Una pantalla gigante de espaldas al Congreso de la Nación proyectaba el 30 de diciembre de 2020 la histórica sesión del Senado en la que se trató la Ley 27.610 de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Frente a ella cientos de mujeres y diversidades esperaban el resultado de una normativa que cambió la vida de miles de mujeres y que posicionó a la Argentina como uno de los países más avanzados en materia de derechos. Pasadas las dos de la mañana la plaza del Congreso estalló en un solo grito, que se mezcló con lágrimas. En las plazas principales de cada provincia y cada ciudad se repetía la misma imagen. De fondo, la frase «el aborto es ley».
Julia Martino, integrante de la Campaña Nacional por el Derecho al Aborto Legal, Seguro y Gratuito, una de las pocas militantes que pudo ingresar esa noche al Senado, cuenta que al escuchar la aprobación salió corriendo hacia la plaza, «quería estar con todas mis compañeras», dice a Tiempo Argentino, cinco años después.
Para Martino, no se hubiera podido llegar al 2020 sin ese inolvidable año de militancia en 2018. «Fue crucial para la despenalización social que veníamos buscando desde la Campaña», recuerda. «Nuestras primeras acciones se dirigieron hacia la gente en general porque era un tema muy tabú. En 2018 ese tabú se cae, todo el mundo habla de aborto, se habla en todos lados. Todavía hay anécdotas que siguen saliendo de gente, sobre todo mujeres, que a partir de todo ese proceso de discusión en las Cámaras hablaron del aborto en su familia, que se enteraron que sus madres o abuelas habían abortado. Un debate profundo que llegó hasta esos lugares muy personales».
Las horas de debates en 2018 y 2020 posibilitaron que hoy haya por lo menos una generación que no asimila que el aborto no sea legal.
Desde que asumió el gobierno de Javier Milei, él y sus referentes amenazan con atacar una de las leyes más debatidas en la historia de la democracia argentina. El ataque no es hacia la ley, claro, es hacia la organización transfeminista.
«No creo que todo este proceso con la ley en 2018 y en 2020 sea en vano. Siempre hubo una parte de la población que cree que las mujeres somos inferiores a los hombres. Desde el gobierno esa idea está muy arraigada porque todo el tiempo están en contra de las mujeres, no nos creen y discuten hasta los femicidios. Hay que ir contra eso, mostrar los datos, las evidencias», expresa Martino.
El diciembre que se aprobó el derecho al aborto
Julia Martino fue una de las integrantes de la comisión de cabildeo de la Campaña por el Derecho al aborto. Recuerda lo trabajoso que fue aquel 2020 recuperar el debate público y apuntar al poder político.
«Fue dificilísimo. Estábamos en medio de la pandemia y desde la Campaña fuimos perfeccionando las estrategias. Para nosotros siempre fue clave dirigirnos a la sociedad y juntar ahí los consensos. Luego apuntar a la política con el proyecto propio con la movilización de siempre», recuerda. «El proyecto era una herramienta muy poderosa porque te obligaba a hablar con diputados, diputadas, senadores y senadoras pero en 2020 lo diferente era la promesa del presidente Alberto Fernández de mandar un proyecto desde el Ejecutivo». Pero ese año, la pandemia por el Covid-19 obligó a replantear la estrategia y trabajar más con las redes sociales que tomaron un lugar importantísimo. También tuvieron que apuntar ahora hacia el Poder Ejecutivo antes que al Legislativo.
«Nosotras habíamos perfeccionado nuestro proyecto, vuelto a presentar para que esté en la mesa de discusión. La pandemia ocupaba todo el debate y era normal, pero fue presionar sobre el gobierno sin tener la manifestación en las calles», reafirma. «Había que romperse la cabeza para buscar qué cosas hacer porque sin la pata de esa movilización es como que estábamos rengas. Pero sabíamos que estaban generadas las condiciones en la sociedad, ya estaba instalado el tema y hubo también una voluntad real desde el Ejecutivo».
Que la Campaña y las acciones hayan sido federales fue fundamental. «En el Congreso las cosas son muy tensas, los votos los contás de a uno, tenés que estar encima hasta el último segundo. Están votando y los están presionando a los legisladores para que voten en contra. Eso habíamos aprendido también, que no se podía aflojar en ningún momento.»
En mayo, con su ya clásica estrategias de datos falsos y argumentos mentirosos intentó vincular el descenso en la tasa de natalidad con el acceso al aborto legal. Para Julia, pensar nuevos puntos de debates es fundamental en estos tiempos. «Sabemos que la tasa de natalidad empezó a bajar hace más de diez años, 2014. Hay que estudiar mejor esa respuesta, esos argumentos no estaban en 2018. El derecho a decidir de las personas gestantes no cambió pero sí surgen arumentos que antes no teníamos y ahora tenemos que pensarlos», agrega.
