Bajo el lema “Primero la salud y la vida, después la deuda”, más de 2000 referentes políticos, sindicales, científicos, religiosos, académicos, de la cultura y del periodismo, advirtieron que resulta “imprescindible que los recursos públicos y las divisas disponibles del país, se destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo y a paliar el impacto social de la crisis”.

Los firmantes reclaman, además, la suspensión de los pagos por capital e intereses que el gobierno de Mauricio Macri asumió con el Fondo Monetario Internacional (FMI), y de las acreencias con el Club de París.

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El mensaje lo suscribe un amplio abanico de dirigentes, de la talla del ex ministro de la Corte Suprema de Justicia, Raúl Zaffaroni, la presidenta de la Comisión de Finanzas de la Cámara de Diputados, Fernanda Vallejos, el secretario General de la CGT, Héctor Daer, el secretario General Adjunto de Camioneros, Pablo Moyano, el vicepresidente de la Unión Industrial Argentina (UIA), Guillermo Moretti y Roberto Andrés Gallardo, presidente del Comité Panamericano de Jueces promovido por el Papa Francisco.

Estos reclamos se sustentan en la grave situación que atraviesa el país, con una pandemia del COVID-19 que no da respiro y amenaza con detener la recuperación económica en curso. Los contagios y las muertes se han espiralizado. La economía ya se encontraba en una crisis de envergadura después del gobierno de Mauricio Macri y, con la emergencia sanitaria, se ha profundizado aún más.

La Proclama señala asimismo que la pandemia “exige que todos los esfuerzos se destinen a contrarrestar sus enormes daños económicos y sociales”. Y, a su vez, remarca que “los recursos públicos y las divisas disponibles del país, se destinen prioritariamente al cuidado de la vida y la salud de nuestro pueblo”.

En otro de sus puntos, aboga por la reprogramación de los vencimientos con los organismos financieros internacionales subordinando los plazos a las verdaderas posibilidades de pago de la República Argentina.  

“La deuda resulta impagable y dificulta el accionar del Estado para hacer frente a la crisis sanitaria y económica, e impide proyectar un futuro desarrollo de la Argentina”, subraya en otro tramo el texto aludido.

En uno de los párrafos centrales, la Proclama, recuerda que la Argentina se encuentra en un “estado de necesidad que le impide afrontar los compromisos de deuda contraídos, especialmente con el Fondo Monetario Internacional (FMI) y otros organismos, bajo riesgo de afectar intereses superiores que el Estado debe proteger, en un contexto de pandemia: la vulnerabilidad social, la salud, el trabajo, la educación y la vivienda del conjunto de la población”.

La iniciativa propone, asimismo, “utilizar la cuota que le correspondería a la Argentina (estimada en aproximadamente U$S4.350 millones), de la emisión esperada de Derechos Especiales de Giro (DEG) por parte del FMI de USD 650.000 millones totales, para fortalecer las reservas internacionales del BCRA, y no al pago de la deuda por capital, intereses o gastos”.