Fue durante la mañana del 2 de diciembre pasado en el Salón Blanco de la Casa Rosada cuando la magíster (así fue presentada) Alejandra Monteoliva asumió la titularidad del Ministerio de Seguridad, en reemplazo de Patricia Bullrich, de quien había sido su segunda.  En esa rubia cincuentona se deslizaba un dejo de emoción. El destino le ofrecía un desafío a la medida de su autoestima, después de cultivar un bajísimo perfil. Hasta la tarde del 11 de septiembre de 2024.

Ese miércoles protagonizó un espantoso papelón al recorrer, en nombre de su jefa, los programas de TV conducidos por periodistas del oficialismo sin otro propósito que difundir un video manipulado sobre la niña Fabrizia, de diez años, gaseada horas antes por la policía durante los desbordes represivos de ese día en la plaza del Congreso. Y juraba, sin que se le moviera un sólo músculo facial, que dicha salvajada había sido cometida por los propios manifestantes.

Semejante fake fue tan burda que hasta indignó a sujetos como Eduardo Feinmann y Jonatan Viale, quienes la desenmascararon en vivo. A partir de ese momento, volvió a esfumarse de la escena mediática.

Desde luego que su posterior entronización ministerial demuestra que, en la Argentina libertaria, todo canalla merece una segunda oportunidad.

Pero la suya por cierto enfrenta un grave inconveniente: el estado de beligerancia que palpita en la Policía Federal (PFA) por los sueldos de miseria del personal subalterno y de la oficialidad con bajo rango, junto al desplome de su obra social y la precarización operativa, entre otras disfunciones. Una bomba de tiempo que amenaza con expandirse como un por reguero de pólvora hacia la Gendarmería (GNA), la Prefectura (PNA), la Policía Aeroportuaria (PSA) y el Servicio Penitenciario (SPN), todas también a su cargo.

La primera postal del asunto lo exhibe al cabo de la PFA, Miguel Montiel, al encadenarse a la reja de la Casa Rosada por un reclamo salarial.

En paralelo se conocía la convocatoria a un acuartelamiento de la PFA para el 15 de marzo por ese y otros motivos, entre los que resaltan las denuncias contra jefes y oficiales superiores (por falsificar actas de “servicios adicionales” para rapiñar el pago a policías que figuran ahí sin ser enviados a cumplirlos).

Esta denuncia es notable. No sólo por el “curro” en sí sino porque revela un quiebre del pacto de silencio entre los policías de esa fuerza ante los hechos de corrupción que alimentan sus cajas clandestinas.

Claro que la PFA no es la única mazorca atribulada por el descontento y la rebelión. De hecho ya ha corrido un río de tinta sobre el «rechifle» en Rosario de la Policía de Santa Fe y que se propagó a varias ciudades del norte provincial. Sus motivos hasta incluían denuncias por “malos tratos” a los uniformados por parte de sus jefes. Y un dato escalofriante: 19 suicidios de suboficiales, tanto de esta fuerza, como de la GNA y del Servicio Penitenciario local.

Volviendo a la PFA, días pasados uno de sus efectivos le dijo a Tiempo: “Nosotros ganamos la mitad de sueldo que los policías de la Ciudad”. Después reveló que estos haberes oscilan entre 700.000 y 800.000 pesos. Y remataría tal dato con una pregunta retórica: “¿Te parece que nos alcanza para vivir?”.

Eso es lo que también cobran los mastines antropomorfos pertenecientes a la Guardia de Infantería por apalear impiadosamente cada miércoles a quienes padecen esta misma desesperación. ¡Una ganga!

En fin, el del policía es un apostolado muy extraño.

Lo cierto es que, en la Argentina, es singular el vínculo entre las agencias policiales y sus mandantes civiles.

Por lo pronto, desde el final de la última dictadura, el Estado de derecho no ha democratizado a las fuerzas de seguridad. Esa sigue siendo su gran deuda.

Todas ellas, tanto las federales como las provinciales, en mayor o menor medida, hicieron de la recaudación ilegal su sistema de supervivencia. Las cajas delictivas son su razón de ser. A través de éstas, se autofinancian y, por lo tanto, se autogobiernan. Esa es una ley no escrita. Y todos lo saben.

De modo que la corporación policial se compromete con los dignatarios del Poder Ejecutivo de turno a exhibir su presencia en las calles para así crear una ilusoria sensación de orden –no sin cometer, como ahora, ciertas salvajadas represivas en caso de ser necesarias–, a cambio de vista gorda con sus negocios; desde el tráfico de drogas y los desarmaderos hasta los (ya históricos) asaltos a bancos y los secuestros extorsivos, pasando por una variada gama de quehaceres contemplados por el Código Penal.

Al respecto, cabe mencionar un punto de inflexión en lo que se refiera a La Bonaerense (una vanguardia en la materia). Y tuvo lugar durante la segunda  intervención de León Arsalián en esa fuerza, entre 2004 y 2007.

En aquella ocasión puso en marcha una original idea. Él se dio cuenta de  que La Bonaerense funcionaba –a los fines de la recaudación ilegal– como una aceitada empresa en la que sus ganancias iban de abajo hacia arriba, desde las comisarías y brigadas hacia la cúpula a través de una estructura piramidal.

Entonces, más que hacer una reforma con reglas disciplinarias, decidió cortar la ruta del dinero, descuartizando su estructura en ocho departamentales inconexas entre sí, además de eliminar su jefatura.

Pero lo que quizás no calculó es que La Bonaerense es como el agua: toma la forma del envase que la contiene. Y lo que, hasta aquel momento era una Sociedad Anónima (nunca mejor usado este término) que marchaba sobre rieles, devino en una cantidad imprecisa de hordas policiales autónomas que se disputaban entre sí el gerenciamiento del delito.

Aún sigue siendo esa la dinámica de los “Patas Negras”.  

En lo que a Santa Fe se refiere, tanto por la crisis económica como por el desgaste de sus autoridades políticas, los grupos narcos dejaron de tener un lazo de subordinación con la policía, con el consiguiente, digamos, “déficit fiscal”.

A su vez, la PFA no atraviesa su mejor momento, debido al arrebato de su territorio al ser creada la Policía de la Ciudad. Eso la dejó sin una gran parte de su tropa y de sus cajas (quedándoles las ya mencionadas trampitas con los “servicios adicionales” y otras menudencias con una recaudación imposible de repartir entre muchos). Un freno a su equilibrio institucional y a la estabilidad económica del personal en todos sus niveles. Pero aún con capacidad de daño.

Esa es la fuerza que ahora le muestra los dientes a la ministra Monteoliva.