Como resultado de la creciente desigualdad y la caída del poder adquisitivo del salario, la alimentación de los trabajadores en el país sufrió un fuerte deterioro en el último período. Así lo indica un estudio realizado por el Observatorio de la Deuda Social de la Universidad Católica Argentina.
El informe «La alimentación y comensalidad en población asalariada de la Argentina» fue elaborado por la UCA en colaboración con Edenred, empresa con más de 50 años de trayectoria en desarrollo de soluciones que promueven el acceso a la alimentación durante la jornada laboral.
Del estudio se desprende que apenas el 16,5% de la fuerza laboral está “libre de privaciones alimentarias”. Por el contrario, el 83,5% restante enfrenta “algún tipo de vulnerabilidad” que puede ser por una restricción en la cantidad de alimentos que ingiere o por resignar “calidad nutricional debido a motivos económicos”.
Ayuno forzoso
Pero el informe aporta un dato todavía más alarmante. El 61,1% de los asalariados “admite haber tenido que saltearse alguna comida durante su jornada por falta de recursos (un 46,7% de forma ocasional y un 14,4% de manera regular)”. La situación, profundiza el estudio, es “aún más dramática entre los más jóvenes: el 70,7% de los trabajadores de 18 a 29 años omite comidas” que aseguran resulta de “un ajuste forzado por los salarios iniciales más bajos”.
A esto, asegura la UCA, se suma que “el 78,5% de los trabajadores ha tenido que optar por alimentos menos nutritivos y más económicos para poder comer” y, detallan, “de este grupo, uno de cada cuatro (24,6%) ya lo incorporó como una práctica habitual”.
Pero además, el almuerzo implica una fuerte presión sobre el salario en tanto “almorzar en el trabajo implica un fuerte desembolso: el 43,9% de los trabajadores gasta entre $5.001 y $10.000 diarios, y un 20% supera los $10.000”. Se trata de un «costo operativo» que recae sobre el empleado y presiona sobre el salario real en tanto solo el 44% recibe un aporte de la patronal para solventar los gastos de alimentación.
Paradójicamente, indica la UCA, “el apoyo económico es más habitual entre los salarios altos, mientras que la falta de cobertura es persistente en los de menores ingresos. Por ejemplo, el 41,8% de los trabajadores que ganan hasta $800.000 califica su dieta como poco saludable, una cifra que se reduce al 23,8% entre quienes superan los $2.000.000”.
La investigadora responsable del informe Ianina Tuñon señala que «esta cifra pone de manifiesto que, para la mayoría de la fuerza laboral, los ingresos no logran cubrir los costos de alimentación durante la jornada, obligándolos a sacrificar su bienestar nutricional como mecanismo de ajuste frente al costo de vida actual».
Por eso el 80,4% de los asalariados se manifiesta a favor de recibir un aporte de su empleador para la alimentación, con libertad de elección. El apoyo es casi unánime dice el estudio entre quienes más lo necesitan: el 90% de los trabajadores de la construcción reclaman alguna forma de refrigerio así como los jóvenes entre los que un 85% se manifiesta en favor de ese beneficio.
Pero incluso los que se alimentan adecuadamente lo hacen en condiciones de precariedad nociva para su salud. Es que el 41% almuerza en su escritorio sin prácticamente interrumpir sus tareas mientras que el 32% lo hace en absoluta soledad vulnerando el principio que indica que la hora de almuerzo es también un ámbito de esparcimiento, sociabilización y distensión.
Este escenario, en la práctica, resulta todavía más desolador en la medida en que el relevamiento se hizo sobre una muestra de 1.171 trabajadores registrados. La informalidad, claro, induce una mayor precarización, menos derechos y menores ingresos.
El informe concluye que «mejorar la alimentación laboral es, en definitiva, mejorar la calidad del trabajo y, por extensión, la salud colectiva. Los datos advierten la necesidad de un cambio de paradigma: dejar de ver la comida laboral como un beneficio discrecional para entenderla como un pilar del bienestar y la productividad«.
