En un movimiento que anticipa una pulseada legislativa clave, el Poder Ejecutivo oficializó el llamado a sesiones extraordinarias durante febrero. La agenda, fijada por decreto 24/26 que dejó firmado el presidente Javier Milei antes de partir hacia la cumbre de Davos, concentra su foco en una transformación profunda de las reglas del mercado laboral.

Este proyecto, que llega al Senado a mediados de mes, es criticado por desmontar sistemáticamente las herramientas legales que resguardan a los empleados frente a los abusos del sector empresarial.

Los planes de Milei

Milei convocó a extraordinarias y lanza su ofensiva final contra los derechos de los trabajadores

La iniciativa no es la única en la mira oficial. El paquete incluye la modificación de la ley de protección de glaciares y la ratificación del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea, este último con un trámite que se busca acelerar. La estrategia apunta a capitalizar la dinámica política tras la reciente aprobación de leyes económicas emblemáticas para el Gobierno.

Con esta ofensiva, la administración de Milei profundiza su cruzada por la desregulación, interpretando los recientes triunfos parlamentarios como un aval para avanzar sobre normativas fundamentales. El objetivo declarado es la flexibilización económica, pero el costo social de esta decisión recae directamente sobre los trabajadores, cuyos derechos quedan expuestos a un irreversible retroceso.

Santilli, cazador de votos

Con una agenda centrada en capitales del interior, el ministro del Interior Diego Santilli mantiene encuentros clave con gobernadores. El propósito es tejer acuerdos que allanen el camino en el Congreso para una transformación legal que, en los hechos, dejará a los trabajadores en una situación de mayor vulnerabilidad.

Diego Santilli, Manuel Adorni, Karina y Javier Milei

La estrategia del oficialismo busca capitalizar declaraciones previas de apoyo, como las del mandatario salteño, para impulsar cambios drásticos. Esta ofensiva legislativa responde directamente al mandato de Javier Milei de desmontar las garantías laborales existentes, un movimiento que ha generado preocupación por su impacto en la estabilidad del empleo.