Desde el NOA
Victoria Llarens integra Socorristas en Red en Catamarca. Allí la situación es compleja porque el gobierno provincial hoy se niega a aplicar la ley. Sin embargo, desde el socorrismo rescata los cambios fundamentales que hubo con respecto al cambio social que brindó la aprobación de la ley.
En Catamarca, cuenta Victoria, la demanda creció desde la aprobación de la ley, pero más allá de eso, rescata que transformó la mirada de gran parte de la sociedad. «Acá la palabra aborto no se podía pronunciar. Necesito hacer eso, Necesito poder sacarme esto de acá, decían. Después de la ley, y eso lo trabajamos mucho en los talleres del socorrismo, trabajamos mucho poder nombrar esa palabra, sacarla de ese lugar del miedo, del tabú, de la vergüenza», cuenta.
Con la llegada de este gobierno, que desplazó la responsabilidad del cumplimiento de la ley todo fue dificultoso en Catamarca. «En el sistema de salud siempre hemos tenido respuestas hasta ahora, que directamnete nos avisar que no se está cumpliendo con la ley.
La Iglesia Católica tiene en Catarmarca un lugar importante. Por eso, era fundamental mirar qué pasaba con aquellas personas gestantes que querían abortar pero se sentían condenadas. «Sistematizamos todos los acompañamientos desde que se creó la colectiva y una de las preguntas es si sos religiosa, si crees en Dios, si tenés alguna religión. Ahí vimos que las personas, que las mujeres gestantes son religiosas y abortan, y creen en la Virgen, y creen en Dios. Eso en algún momento era un conflicto con esta decisión. Hoy no lo es. Pueden tener sus creencias, pero esto no va a interferir en la decisión de abortar. Eso es un avance en cinco años que nuestra sociedad pueda este procesar eso es un montón. Habla del esfuerzo y el trabajo constante que venimos haciendo en el territorio».
Una demanda por ESI y la posiblidad de elegir
Una niña nota un retraso en su menstruación. Tiene 12 años, pero se ilusiona. Hace un tiempo está “noviando” y ser mamá es parte de sus ilusiones. No siente vergüenza y lo cuenta a su familia ya que convive con su novio. También a la agente sanitaria que la atiende en una visita a la comunidad originaria en la que vive, a unos kilómetros del centro de Tartagal, en la provincia de Salta. A partir de ese momento es acompañada por médicas, psicólogas y profesionales del Hospital Juan Domingo Perón, quienes le expresaron la posibilidad de acceder a una interrupción legal del embarazo, como indican los protocolos sanitarios para personas gestantes de su edad.
Ella fue determinante: el embarazo era algo que quería. “Esta es una realidad situada que vivimos no solo en las comunidades originarias, sino también entre la población criolla” cuenta en diálogo con Tiempo una profesional del equipo de salud que intervino en la atención de la niña. El caso fue noticia hace pocas semanas porque la niña se encadenó en la puerta de la Ciudad Judicial local exigiendo que la dejen avanzar con su embarazo.
Ser mamá a los 12, 13 o 14 es lo que los organismos de protección de derechos llaman embarazo temprano no intencional o embarazo precoz y que múltiples legislaciones nacionales e internacionales buscan erradicar pero que aún hoy, a cinco años de la legalización del derecho a decidir, son una realidad para niñas y adolescentes. “Quedar embarazada” se inscribe en una trama aún más compleja que incluye pensar a las infancias como sujetos deseantes y con una vida sexual activa. ¿Qué pasa cuando entrar a la vida adulta a través de la maternidad es la única opción? ¿Es la maternidad un proyecto de vida viable para una niña o una adolescente?
Según la última publicación anual de la Dirección de Estadísticas e Información en Salud (DEIS), que recoge información del año 2023, en Salta 75 menores de 15 años fueron madres en ese año, mientras que en la franja etaria de 15 a 19 años los casos registrados ascienden a 1.847. De los nacimientos ocurridos ese año en esa provincia, el 11% fueron protagonizados por menores de 10 a 19 años, un número que integra el total de Argentina, con 40.560 nacimientos de adolescentes de ese rango de edad. Ser mamá mientras se estudia o se cuida hermanitos es parte de la cotidianidad de muchos territorios y Salta no es una excepción.
Otro punto de la Ley de Interrupción del Embarazo es la articulación con la Educación Sexual Integral en todo el territorio argentino. La ESI llegó a tener incluso más resistencia que la Ley IVE.
