En sus últimos informes y contactos con los medios, el FMI ha insistido en señalar supuestos logros de la política económica del gobierno libertario, con la intención de abonar el terreno para la profundización del ajuste y las reformas estructurales.

Julie Kozack, vocera del organismo, entre otras consideraciones, hizo referencia a un progreso que “ha llevado a una reducción muy significativa de la pobreza en Argentina”. Para arribar a esa conclusión, se valió de los datos del primer semestre de 2024, es decir, de un momento en el que se verificó un gran salto del indicador, producto de la devaluación inicial del 118% apenas asumió Milei.

También afirmó que “se han implementado reformas importantes en la política fiscal, el comercio y el mercado laboral, algunas con el apoyo del Congreso”. Las autoridades argentinas, prosiguió la vocera, “están totalmente comprometidas con su ancla fiscal. Tienen previsto fortalecer aún más los marcos fiscales, impositivo y de pensiones a lo largo del tiempo”.

El mentado compromiso fiscal significa profundizar los recortes y la suba de impuestos a aquellos sectores que precisamente en todo este tiempo se han visto afectados por las políticas. El FMI está pidiendo bajar el mínimo no imponible para que al menos el 20% de los/as trabajadores/as paguen Impuesto a las Ganancias. También solicita la “reforma” del monotributo, para que muchos contribuyentes pasen al régimen general, lo cual redundaría en mayores y significativas cargas para las microempresas.

En materia previsional, la lógica que prevalece se expresa en el pedido del FMI de “alinear los parámetros de jubilación con las tendencias demográficas”. “Vincular gradualmente la edad legal de jubilación al aumento de la esperanza de vida, y armonizar la edad de retiro entre hombres y mujeres, podría ayudar a mantener un equilibrio estable entre la vida laboral y la jubilación”, enfatiza el organismo. En definitiva, el Fondo nos dice que en lugar de que la sociedad capitalice a su favor los avances conseguidos (en campos como la medicina), lo que se debe hacer es trabajar hasta edades más tardías. El equilibrio planteado por el FMI está pensado desde la óptica de las cuentas públicas, no desde el cumplimiento y la expansión de derechos.

En cuanto al empleo, según el FMI, la reforma que aprobó el Parlamento “representa un paso clave hacia una mayor flexibilidad laboral y el fomento del empleo formal, especialmente en un contexto de desregulación económica y apertura comercial”. Sin embargo, esta legislación va en la dirección contraria de lo que están haciendo otros países de la región, que apuntan a mejorar las condiciones de los/as trabajadores/as.

En Brasil, la Cámara de Diputados le dio media sanción por amplia mayoría al proyecto del gobierno de Lula da Silva que reduce la jornada de trabajo de 44 a 40 horas semanales y a su vez elimina el régimen de seis días de trabajo por uno de descanso (pasando a ser de cinco días laborales por dos de descanso, con preferencia uno de ellos el domingo). La reforma se aplicará progresivamente y no conllevará recorte alguno en los salarios de los/as trabajadores/as. En México, desde el 1º de mayo está vigente la reforma laboral que reduce de manera gradual la jornada de las 48 horas semanales hasta las 40 horas, sin disminución salarial.

En cambio, en Argentina se mantiene el tope semanal de 48 horas y a partir de la reforma laboral reciente se permite extender el límite de 8 a 12 horas diarias, que sería compensable con un banco de horas.

Los desafíos

A nivel global hay un dato que impacta: según la organización OXFAM, con tan sólo el 65% de la riqueza que los 3000 milmillonarios globales ganaron en el último año se podría acabar con la pobreza mundial. Quiere decir que recursos hay, el problema está en su distribución. Allí radica la cuestión de fondo.

En 2011, en un evento organizado por la Alianza Cooperativa Internacional y realizado en Naciones Unidas señalé: “vivimos en un mundo absurdo: el mundo más rico de la historia universal convertido en la mayor fábrica de pobres de la historia. El mundo que ha aumentado las desigualdades”. Lo afirmé hace 15 años. En todo este tiempo la situación ha empeorado y el futuro no es de lo más prometedor.

En la última Encíclica papal, León XIV sostiene que “las innovaciones tecnológicas —incluida la inteligencia artificial (IA)— no son neutrales; pueden aumentar la participación y la justicia, o ampliar las desigualdades, el control y la exclusión”. Por esa razón precisan de “un nuevo marco espiritual, ético y político. Más poderoso no significa necesariamente mejor”. Explícita o implícitamente la afirmación abarca múltiples planos relevantes, entre ellos el del imprescindible rol del Estado como contrapeso al poder de los mercados.

Al igual que en el ejemplo comentado de la reforma laboral, Argentina aquí también va a contramano de las políticas que serían deseables. En una nota en el diario británico Financial Times, el presidente Javier Milei planteó “el compromiso de mantener la IA sin regular para que pueda desarrollarse libremente, sin la mano mortal de una regulación prematura y mal comprendida”. No hay que perder de vista que estas tecnologías son intensivas en la explotación de recursos naturales y requieren de un clima que nuestro país dispone. Es un activo estratégico que el gobierno está poniendo a disposición de los capitales privados, sobre todo el norteamericano.

Este tipo de frases, a las que Milei nos tiene acostumbrados, hablan por sí solas y casi nos evitan tener que hacer cualquier denuncia.

Batalla cultural y alternativas

Los sectores ideológicamente afines al oficialismo desde hace un tiempo están intentando construir una alternativa en caso de que se profundice el deterioro de la imagen de Milei y ello ponga en riesgo el rumbo iniciado a finales de 2023. Sería una opción para consolidar el actual modelo, corrigiendo a lo sumo los excesos del estilo presidencial y demás factores de riesgo.

A su vez, hay declaraciones que tratan de desmarcarse y establecer matices, pero sin asumir una posición clara de rechazo a las políticas del oficialismo. En este sentido, ciertas voces aparecen diciendo que “el superávit fiscal no se discute”, aunque luego no cuestionan la baja de impuestos a los sectores concentrados y de elevada riqueza, la cual desfinancia las arcas del Estado. Desde esa perspectiva, el equilibrio presupuestario debe lograrse necesariamente sobre la base del ajuste permanente y del recorte de derechos para amplios sectores de la población.

En mi caso, no dejo de repetir que no somos simpatizantes del déficit fiscal, sino enemigos del ajuste para resolverlo.

Hay que seguir bregando porque haya mayoría de voces y conciencia de que este país necesita un modelo con un Estado presente, con un desarrollo de servicios públicos eficientes para la ciudadanía y con políticas impositivas progresivas que capten recursos de quienes poseen más capacidad contributiva.

En este marco, una tarea central pasa por explicar lo más claro posible cómo ciertas decisiones terminan afectando la vida cotidiana de las personas, y contribuir a que ese enfoque vaya siendo incorporado por una mayor porción de la ciudadanía. Establecer esa conexión es una parte esencial de la batalla cultural, necesaria para construir y legitimar un modelo opuesto al neoliberal, es decir, que deje de favorecer a unos pocos y beneficie a la mayoría de la población.