El 4 de julio de 1976, Buenos Aires amaneció con un hombre fusilado en el Obelisco y seis religiosos asesinados en la Parroquia San Patricio. El día anterior, 19 jóvenes habían aparecido acribillados en un basural. A lo largo de esa semana, hasta donde fue registrado en los diarios de la época, 54 personas aparecieron acribilladas. Represalia de los operadores de las fuerzas de seguridad por la explosión, días antes, del comedor de la Superintendencia de Seguridad Federal, dicen que el muerto del Obelisco fue dedicado a Arturo Amador Corbetta, jefe de la Federal, quien reivindicaba la legalidad para combatir a la subversión. Al día siguiente, Corbetta relevó a los dos comisarios que le habían informado de los planes de la represalia. Fue obligado a renunciar por la presión de los cuadros luego de solo once días al frente de la PF. Los comisarios de la venganza pasaron a ser asesores del ministro del Interior.

El jueves pasado, la Policía Civil de Río de Janeiro realizó una operación en la villa de Jacarezinho: mató a 27 personas. Un policía también murió. Incautaron armas y drogas. La operación Exceptis, además de combatir el tráfico y el robo, tenía por objetivo combatir la cooptación de jóvenes. La operación fue organizada por la comisaría de protección de niños y adolescentes y movilizó a 250 policías, helicópteros y blindados.

Desde junio de 2020, por determinación de la Corte Suprema, las operaciones policiales en las favelas de Río solo son realizadas en casos excepcionales, deben ser notificadas a la fiscalía y cumplir determinados principios: contar con ambulancias, no usar helicópteros como plataforma de tiro, no usar escuelas y hospitales como base de operaciones, mantener intactas las escenas del crimen y otros procedimientos. Resultado de una articulación de movimientos sociales, defensoría pública e investigadores, la ADPF das Favelas, fue acogida por uno de los miembros de la corte durante la pandemia y ampliada luego para regular las operaciones policiales. El objetivo es disminuir la letalidad policial, que tiene proporciones inadmisibles. En 2019, la policía de Río mató a 1810 personas, el equivalente a cinco por día. En 2020, la letalidad cayó un poco, por la acción de la ADPF.

La operación de la Policía Civil parece ser una respuesta directa a la ADPF. La operación Exceptis fue presentada como una operación legal: excepcional, como dice su nombre, y como manda la Corte. El subsecretario operacional de la Civil acusó al activismo judicial de impedir el trabajo regular contra el crimen y a los “pseudoespecialistas en seguridad” que reivindican otra forma de operar, como los responsables por la muerte del policía. A diferencia de otras represalias realizadas por escuadrones de la muerte, los 25 muertos representan la mayor masacre policial de Río desde el retorno democrático y expresan la política de seguridad de los gobiernos del estado y del nacional, sintonizados políticamente y afinados institucionalmente. Coincidentemente, un día antes de la operación, el presidente Bolsonaro y el gobernador Castro se encontraron en Río.

Normalizada como forma de actuación policial, la violencia letal en los territorios populares acumula números inauditos para un Estado democrático, impactando principalmente jóvenes negros y pobres, no redujo los mercados ilegales, expuso a las fuerzas de seguridad y garantiza la expansión de los negocios de las milicias  (http://geni.uff.br/wp-content/…), organizaciones vinculadas a operadores de las fuerzas de seguridad y políticas. La tragedia de la violencia en Brasil se amplifica y la gravedad institucional que significa su adopción como política de Estado parece comenzar a ser percibida en las altas esferas judiciales. Para miles de personas, la tragedia cotidiana continua. 

El 4 de julio de 1976 no fue ningún divisor de aguas en la represión en Argentina. Revela, tal vez, lo que estaba en juego frente a la normalización de la violencia a cada límite moral e institucional traspasado. La masacre de Jacarezinho tiene el mismo poder revelador.  «