El desfinanciado Plan ENIA
El Informe Plan ENIA 2017-2023. Oportunidades de vida para adolescentes en la Argentina, elaborado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) publicado este año asegura que la reducción del 50 % de la tasa específica de embarazo adolescente de la Argentina entre 2018 y 2023 se explica no solo por el aseguramiento de métodos anticonceptivos y el fortalecimiento de las consejerías en salud sexual y reproductiva en los servicios de salud del primer nivel de atención, sino también por la creación de una amplia red territorial que enlazo políticas públicas vinculadas a la educación, el trabajo y el derecho a la educación sexual integral.
El Plan de Prevención del Embarazo no Intencional en la Adolescencia (Plan ENIA) marcó un hito en el campo de las políticas públicas vinculadas a la salud y los derechos sexuales y reproductivos en la Argentina y en América Latina. Hoy está prácticamente desarticulado: aunque aún forma parte del organigrama del Estado Nacional, no tiene presupuesto real ni equipos técnicos en territorio. El derecho a decidir camina de la mano del derecho a estudiar y disfrutar la infancia, teniendo vivienda y alimento asegurado. También cuidados.
El caso de la niña de Tartagal parte de una serie de confusiones que, sobre todo, expusieron a la niña. Según cuenta Marcela Calermo, referenta de la comunidad, la niña temía que la obligaran a abortar.
La médica que pide reservar su identidad, cuenta a Tiempo que para ella, “la madurez que tenemos desde los equipos de salud desde la vigencia de la legalizacion del aborto no va acompañada del mismo grado de madurez del sistema de justicia”. La profesional prefiere mantener su anonimato porque es muy difícil afrontar estas situaciones sin quedar expuesto a críticas o acusaciones. Cuando el caso de la niña se hizo público, algunas voces señalaron al equipo de salud como culpables de no haber ofrecido el acceso a una ILE a la niña y también de no haber denunciado el abuso. Fue necesario que la Directora de Maternidad e Infancia de Salta, Patricia Leal, contara públicamente el modo en que se abordó el caso, que segun la medica entrevistada por Tiempo, fue informado y elevado en tiempo y forma a la Secretaría de Niñez
“Además de la ley de interrupción voluntaria del embarazo está el Código Civil y para nosotros está sumamente presente, día a día, la autonomía y el derecho de que también las niñas puedan tomar determinaciones y elecciones sobre sus procesos de salud y sobre su propio cuerpo. Una cosa es que debería interrumpir el embarazo a criterio nuestro y otra es que sea una obligación” reflexiona la trabajadora.
Pasaron cinco años la ley que cambió la historia de las mujeres y personas gestantes. El debate sobre la autonomía de los cuerpos y el derecho a decidir está en las calles. Y por ahora no hay manera que se acepten retrocesos.
Catamarca y el proyecto de Jalil: embarazarse por un plan
“Ya no hacemos ‘eso’”, le dijeron desde un hospital público de Catamarca a una chica que buscaba información sobre la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo. Hace unas semanas la provincia decidió incumplir con la Ley 27.610 aprobada en 2020 y dejaron de realizar la práctica. La provincia tampoco cumple con la interrupción legal del embarazo, es decir, con causales de salud o para casos de embarazos no consentidos. Hay en este momento una mujer con problemas de salud y una adolescente que están solicitando la práctica y se la niegan.
Pero esta disposición que conocieron y denunciaron Socorristas en Red en Catamarca fue tiempo después de que el gobernador de esa provincia, Raúl Jalil, anunciara que impulsará un proyecto de ley para subsidiar a jóvenes que tuvieran hijos. La excusa es un recorte en un descenso en el índice de natalidad (una tendencia mundial de hace más de una década). Según consigna la agencia NA, el gobernador explicó que se trata de incentivos económicos, y quizá también beneficios sociales, destinados a jóvenes para fomentar la tenencia de hijos. El gobernador mencionó que se propondría que “durante 4 años haya un monto especial, asignado anualmente, para que tengan hijos”.
Junto con la Ley 27610 de Interrupción Legal del Embarazo se aprobó la Ley 27611 conocida como el Plan de los 1000 días que apunta a fortalecer la atención y cuidado integral de la salud durante el embarazo y la primera infancia (0 a 3 años)
Entre las preocupaciones que dijo tener Jalil fue que de acuerdo al descenso de la natalidad, en dos mandatos de gobierno, aproximadamente ocho años, la provincia “iba a tener la mitad de alumnos en las escuelas primarias”. Aliado de Javier Milei, el viernes 26 de diciembre aprobó el Presupuesto 2026 en el Senado, que justamente desfinancia la educación y podría provocar una gran deserción en las escuelas públicas.
