El golpe de Estado de 1976 llegó para cambiar el modo de acumulación y destruir el proyecto económico de un país industrial, con un movimiento obrero en pleno desarrollo y que disputaba su lugar en la economía. Por eso, no tuvo nada de casualidad que la primera ley de fondo que modificó la dictadura fue la Ley de Contrato de Trabajo. La amputación de esa ley venía de la mano del ataque en las fábricas y en las calles al movimiento obrero organizado, que había logrado mejorar su nivel de vida y, en algunos casos, hasta discutir cómo se producía. Todo eso era el resultado de mucho debate, pero sobre todo de medidas de fuerza que permitían ganar derechos.
Diario de SiPreBA a 50 años del golpe
En el marco de este nuevo aniversario del golpe de Estado de 1976, el Sindicato de Prensa de Buenos Aires editó un diario en el que se analiza el rol de la prensa en la dictadura y las historias de aquellos trabajadores y trabajadoras de prensa que dieron la vida. Esta nota forma parte de esa publicación.
No fue una casualidad ni nada parecido lo que ocurrió en los lugares de trabajo, en las fábricas y también, en nuestro caso, en las redacciones, donde el control militar intentó cumplir a rajatabla lo que ordenaba el poder económico: someter y destruir cualquier tipo de organización colectiva. Bajo esa lógica, el primer objetivo fueron las comisiones internas y cuerpos de delegados y los sindicatos. Allí radicaba el verdadero poder de las y los trabajadores: prohibieron las huelgas, diezmaron comisiones internas e intervinieron sindicatos y la CGT.
Pero las y los trabajadores fuimos buscando la forma de resistir a la represión y luchar por mejores condiciones de vida.
Siete años de lucha contra la dictadura
En el caso de prensa, uno de los dos sindicatos de Buenos Aires, la APBA, el más representativo de las comisiones internas y la organización en los lugares de trabajo, había sido intervenido en agosto de 1974, en paralelo al comienzo del ataque a las libertades democráticas y la persecución de periodistas y activistas. El 25 de marzo del 76, sólo un día después del golpe, fue atacada con tanquetas la sede de la FATPREN de la calle Cangallo donde además funcionaba el Sindicato de Prensa Capital.
A partir de ese momento estuvo intervenida. En enero de 1976, como antesala del golpe, se produjeron despidos masivos en Clarín y fue barrida toda la comisión interna. Era el lugar más fuerte del gremio. A la vez, comenzó la cacería de dirigentes en los sindicatos de FATPREN de todo el país. En Mar del Plata fue secuestrado el secretario general Amílcar González,que luego fue “blanqueado” gracias a una gran campaña y quedó detenido hasta el año 78 cuando lo forzaron a exiliarse. En Córdoba, el secretario general Raúl Cuestas Carnero tuvo que exiliarse en México. Así, situaciones similares en las 36 filiales de todo el país. En agosto del 76 la dictadura secuestró al «Negro» Demarchi, delegado de El Cronista Comercial y candidato a secretario adjunto del gremio cuando la APBA fue intervenida. Su secuestro ocurre en la puerta de la redacción de la calle Alsina, a metros de Plaza de Mayo, y un día antes de que partiera a México junto a otros dirigentes del gremio de prensa, donde iban a denunciar la situación en un congreso de la Federación Latinoamericana de Periodistas. Demarchi continúa desaparecido.
La lucha gremial se combinaba con la lucha por la libertad de expresión que estaba completamente vulnerada, con niveles de censura total en cada medio de comunicación, y fundamentalmente por la vida de cada compañero y compañera.
El 25 de marzo del 77, por esas casualidades del destino en un aniversario del decreto con el que Perón desde la Secretaría de Trabajo sancionó el Estatuto del Periodista 33 años antes, una patota de la ESMA secuestró a Rodolfo Walsh mientras enviaba su carta abierta a la Junta Militar. A un año del golpe, el texto denunciaba el plan económico de miseria planificada. En su primera oración Walsh mencionaba la censura a la prensa.
