El viernes el Senado sancionó la Ley de Presupuesto 2026, al aprobar el texto tal como había llegado de Diputados, es decir, sin insistir en la derogación de las leyes de Financiamiento Universitario y de Emergencia en Discapacidad, entre otras propuestas del Capítulo XI eliminadas en la Cámara baja.

En el debate estuvo presente el contenido del artículo 30, que elimina: el piso del 6% del PIB para el financiamiento educativo, la senda de crecimiento progresivo hasta alcanzar el 1% del PIB en el financiamiento del Sistema Nacional de Ciencia, Tecnología e Innovación, así como el mínimo de asignaciones para Educación Técnico Profesional y para el Fondo Nacional de la Defensa.

Unos de los argumentos oficiales es que esos mínimos no se suelen cumplir y que la eliminación de los pisos daría mayor flexibilidad en la asignación de recursos y evitaría compromisos que luego el propio Estado no puede honrar. Una justificación que sólo puede asociarse con las políticas de recorte de gasto público y de derechos. Pero, en realidad, estas leyes son pilares del entramado social argentino, que se han ido logrando durante muchos años.

El sistema de votación por capítulos, que en Diputados resultó una mala decisión para el oficialismo, en Senadores determinó la votación afirmativa del Art. 30, dado que éste se ubica en el capítulo II, que trata de los “Gastos”, y eliminarlo hubiera significado derribar el Presupuesto en su totalidad.

El presidente Javier Milei había anunciado días antes que avanzaría con el proyecto en general, sin el Capítulo XI. Pero en verdad, el apuro por aprobar el Presupuesto está vinculado a la posibilidad de endeudarse en dólares sin pasar por el Congreso, en especial ante los importantes vencimientos de deuda en divisas de enero próximo (U$S 4.200 millones).

En una entrevista televisiva Milei señaló: “nosotros tenemos presupuesto y lo que sí vamos a hacer es acomodar las partidas para cumplir con el déficit cero. Acá la política importante es el déficit cero”. En paralelo, el gobierno busca avanzar con la reducción de impuestos, pero no figura en el Presupuesto la reciente baja de dos puntos de las retenciones al agro, que modifica desde el vamos el cálculo de los recursos disponibles.

Tras el traspié con el Capítulo XI en Diputados el gobierno postergó para febrero el tratamiento de la reforma laboral: allí también hay impacto presupuestario no contemplado. Entre otros puntos se incluye la reducción de la alícuota de la contribución patronal destinada al financiamiento de las obras sociales sindicales (del 6% al 5%), los tres puntos porcentuales que deja de recibir la ANSES por la creación del Fondo de Cese, y la baja del Impuesto a las Ganancias de las empresas de mayor tamaño. Según diversas estimaciones, en conjunto insumirían alrededor de 0,8 puntos del PIB, una transferencia al sector privado de cerca de la mitad del superávit fiscal primario presupuestado por el gobierno para 2026 (1,5% del PBI). Estos cambios afectan además a las provincias ya que se ven involucrados recursos que son coparticipables.

Estas actitudes muestran que la intención del gobierno es avanzar con la transferencia de ingresos hacia los sectores más concentrados, y que si una mayoría parlamentaria insiste con destinar recursos a quienes más los necesitan, recortarán el gasto en otro lado. Es la versión 2026 de la motosierra, sin usarla explícitamente, de una manera más solapada.

La aprobación del Presupuesto es uno de los objetivos de corto plazo para mostrar hacia fuera cierto “consenso político institucional”, para conseguir un “perdón” del FMI y oxígeno -fondos- para afrontar los próximos vencimientos de la deuda soberana en dólares.

No obstante, es preciso poner la mirada en un plazo más largo. Para tomar dimensión del calendario para todo el año, los vencimientos en moneda extranjera ascienden a U$S 19.526 millones. Un panorama sumamente exigente, que se da además en un contexto de dificultades para conseguir dólares en el mercado cambiario, atento a la reducción del superávit comercial y el aumento de los pagos por servicios.

Ante la dificultad de conseguir financiamiento en el mercado externo el ministro Caputo dijo que quiere ir eliminando la dependencia (sic) de Wall Street. El gobierno apunta a conseguir préstamos de bancos internacionales. También tiene previsto obtener divisas por privatizaciones, como es el caso de las cuatro centrales hidroeléctricas, con las que se asegurarían ingresos por U$S 707 millones. Este esquema de endeudamiento y privatizaciones ya lo vivimos en los noventa, y está lejos de toda sostenibilidad.

Cerrando el año

Este último lunes el INDEC publicó las cifras del Estimador Mensual de Actividad Económica (EMAE) correspondiente al mes de octubre. Allí se observa un retroceso mensual del 0,4 por ciento.

El estudio desagregado de los distintos sectores en el acumulado enero-octubre presenta cierta heterogeneidad al compararlo con el mismo lapso de 2023. Si bien resalta la buena evolución de “Explotación de minas y canteras” (+16%) y de “Agricultura, Ganadería, Caza y Silvicultura” (+43%, fruto de cotejar con un año de sequía), estos sectores no generan prácticamente “derrames” en términos de empleo. Continuando con la comparación, encontramos los sectores que han perdido significativamente: “Industria Manufacturera” (-9%), “Construcción” (-14%) y “Comercio mayorista y minorista” (-4%). A diferencia de los primeros, estos últimos sectores explican en conjunto casi la mitad (44,8%) del empleo registrado privado (y su debilidad).

Por el lado de la demanda, pese a que en octubre el total de ventas reales en supermercados y autoservicios mayoristas mejoró en términos mensuales 1,8%, se trata del segundo peor octubre desde que se elabora la serie (2017). De esta manera, entre enero y octubre de este año las ventas mejoraron apenas un 1% frente a 2024 y se ubican un 12% por debajo del mismo lapso de 2023.

Datos más recientes, como el Indicador de Consumo (IC) de la Cámara Argentina de Comercio y Servicios (CAC), indican que en noviembre de 2025 se registró una caída interanual de 2,8% y un retroceso desestacionalizado de 1,3% frente octubre.

La dinámica del consumo va de la mano de lo que ocurre con los ingresos. Por ejemplo, según el índice de salarios del INDEC, en octubre se verificó un deterioro del salario registrado del 8,6% respecto de noviembre de 2023 (-18,8% en los públicos y -2,7% en los privados). Adicionalmente, en octubre la irregularidad de los préstamos personales llego al 9,9% de la cartera total, muy por encima del 3,3% de un año atrás. La mora en tarjetas llegó a 7% (1,6% en octubre de 2024). Los mayores niveles de impagos de las personas humanas sirven también para comprender mejor la pérdida del poder adquisitivo de la mayoría de la población.

En este contexto, la producción, en particular la de las MiPyMEs, y el empleo, están siendo fuertemente golpeados por un modelo económico que no tiene por objetivo promover el desarrollo económico y social, sino beneficiar a unos pocos sectores concentrados, locales y del exterior.

Si el 2025 cierra con un derrotero duro pero previsible, el 2026 debe ser punto de partida para que los ajustados y las ajustadas le vayan poniendo límite a la motosierra y a las reformas que el gobierno intentará profundizar, y den pie a la construcción de una alternativa favorable a los intereses del campo popular.