cuando llegó a Azul se hizo otro examen médico y se constató lesiones en cara y otras partes del cuerpo. El fiscal sostiene que no se puede saber, si el revisado es, efectivamente mi defendido», remarcó.
«El fiscal tergiversa la declaración de Vélez. Mi defendido declaró que tiraron el asiento hacia atrás para presionar sus piernas mientras se produce el traslado. Y el fiscal ‘interpreta’ que el respaldo del asiento no puede estar tirado atrás por varias horas porque el conductor no podría manejar. La posición que toma el fiscal es muy sospechosa», agregó el abogado.
Y concluyó explicando: «En cuanto a lo procesal, ahora que esté el archivo de la causa, tenemos dos opciones. Una es ir a la Fiscalía General para que haga una revisión y la otra es acudir al Fuero Federal para que se investigue por fuera de la jurisdicción de Azul. Estamos estudiando las dos alternativas y en los próximos días estaremos tomando una decisión y vamos a avanzar».
La causa por homicidio del martillero
El asesinato del martillero Bustos generó un escándalo en la ciudad de Azul, los vecinos se manifestaron y fue mediático. Guillermo Mareco, representa legalmente a Vélez en la causa por el homicidio: «Los mismos vecinos de esa ciudad consideraron que mi defendido es un ‘perejil’ que está engarronado. Porque ellos conocían bien a la víctima y señalaron que andaba en cosas raras«, sostuvo cuando fue consultado por Tiempo.
Y aclaró. «Obviamente que esto no lo digo con intenciones de justificar el asesinato del hombre, pero si para que los investigadores puedan barajar otras hipótesis. Porque lo que hicieron con Vélez es algo que se cae de maduro; lo metieron preso porque necesitaban un detenido por la presión mediática del caso«.
«Por eso todos se lavan las manos, como lo hizo el Juzgado de Garantías en dictarle la prisión preventiva y Cámara de Apelaciones que la confirmó el pasado mes de abril. De este modo, se tendrá que resolver en un juicio oral y lo que no tiene sustento se cae. Mientras tanto, Vélez está preso y fue torturado«, enfatizó Mareco.
Por eso, cuando la justicia se ve acorralada «siempre decide hacer el famoso juicio abreviado donde el imputado firma un arreglo haciéndose cargo del delito que le imputan y así queda todo en la nada. Lo engarronaron porque vieron que tiene un antecedente por una tentativa de robo agravado«, finalizó.
