La noticia se repite en loop. Un alumno de 15 años de una escuela de San Cristóbal, Santa Fe, sacó una escopeta, mientras izaban la bandera, y mató a un compañero de 13 años hoy a la mañana. Hay otros ocho estudiantes heridos.
En un video que circula en las redes sociales se escuchan los gritos de los adolescentes mientras corren por la escuela. En otro, se ve al agresor siendo “hostigado” por sus compañeros. Los medios de comunicación amplifican el ruido mientras buscan respuestas: ¿sufría bullying? ¿qué le pasaba? Tenía buenas notas, “era un buen chico y alumno”. El ministro de Educación de la provincia habló de problemas «intrafamiliares». Nunca hubo un antecedente violento del joven, era «buen deportista».
¿Qué salió mal, entonces?
La violencia en las escuelas
Los docentes vienen advirtiendo hace años cómo la violencia social se cuela cada vez más en las aulas. La imagen de tiros en un patio, propia de un noticiero estadounidense, es el corolario de una serie de episodios de menor gravedad, pero preocupantes al fin, que viven a diario las comunidades educativas. Piñas entre madres o estudiantes a la salida la escuela, ataques a docentes, amenazas constantes de denuncias y viralización de peleas en grupos de WhatsApp son algunos ejemplos. Mientras el país naturaliza, a través de sus autoridades de gobierno, vivir entre la violencia, atacar al otro, denigrarlo como parte de la vida diaria.
Algo está claro: el umbral de lo que se espera que ocurra en una institución educativa se corrió.
La escuela, uno de los pocos espacios “confiables” que quedaban para infancias y adolescencias, dejó de ser garantía de seguridad. No por definición de sus trabajadores y trabajadoras, que hacen malabares para enseñar y cuidar. Pareciera, más bien, que buena parte de la dirigencia política -con La Libertad Avanza y sus aliados a la cabeza- decidió soltar la mano de los niños, niñas y jóvenes argentinos en el momento en que más necesitan del Estado.
Los adolescentes demandan más acompañamiento en materia de salud mental; las familias y escuelas admiten que no tienen muchas herramientas para lidiar con la cantidad de conflictos que emanan de los territorios digitales, donde las nuevas generaciones pasan gran parte de su tiempo; el desempleo y la informalidad afectan en mayor medida a los jóvenes recién egresados del secundario. Todo esto, en un país donde la mitad de los niños, niñas y adolescentes son pobres.
Y el Estado nacional se ausenta
Mientras tanto, el Estado Nacional desmantela políticas de niñez y adolescencia, asfixia los salarios docentes con la quita del FONID, cierra espacios culturales, reduce en un millón las Becas Progresar y recorta en un 50% los recursos destinados al sistema educativo. ¿De qué forma sí aparece el aparato estatal? Para bajar la edad de punibilidad. Pero la realidad se impuso: el regodeo punitivista no disuade a un pibe de matar a un compañero.
¿Qué cosa sí es capaz de disuadirlo? Un conjunto sofisticado de estrategias y redes que llevan adelante todos los días docentes, directivos, familias, estudiantes y profesionales para lograr aquello que la dirigencia no puede: que convivamos mejor. Todo joven que pudo revisar sus prácticas y modificar su forma de vincularse con los otros recuerda algún profesor, adulto o espacio de contención –desde una clase hasta un club de barrio– que colocó una palabra o pregunta justa. Una intervención a tiempo.
Poco lugar queda para esa ingeniería que requiere mucha escucha, coordinación de esfuerzos y creatividad con docentes desahuciados y mal pagos, familias pluriempleadas y un Estado retirado. La merma en la matrícula escolar que se avizora con la caída en la tasa de natalidad tampoco se aborda, mayoritariamente, como una oportunidad para aumentar los recursos en educación. Dirigentes y especialistas fanáticos del ajuste se han encargado de explicar que la cuenta es simple: a menor cantidad de estudiantes, menor personal en las escuelas.
Y pueden hacerlo porque no hay un pacto social que ponga a las infancias y adolescencias en el centro. Porque la educación y los jóvenes se vuelven agenda, esporádicamente, ante estallidos. Si no, no genera clicks ni rating. Porque invertir en políticas educativas y culturales de largo plazo “no garpa”.
Hay otros caminos posibles. Cualquier proyecto de país que se considere antagónico a las ideas que nos gobiernan debería aspirar a jerarquizar el lugar que tienen la escuela, los clubes y otros espacios sociales y comunitarios por los que transitan a diario niños, niñas y adolescentes. No por una cuestión moral ni como manotazo de ahogado frente al caos. Invertir en instituciones que conservan la capacidad de construir comunidad es saber leer la época. Y construir otras alternativas de futuro para los más jóvenes es una responsabilidad política.
