El ministro de Trabajo, Walter Correa, y su par de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, hablaron del tema. Y los diputados y senadores del FdT en la Legislatura bonaerense sostuvieron en un comunicado que "con la mafia judicial no hay democracia posible".
El ministro de Trabajo bonaerense, Walter Correa, aseguró que existe una «monarquía judicial» que busca «esmerilar y precarizar» la democracia. «Lo que vemos con esta monarquía judicial articulada con otro poder fáctico, que son los medios masivos y monopólicos, es que se busca esmerilar y precarizar una democracia que nos costó tanto conseguir», sostuvo Correa en declaraciones a la prensa consultado por los chats.
El titular de la cartera laboral apuntó que «tras una dictadura militar de siete años con 30 mil compañeros desparecidos, le costó muchísimo al pueblo recuperar la democracia», y por eso consideró que es necesario que haya una respuesta «contundente» de repudio al escándalo. «Aquellos que creemos profundamente en la democracia tenemos que dar una respuesta democrática, colectiva, abierta y contundente», indicó.
El ministro de Desarrollo de la Comunidad, Andrés Larroque, también repudió los chats a través de su cuenta de Twitter, donde publicó una foto de Héctor Magnetto con la frase «Alta mafia».
En tanto, diputados y senadores bonaerenses del Frente de Todos también criticaron en duros términos el escandaloso chat entre jueces federales, funcionarios porteños, directivos del Grupo Clarín y exmiembros de la Agencia Federal de Inteligencia (AFI) y exigieron una «urgente» investigación judicial. «Con la mafia judicial no hay democracia posible», dispararon.
En un comunicado conjunto, los legisladores del oficialismo sentaron postura sobre los chats y audios de Telegram entre los jueces Julián Ercolini, Pablo Cayssials y Pablo Yadarola; el ministro de Seguridad de CABA, Marcelo D’Alessandro; el exjefe de Legales de la SIDE, Tomás Reinke; el exmiembro de la secretaría de Inteligencia, Leonardo Bergot, y el presidente del Grupo Clarín, Jorge Rendo, que participaron de un viaje en octubre a Lago Escondidodifundir una versión falsa para justificar su participación en el vuelo a Bariloche y la estadía en la estancia del magnate inglés Joe Lewis.
«Es preocupante para nuestra democracia ver a jueces federales y funcionarios públicos involucrados en el recibimiento de dádivas y viajes de lujo a cambio de la ilegal obediencia para el armado de causas judiciales, encubrimiento de delitos, entre un sinfín de prácticas mafiosas ejecutadas por integrantes del poder judicial», sostuvieron los diputados y senadores en el comunicado.
También consideraron que «es un grave atentado contra la democracia, las instituciones y la división republicana de poderes» y apuntaron que «son los mismos jueces y fiscales que participan activamente en la persecución contra Cristina Fernández de Kirchner quienes aparecen cometiendo estos graves delitos. Los mismos jueces y fiscales vinculados a la jueza que no investiga el origen político del atentado en contra de la vicepresidenta».
En el final, los legisladores de los dos bloques de la Legislatura exigieron «la investigación de estos hechos mafiosos», al tiempo que reclamaron «la regularización del Consejo de la Magistratura, paralizado por el accionar de la Corte Suprema».
«No podemos permitir que estas mafias de poder económico, mediático y judicial estén por encima de nuestro pueblo, nuestra democracia y sus instituciones», cerraron.
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