Desde que la diputada bonaerense Lucía Klug, de Unión por la Patria, presentó un proyecto de ley para crear la Tasa Ambiental sobre el Metano en Buenos Aires (TAMBA) con el fin de gravar las emisiones de la ganadería, el sector agropecuario se unió en un rotundo rechazo (como ocurre ante cualquier propuesta normativa con impacto en su rentabilidad) argumentando que tiene “claramente fines más recaudatorios que de conciencia ambiental” y que se trata de “ocurrencias desconectadas de la realidad del campo y de la ciencia”, hasta llegar al extremo de ridiculizar por completo el tema: “es un impuesto al pedo”; “¿también hay que pagar por respirar?”; “lo próximo es gravar el estornudo de las gallinas”. Productores y ruralistas no se enteraron, convenientemente, que, en las últimas décadas, la comunidad internacional se dedicó a tejer acuerdos y protocolos para mitigar las emisiones de metano por tratarse, después del dióxido de carbono, del segundo Gas de Efecto Invernadero (GEI) con más presencia en la atmósfera.
“Reducir estas emisiones es fundamental para mejorar la calidad del aire en el corto y mediano plazo”, advierte Giselle Munno Dithurbide, abogada y responsable del área de Legales de Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN) y que estuvo en la curaduría del informe «Metano en todas partes, todo el tiempo», en donde especialistas, investigadoras, trabajadores recicladores e integrantes de organizaciones sociales y de comunidades indígenas dan cuenta del alcance y sus efectos en distintas partes del país.
“El metano –continúa Munno Dithurbide– es responsable de un tercio del calentamiento global actual y, en este sentido, de las inundaciones, sequías, derretimiento de glaciares, aumento de temperatura entre otros impactos producto del cambio climático. Asimismo, es responsable de aproximadamente el 50% del ozono troposférico presente en la atmósfera, siendo este último responsable de un millón de muertes prematuras por causas respiratorias anualmente a nivel global. Por lo expuesto, queda claro que, por su impacto en el ambiente, el clima y la salud, es necesario que el metano ocupe un lugar relevante en la agenda”.
Deuda
En Argentina, más del 60% de las emisiones de metano originadas por las actividades humanas provienen de la ganadería y la agricultura; un 29% del sector energético —fundamentalmente de fugas en la producción y transporte de petróleo y gas— y el resto (aproximadamente un 7%) de una gestión inadecuada de los residuos y de los más de 5000 basurales a cielo abierto que existen a lo largo de todo el país.
Este año, la Provincia de Buenos Aires presentó el Inventario Provincial de Gases de Efecto Invernadero (IPGEI) tomando como año de base el 2018. Los resultados mostraron que Buenos Aires emite el 34% de los GEI del país siendo los principales sectores emisores energía; ganadería; Agricultura, Silvicultura y Otros Usos de la Tierra (AFOLU por sus siglas en inglés); Procesos Industriales y de Uso Productivo (IPPU); y residuos.
Para Munno Dithurbide con estos datos “queda claro que existe una deuda a nivel provincial en términos de legislación climática y, además, que es necesario colocar el foco en las emisiones aportadas por la provincia, ya que representan más de un tercio de las emisiones que se generan en Argentina, de las cuales el sector agro es uno de los principales contribuyentes”.
Sobre el comentado proyecto de ley de la legisladora Klug, la especialista cree que “es absolutamente válido poner la temática en el foco de la agenda pública”.
“En Argentina –explica– es urgente mejorar la especificidad de los objetivos de metano en los NDC (en referencia a las Contribuciones Determinadas a Nivel Nacional, que son los planes climáticos que cada país presenta bajo el Acuerdo de París), incorporando metas cuantificadas, con plazos definidos y medidas sectoriales detalladas. Es muy difícil evaluar la efectividad de políticas sectoriales, como puede ser este proyecto, si a nivel nacional no contamos con objetivos de reducción por sector y por GEI”.
En ese sentido, la abogada remarca que la propuesta de cobrar una tasa a las emisiones de metano generadas en el sector agro encuentra un antecedente directo en la legislación de Dinamarca, donde se aprobó en 2024 un impuesto progresivo para que los productores paguen por las emisiones que superen un nivel de referencia.
“El proyecto –insiste–contribuye sin dudas a poner el tema en agenda y abrir un debate necesario y por demás complejo, dadas las características de la matriz productiva en nuestro país y la preponderancia de la actividad del sector”. «
El rol silencioso en Vaca Muerta
En noviembre de 2021, la Argentina adhirió al Compromiso Global del Metano durante la COP26 realizada en Glasgow, Escocia, comprometiéndose a reducir un 30% de sus emisiones para 2030. Sin embargo, el país todavía no planteó metas sectoriales, no desarrolló un monitoreo sistemático de estas emisiones ni una regulación nacional específica destinada a su reducción.
Por el contrario, profundiza un modelo basado en los combustibles fósiles, que no está alineado con los compromisos climáticos del país.
En simultáneo, el avance de las emisiones en Vaca Muerta, captadas por Earthworks —una ONG ambiental estadounidense— y denunciadas desde la Confederación Mapuche de Neuquén, expone el rol silencioso del metano en las zonas de explotación de hidrocarburos mediante la técnica del fracking.
