César Juárez Santo Domingo tenía 61 años. Este miércoles, aproximadamente a las 16:20 horas, fue hallado sin vida. Su cuerpo estaba colgado de la ducha, en un baño del área de sanidad de la Unidad Penal 48 de José León Suárez, dependiente del Servicio Penitenciario Bonaerense (SPB). Tenía una tira de frazada atada al cuello.
Según se pudo reconstruir a través de la población carcelaria, el hombre había sido trasladado desde el penal de Melchor Romero al penal de San Martín, «el mes pasado». También contaron que llegó con tuberculosis: «Pero nuestro compañero de encierro ya tenía el alta médica, por lo cual no tendría que estar alojado donde apareció muerto«.
Precariedad institucional y muerte
Juárez Santo Domingo estaba bajo la tutela del Juzgado de Garantías N° 8 de La Plata: «Hay muchas irregularidades; por ejemplo, el cuerpo fue descolgado por el oficial Ariel Ramayo cuando lo encontraron en el baño de sanidad, antes de que lleguen los médicos, los peritos y el fiscal«, aseguró la fuente a Tiempo.
Y completó. «Justo en ese momento vino el enfermero de turno, Pablo Cortez, quien le practicó técnicas de RCP para reanimarlo y finalmente constató que estaba muerto. Quienes estaban en la escena, a modo de burla, le sacaron fotos al cadáver y no preservaron el lugar del hecho; por eso, yo pude estar ahí, entre otros«.
Otro caso de ahorcamiento
En esta línea, cabe destacar que en a principios de este año apareció muerto Kevin Villanueva. El joven estaba en el interior de una celda del pabellón de castigo, denominado «buzones» y apareció ahorcado. Sucedió a en la Unidad Penal 46 del mismo complejo penitenciario.
También en este caso denunciaron muchas irregularidades y la inoperancia del personal penitenciario. Son muertes que ocurren bajo la custodia del Estado. Además, suceden con mucha frecuencia y nunca son reconocidas. Es un dato sobre la problemática que arroja la experiencia de los que sucede en la práctica y es recopilado por los organismos de Derechos Humanos.
Cabe destacar que todo esto sucede en medio de graves denuncias de tortura, hostigamiento y persecución que vienen realizando los detenidos que estudian en la sede Cusam que la Universidad Nacional de San Martín (UNSAM) instaló en el penal 48 a finales de 2008. Ellos señalan al director Alejando Martínez, al jefe del penal Omar Gauna y al subjefe Javier Alegre.
«Que traigan urgente a nuestros compañeros»
También aseguran que muchos de sus compañeros fueron torturados, traslados arbitrariamente, y reclaman encarecidamente: «Que los traigan urgente a esta unidad para que puedan continuar con sus carreras de grado que fueron interrumpidas. Pedimos que las máximas autoridades provinciales intervengan ante la terrible situación que estamos viviendo”, apuntaron en diálogo con Tiempo.
Los universitarios describen un escenario de mucha violencia institucional, torturas permanentes y malos tratos degradantes. Hay detenidos que están en las otras unidades del complejo que aseguraron a este diario que los penitenciarios frecuentemente les hacen perder las cursadas porque nos los llevan.
Y denunciaron que a los uniformados «se les va la mano con las requisas de cuerpo -vejámenes- que nos hacen cuando nos trasladan a tomar las clases«. «Las autoridades ministeriales y judiciales de las distintas jurisdicciones están al tanto de lo que viene sucediendo y nosotros denunciado hace un año en forma ininterrumpida«, reclamaron.
Los universitarios ahora están a la espera de que la Justicia avance sobre las denuncias que realizaron. Recientemente dieron curso a uno de los habeas corpus colectivo que presentaron y por el cual dieron apertura a la Investigación Penal Preparatoria (IPP) N° 15-00-023995-26.
A diferencia de los otros incidentes que fueron presentados ante la Justicia de San Martín y San Isidro, este fue dirigido al presidente del Tribunal de Casación Penal de la Provincia de Buenos, Carlos Ángel Natiello. Fue quien atendió el reclamo con celeridad y le puso la seriedad que amerita el asunto.
Para espadear jurídicamente
Además de lo que denuncian los estudiantes, en las recorridas que la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) realiza en las cárceles, muchas veces el organismo ha presentado habeas corpus tras haber encontrado a grupos de detenidos en condiciones de detención agravadas. Y hasta en peligro de muerte, riesgos de derrumbes e instalaciones de electricidad precarias, entre otras.
Entonces, la Justicia ordenó repetidas veces, en distintos casos y en distintos penales, que el órgano político responsable -el Ministerio de Justicia y Derechos Humanos de la Provincia de Buenos Aires– brinde una respuesta ante las distintas situaciones y no lo hizo. Y la técnica jurídica siempre es la misma, «el recurso de apelación» de lo resuelto por los jueces.
