Eduardo «Lule» Menem, subsecretario de Gestión Institucional, rompió su silencio mediante un contundente comunicado para desmentir las acusaciones que surgen de los audios atribuidos al exdirector de la Agencia Nacional de Discapacidad (ANDIS), Diego Spagnuolo. El funcionario, señalado como una pieza clave en el presunto esquema de corrupción, calificó el escándalo como una «burda operación política del kirchnerismo». Aunque se abstuvo de opinar sobre la autenticidad de las grabaciones, fue categórico al asegurar la «absoluta falsedad de su contenido».
En su descargo, Menem negó punto por punto su participación en cualquier irregularidad. Afirmó que «jamás tuvo intervención de ningún tipo en las contrataciones del Andis, ni de manera formal ni informal». Asimismo, aseguró que «nadie me mencionó ningún hecho de corrupción» y que desconoce la existencia de ilícitos en ningún organismo del Estado. Finalmente, negó rotundamente haber mantenido conversaciones sobre el tema con el círculo íntimo del presidente Javier Milei o con su hermana, Karina Milei.
Los Menem, siempre cerca de las sospechas
Pese a la firmeza de sus declaraciones, las negativas del «Lule» generan más interrogantes que certezas. La gravedad de las imputaciones, que lo colocan en el centro de una supuesta trama delictiva, contrasta con la liviandad de una desmentida publicada en redes sociales. La estrategia de atribuir las acusaciones a una «operación política» por las elecciones en Buenos Aires parece una maniobra discursiva para eludir un escrutinio más profundo.
La situación deja al descubierto la precariedad de su defensa, que no aborda la veracidad de los audios y se limita a una autoadsolución genérica. La insistencia en defender la «integridad de todos los funcionarios mencionados» sin aportar pruebas concretas alimenta la desconfianza. La ciudadanía espera respuestas contundentes y no meras declamaciones, especialmente cuando están en juego la transparencia y la ética en la gestión pública.