Durante esos años nacieron en Buenos Aires la COPREPREN, Comisión por la recuperación del gremio de prensa y, en paralelo, a nivel nacional, la CONATRAP, Coordinadora Nacional de Trabajadores de Prensa. Ambas organizaciones mantuvieron la llama encendida de la organización gremial para defender la vida de cada dirigente, pero también para sostener los reclamos gremiales a pesar de las limitaciones. De esa manera también fueron parte de los distintos sectores del movimiento sindical que de manera clandestina comenzaban a organizarse para enfrentar a la dictadura.
En el año 77 se llevó adelante el primer gran conflicto en el gremio en el diario Crónica: trabajadoras y trabajadores realizaron medidas por salarios y fueron desalojados a palos por la infantería de la Policía Federal. En los periódicos que de manera clandestina difundía la COPREPREN, denominado “El Prensado”, se iban detallando diferentes tipos de conflictos. Durante 1980 se produjo un pico a partir de los cierres de la revista “Confirmado” y el semanario “La hoja”, que dejaron a más de 150 compañeros en la calle. En la fusión de ATC con Canal 7 fueron despedidos trabajadores por defender condiciones de trabajo. Los principales conflictos eran como respuestas al incumplimiento del doble franco establecido por convenio, incumplimiento de seis horas de trabajo para el personal periodístico y las siete al administrativo, desvirtuación de categorías de convenio,falta de pago de aportes, desconocimiento de mandatos gremiales, discriminación salarial y aplicación de un régimen “full time” sin elpago correspondiente. Es decir, las demandas que comenzaban a organizarse y que movilizaban a las y los trabajadores eran las corporativas y estructurales y no las políticas o ideológicas.
En el libro Siete años de lucha contra la dictadura, Antonio Carazo, dirigente del gremio de prensa de Chaco que encabezaba la CONATRAP, y Rodolfo Audi, referente de Capital, narraron los reiterados intentos de la dictadura cívico militar de voltear el Estatuto del Periodista Profesional, ya sea eliminando artículos, desconociéndolo o a través de la Comisión de Asesoramiento Legislativo de la dictadura, que en 1978 emitió un dictamen para eliminar el artículo 14. Existía un particular intento por trasladar la autoridad de aplicación de la matrícula que otorgaba el Ministerio de Trabajo a la SIP, lo que era denunciado como una manera sesgada de determinar a quién se le otorgaba y a quién no, una de las formas en las que se expresaba la persecución.
El sindicalismo de pie
A un año del golpe nació la Comisión Nacional de las 25 organizaciones, que reunía a los sindicatos de alimentación, camioneros, cerveceros, estatales, Luz y Fuerza, mineros, telefónicos, papeleros y viajantes, entre otros. Reclamaban la liberación de los dirigentes detenidos, cuestionaban la política económica y pedían el retorno de la democracia.
Desde allí salió la primera huelga, el 27 de abril de 1979, que fue convocada como una Jornada Nacional de Protesta. La dictadura respondió profundizando el ataque a los sindicatos. La disputa siguió. Hubo huelgas de mecánicos y en julio de 1981 un paro general. Todo eso fue fortaleciendo al movimiento sindical y a fines de 1981, se logró reconstruir la CGT, que puso en marcha un plan de lucha que terminaba con una movilización a Plaza de Mayo para el 30 de marzo de 1982, con Saúl Ubaldini a la cabeza. Señalaron a la dictadura por ser responsable de hambrear a las y los trabajadores. Ese día hubo marchas en diferentes ciudades del país, pero también represión. Más de un tercio de los desaparecidos y desaparecidas eran trabajadoras, entre ellos dirigentes y activistas sindicales. Como se demostró en distintos juicios de lesa humanidad, determinadas empresas tuvieron un rol de connivencia y corresponsabilidad en la desaparición de esos dirigentes y trabajadores.
El movimiento obrero enfrentó a la dictadura, pese a la persecución y la represión. Quienes protagonizaron la resistencia y la reconstrucción desde el gremio de prensa fueron parte de esa experiencia.