Así el habeas corpus va a la instancia de apelaciones. Mientras tanto, los distintos grupos de detenidos en situaciones terribles continuaban durante meses con todos sus derechos vulnerados. Por lo cual quedó al descubierto, que los propios funcionarios ministeriales omiten graves delitos, en internet hay muchas notas periodísticas en las que denuncian todo esto junto a la CPM.
Un desastre organizado
Por otro lado, a todo este desastre organizado, se le suma el caso de la oficial subprefecto Carolina Naveira, trabajadora social, quien también denuncia al director Alejandro Martínez por hostigamiento, persecución, acoso laboral y suma al subdirector administrativo Ángel Massei.
Naveira además explicó que estos oficiales de alta jerarquía son amigos de otro subdirector que la perseguía y que ella denunció el año pasado, Diego Antonio López. La oficial entiende que está pagando las consecuencias por las denuncias que hizo «ante el hostigamiento y la persecución que hasta la actualidad sigo sufriendo», enfatizó.
Señaló como principal organizadora de las terribles cosas que tiene que soportar -en los horarios laborales- a María Victoria Salvo. «Ella siempre pretendió ocupar mi lugar de trabajo, la oficina de Asistencia Social del penal, por eso está aliada con los directores Martínez y Massei», aseguró Naveira.
Naveira ingresó al SPB en 2008, empezó en la Unidad 46 de San Martín como trabajadora social. Estuvo a cargo de la Oficina de Asistencia Social durante casi diez años, después la pasaron a la Unidad 48, donde estuve casi seis años como jefa a cargo de la misma oficina. Hasta que empezó a vivir un infierno en manos de sus jefes.
Estudiantes penitenciarias
También está el caso de un grupo de penitenciarias que estudian en la sede Cusam junto a personas detenidas, quienes eran llamadas por sus jefes, «las preseras». Estas mujeres rompieron el silencio y contaron -en abril de 2022- el acoso sexual por parte de los directivos y jefes penitenciarios.
Sin embargo, en principio la violencia se volvió más frecuente y el castigo cayó sobre las víctimas y no sobre los victimarios. Fueron trasladadas a distintos penales y tuvieron que denunciar públicamente para que las vuelvan a llevar a la institución de origen y poder continuar con sus carreras de grado.
Luego de que se conociera la denuncia de la cuatro penitenciarias por acoso sexual contra sus jefes: «Fuimos separadas y trasladadas a distintos dispositivos del servicio penitenciario, empezamos a pedir que nos lleven de nuevo a la unidad 48 para continuar con nuestras carreras universitarias. En ese momento, nosotras pedimos mantener nuestra dignidad, laboral y emocional”, recordó una de las víctimas.
Otro caso emblemático fue el asesinato Patricio Barros Cisneros, un detenido de 26 años, que recibió una brutal golpiza el 28 de enero de 2012 por parte de los uniformados de la Unidad Penal 46. El Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) intervino ante tan aberrante hecho y la causa finalizó con varios uniformados condenados.
Lo mataron a golpes entre ocho y diez funcionarios, frente a otros detenidos, penitenciarios y de su pareja que justo ese día había ido a visitarlo. Todo sucedió en medio del pasillo que separa distintos espacios de la unidad 46, cerca del área del sector de control.
Torturas seguidas de muerte
Fueron condenados un total de once agentes y jefes penitenciarios en dos juicios distintos. La causa se dividió en dos partes, dejando condenas por torturas y homicidio. En 2015, cinco agentes fueron condenados a prisión perpetua por el delito de torturas seguidas de muerte.
En tanto, en 2019, por encubrimiento, otros seis jefes y oficiales penitenciarios fueron condenados a penas de entre 5 y 6 años de prisión. La justicia pudo comprobar que intentaron encubrir el asesinato haciéndolo pasar por «un suicidio».
Lo real es que el Complejo Penitenciario Conurbano Norte ubicado sobre los basurales de José León Suárez históricamente ha sido escenario de terribles hechos. Cuando fue inaugurada (2004-2005) los medios de comunicación la bautizaron como «la cárcel fantasma».
Un negocio ilegal
Porque en ese tiempo las tres unidades carcelarias -47, 47 y 48- del Complejo estaban vacías y los penitenciarios recibían la carne, alimentos y demás provisiones que el Estado provincial enviaba a los detenidos -que no estaban- y luego vendían todo para quedarse con el dinero.
Todos estos casos y muchísimos más sucedieron a lo largo de los años y siguen ocurriendo. Pero con una particularidad, suceden a la vista de quienes deberían prevenir que esos delitos sucedan. Las cárceles a nivel global -según los análisis realizados- se presentan como un problema estructural en las sociedades modernas contemporáneas; al igual que la inseguridad y la violencia.
Los estudios señalan que es por culpa de las desigualdades del sistema capitalista, que propone una sociedad de consumo masivo en la que no todos los habitantes pueden acceder de manera igualitaria a los bienes y productos que ofrece el mercado. Según expertos en la problemática, todo seguirá igual hasta que no se produzcan cambios profundos y nuevas estructuras.
