En un documento con aristas más políticas que económicas, el Fondo Monetario Internacional volvió a respaldar al gobierno de Javier Milei. No sólo le aprobó la revisión del primer tramo del programa de facilidades extendidas a pesar de que estuvo lejos de cumplir con las metas prometidas para junio, sino que aceptó cambiar los montos de acumulación de reservas prometidos para los próximos dos años, que habían sido uno de los ejes principales en el diseño de ese acuerdo.

Además avaló el proceso de privatización de empresas que anunció el ministro de Economía, Luis Caputo, y consintió que el monto recaudado por la venta o concesión de esas compañías sirva para mejorar el respaldo de divisas con que cuenta el Banco Central. Así, desechó cualquier posibilidad de utilizar esos fondos para invertir en obras públicas, proyectos de infraestructura o finalidades más acordes con las necesidades de la sociedad.

La aprobación por parte del directorio destrabó el desembolso de otros U$S 2000 millones correspondientes al acuerdo suscripto en abril último. No va a durar mucho ese dinero, porque este lunes tienen que estar cancelados U$S 801 millones correspondientes a los intereses trimestrales.

Con esta nueva remesa, el organismo ya entregó el 70% de la ayuda pactada hace tres meses. Sumado al stand by otorgado al gobierno de Mauricio Macri, la exposición crediticia del FMI en el país ronda los U$S 58.000 millones.

Un tantito así

El largo informe que los auditores del organismo elevaron luego de la revisión (conocido como staff report), difundido al anochecer del viernes, reveló que a las autoridades les faltaron U$S 3600 millones para cumplir con la meta prevista de acumulación de reservas por parte del Banco Central. Después de la fuerte sangría ocurrida en el primer trimestre, se toleraba que bajaran U$S 1100 millones con relación a diciembre de 2024, pero la caída fue de U$S 4700 millones. Como diría el inefable Súper Agente 86, el equipo económico falló por un tantito así.

Para maquillar semejante incumplimiento, el Fondo ponderó la emisión del Bonte, el título en pesos suscripto en dólares estadounidenses. Lo consideró un regreso a los mercados internacionales de deuda después de siete años, más allá de la sospecha extendida de que Caputo negoció previamente su colocación con ciertos fondos de inversión.

Esta operación, junto con un Repo con bancos y las compras de divisas en bloque por parte del Tesoro, provocaron que “las reservas internacionales netas aumentaron alrededor de U$S 2000 millones entre la aprobación del programa y finales de julio”. Esta circunstancia fue considerada como una muestra de buena voluntad por parte del gobierno y facilitó la emisión del correspondiente “waiver” por no haber cumplido la meta prometida.

Ante la evidencia de que el gobierno dejó pasar el momento de la cosecha gruesa (que en su mayor parte se liquida entre abril y junio) para acopiar divisas, el Fondo aceptó tornar menos exigentes las metas de acumulación para los próximos meses. La bajó en U$S 5000 millones para este año: el 2025 podrá terminar con una reducción de U$S 2600 millones, en vez del crecimiento de U$S 2400 millones prometido. La nueva hoja de ruta confluirá con la original recién a fines de 2027.

Fiel a su relato de que todo marcha de acuerdo al plan, el gobierno presentó la modificación como un hecho natural. “Cambia el cronograma de acumulación de reservas, estamos yendo a uno mucho más compatible con la evolución de la macro. Va a ser muy bien recibido por el mercado», dijo Caputo en un streaming partidario.

Asuntos internos

Como suele ocurrir en estos casos, las recomendaciones del FMI rozaron la injerencia en asuntos que, en teoría, cada país debería resolver a través de su propio sistema político. La manera de proceder no es nueva, en abril de este año, la directora del organismo, Kristalina Georgieva, tuvo que salir a relativizar sus declaraciones: “El país se dirige a elecciones en octubre y es importante que no descarrile la voluntad de cambio. Insto a Argentina a que mantenga el rumbo”, había dicho en una clara arenga a votar por el oficialismo.

En ese sentido, el staff report contiene una advertencia muy clara en momentos en que el Congreso se metió de lleno en la discusión por la recomposición de los haberes a los jubilados y otras iniciativas. “La disciplina continua del gasto sigue siendo esencial, e implicará que la administración se resista a nuevas iniciativas de gasto sin financiación, especialmente dado que ya se proyecta que el gasto primario general aumente un 7% en términos reales este año”, afirma el texto.

Como si fuese poco, el documento recuerda la necesidad de marchar hacia adelante con el programa de concesiones y privatizaciones avalado por la Ley Bases. Al respecto, rescata como positivo el anuncio de la venta de acciones de Aysa en poder del Estado. Y por si fuera poco, le asigna un destino inamovible al dinero que eventualmente se recaude: “De cara al futuro, la acumulación de reservas también se verá respaldada por la privatización y la venta de activos y concesiones”. Si alguien tenía otro plan para utilizar ese dinero, que se olvide.  «