El informe anual elaborado por la Procuración Penitenciaria de la Nación (PPN) denuncia 48 muertes y señala que más de 2.300 personas se encuentran actualmente alojadas en centros transitorios que no cumplen con los estándares internacionales mínimos de condiciones de detención. Los datos, que se publicaron este miércoles dan cuenta hasta el último periodo de 2025. La población encarcelada crece a un promedio de casi 5% anual.
También detalla de forma pública -en la página web del organismo- las actividades realizadas por el organismo durante todo el año pasado. El documento analiza la situación de los Derechos Humanos de las personas privadas de la libertad bajo la órbita del Servicio Penitenciario Federal (SPF) y el estado de habitabilidad de los lugares de detención.
Sobre las muertes de personas detenidas
De las 48 muertes reportadas en cárceles federales, catorce fueron violentas: seis por ahorcamiento, siete por incendios y una a causa de traumatismos. Asimismo, se registraron 332 casos de malos tratos en cárceles federales y otros centros de reclusión.
Ariel Cejas Meliare, abogado y titular de la PPN, aseguró en diálogo con Tiempo que al menos 2.339 personas se encuentran alojadas “en lugares transitorios que usan para el encierro y que no cumplen con los estándares internacionales mínimos de condiciones de detención”.
Un hacinamiento exacerbado
El funcionario señaló que una de las problemáticas estructurales en las cárceles federales es la sobrepoblación, y advirtió que las comisarías y alcaidías de la Policía de la Ciudad de Buenos Aires generan un grave hacinamiento exacerbado.
Este informe fue elaborado en cumplimiento del artículo 25 de la Ley 25.875, sancionada en 2003 y promulgada en 2004, la cual creó la figura del procurador penitenciario de la nación como un organismo autónomo dentro del Poder Legislativo.
Por otra parte, el documento señala que el SPF reportó un total de 12.152 personas detenidas en cárceles federales al cierre del período: 11.164 son varones (91,9%), 954 son mujeres (7,8%) y 34 son personas trans (0,3%). Del total, el 63% contaba con condena firme, mientras que el 37% se encontraba en prisión preventiva; es decir, todavía conservaba el principio de inocencia ante la ley.
La población detenida creció un 5,4% en el primer año evaluado y un 3,6% en el segundo. Aunque se informó un aumento de 516 plazas, la PPN advierte que no se dispone de información actualizada y desagregada por cada establecimiento debido a que la institución penitenciaria dejó de publicar esos datos en su sitio web.
Falta de atención médica
Además, el organismo recibió y atendió 19.539 reclamos de la población carcelaria, en su mayoría vinculados a problemas de salud, hacinamiento, comunicación con sus defensores, acceso a la justicia y trabajo intramuros.
Los equipos de la PPN realizaron monitoreos constantes en cárceles federales, comisarías y en los Centros Socioeducativos de Régimen Cerrado de la CABA. También inspeccionaron dependencias de fuerzas policiales federales que cumplen la custodia de personas detenidas en lugares que no están legítimamente constituidos para tal fin.
El procurador penitenciario adjunto contó a este diario que se presentaron recomendaciones sobre la expulsión anticipada de personas extranjeras, una mayor presencia de profesionales de la salud, el acceso al trabajo y la regulación de las visitas.
Educación en contexto de encierro
Asimismo, el organismo intervino en 45 hábeas corpus colectivos para exigir mejores condiciones de detención. Uno de los incidentes más importantes se presentó al impugnarse una resolución que redujo el acceso a la educación superior de las personas detenidas, prohibiendo el funcionamiento de centros de estudiantes y limitando el uso de espacios de estudio fuera del horario de cursada.
La PPN consideró que la medida «restringía arbitrariamente el derecho a la educación y a la organización estudiantil», afectando directamente al Programa UBA XXII de educación en contextos de encierro; que funciona desde 1985.
Más allá de la radiografía sobre el estado actual de las cárceles federales, la información de este informe sirve como base para pensar políticas públicas que apunten a resolver los problemas de fondo. En ese escenario, el documento expone cómo la Procuración Penitenciaria de la Nación sigue adelante con sus tareas de control.
A través de distintas herramientas legales, que se aplican de forma regular y sin que el trabajo de las fuerzas de seguridad interfiera en sus inspecciones, el organismo mantiene activos los canales institucionales para revisar que se respeten los derechos de las personas detenidas.
