El gobierno nacional achica cada vez más el gasto público al mismo tiempo que destina cada vez más fondos para el pago de los intereses de la deuda pública. Así, en el primer bimestre de este año, mientras el gasto primario cayó un 6,1% comparado con el mismo período de 2025, el pago de intereses de la deuda pública se incrementó en un 94,8 por ciento.
Los datos los dio a conocer la Asociación Argentina de Presupuesto y Administración Financiera Pública (ASAP).
No se trata de una política buscada por el presidente Javier Milei y su ministro de Economía, Luis Caputo. Al contrario, expone las debilidades estructurales de su plan económico, que buscó reintegrar a la Argentina al circuito de deuda global al tiempo que su capacidad de endeudamiento está más que saturada.
Según la descripción de ASAP, el gasto asociado al pago de Intereses presentó una ejecución acumulada en el bimestre de $ 3,90 billones, con una suba del 94,8% interanual real. ASAP indicó que ese fue el resultado de los pagos de intereses por vencimiento de títulos públicos en moneda extranjera.
En cambio, en el resto de los ítems que componen el gasto se produjeron retrocesos. Así, las transferencias corrientes registraron una retracción acumulada del -7,4% en el primer bimestre de 2026 en comparación con el mismo período de 2025. Ello se explicó por la caída de los fondos destinados al sector privado, con una reducción interanual del 8%, seguido por una retracción de las transferencias a las provincias (-39,7%) y universidades (-8,4%).
En el esquema oficial, hubo durante el bimestre mayores giros a empresas públicas, fondos fiduciarios y otros entes del Sector Público Nacional (SPN), que se incrementaron un 6,9% interanual durante los dos primeros meses del año.
Las prestaciones de la seguridad social registraron una contracción acumulada del 3,9% interanual, potenciadas por la ausencia del registro del pago de pensiones no contributivas por invalidez, por segundo mes consecutivo. “Si se excluyera de la comparación este concepto, las Prestaciones de la Seguridad Social mostrarían una suba del 3,3% ia”, señaló ASAP.
En tanto, las erogaciones destinadas a cubrir bienes y servicios se contrajeron 22,5% interanual, mientras que las destinadas al pago de remuneraciones, acumularon una baja de 8,4% durante los dos primeros meses del año.
Por su parte, como consecuencia de la retracción evidenciada en enero, cuando la ejecución resultó casi nula, el gasto de capital mostró una contracción acumulada del 35,6% interanual, como consecuencia del comportamiento de la inversión real directa (-3,6% ia) y las transferencias a provincias (-19,9% ia).
En cuanto a la composición del gasto primario, durante el primer bimestre de 2026 no hubo modificaciones sustantivas respecto de igual período de 2025. “En este sentido, se sigue acentuando el carácter previsional del presupuesto nacional, lo que muestra un Estado que progresivamente va reduciendo tanto en términos relativos, como también en términos absolutos, los recursos destinados a la producción de bienes y servicios públicos”, dijo el informe.
Ajuste constante
El Ministerio de Economía debió aplicar un ajuste más fuerte al esperado por el derrumbe de los ingresos fiscales. Según los cálculos del Centro de Economía Política Argentina (CEPA), en el primer bimestre de 2026 los ingresos totales se redujeron 4,8% real respecto al mismo período de 2025 y un 6,1% respecto del primer bimestre de 2023.
La caída de la recaudación tiene una impronta concreta. Las reducciones benefician a empresas y a los ricos de Argentina.
CEPA calculó que durante enero, el Sector Público Nacional registró ingresos totales por $ 11,79 billones, lo que representó una caída interanual de 8,9% en términos reales, y que respecto de enero de 2023, la reducción fue del 10,1%.
Este desempeño se repitió en febrero, cuando “prácticamente la totalidad de tributos registró reducciones, tanto con respecto a 2025 como 2023”, señaló su informe de marzo.
En el segundo mes de este año, la caída interanual más significativa en la recaudación de impuestos se dio en Bienes Personales, con un descenso del 14,0% interanual. Ello se explicó, señaló CEPA, “por la diferencia en la base de comparación vinculada a la recaudación por el Régimen Especial de Ingreso del Impuesto sobre los Bienes Personales (REIBP)”.
Si la comparación se hace contra el mismo mes de 2023 la caída se acentúa aún más, hasta un enorme 84,4%.
En tanto, en febrero, el impuesto a la ganancias cayó interanualmente un 3,9%, manteniéndose 17,8% por debajo de febrero 2023.
Por su parte, el ingreso por Derechos de Exportación (retenciones) cayó 40,1% contra febrero de 2025 como correlato de la emisión de Declaraciones Juradas de Ventas al Exterior (DJVE). Pero en ese sentido, resulta importante tener en consideración que, en septiembre 2025, la implementación del Decreto 682/2025 implicó la reducción de retenciones al 0% para los derechos de exportación de soja, trigo y maíz, cebada, sorgo, girasol, productos cárnicos, entre otros. Esta decisión se tradujo en el adelanto de exportaciones por parte de los productores y las cerealeras (las grandes exportadoras de granos) para poder beneficiarse de estas reducciones tributarias, consignó CEPA.
Por otro lado, los Derechos de Importación se incrementaron 11,0% con respecto a 2023, pero cayeron 30,8% versus febrero de 2025 debido a la elevada base de comparación. “Resulta importante tener en consideración que, al observar las importaciones según uso económico, el año pasado los bienes de consumo registraron incrementos sumamente elevados, aumentando 58,3% en relación con 2024. En el mismo, sentido las importaciones de vehículos automotores de pasajeros registraron un incremento de 109,3% en el acumulado del 2025”, señaló el informe.
El gobierno nacional sigue impulsando la detracción tributaria a ricos y empresas. Así se reflejó en la reforma laboral. Según cálculos de la consultora PwC, implica un costo fiscal de base equivalente al 0,15% del PBI por la eliminación de impuestos internos y de la menor recaudación asociada al Fondo de Asistencia Laboral (FAL) creado para financiar despidos. Ese impacto podría ampliarse hasta el 0,18% si se aplican las alícuotas máximas previstas, agregó la consultora.
