Creer a las víctimas como “Má, buscame”, le dijo Arcoiris, la nena de 9 años que por orden de la jueza riojana Ana Carla Menem fue sustraida durante un violento operativo policial de la casa de su mamá, en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. En diciembre de 2025, la justicia de La Rioja, después de no creerle, de criminalizar a su mamá, de extirparla del lugar donde no sólo había construido un hábitat propio de amigos y familia, la obliga a volver a la casa donde fue abusada por el padre de su progenitor.
Arcoiris no es un caso aislado pero en él se sintetizan las violencias que pesan una y otra vez sobre las mujeres que denuncian. Las pocas herramientas que la mamá de la nena consiguió para proteger a su hija son las que en la actualidad la senadora Carolina Losada, de La Libertad Avanza pretende eliminar con su proyecto de ley sobre las llamadas falsas denuncias.
El martes 21 de abril en el Anexo del Senado de la Nación se realizó el conversatorio “Derecho a la voz: contra la criminalización de quienes denuncian violencia”. Participaron funcionarias, senadores, referentes de derechos humanos y académicas quienes con robusta argumentación analizaron el proyecto de ley de la senadora de Santa Fe.
¿Es fácil aceptar que una hija o un hijo fue abusado por su propio padre?¿Es sencillo creer que la persona con quien alguna vez pensaste formar una familia es capaz de cometer un acto de violencia tan aberrante?
“Nos costó muchísimo denunciar porque no lo podíamos creer. Pero al mismo tiempo Osita venía teniendo un montón de indicadores de que le estaba pasando algo. En principio lo que nos empezamos a enterar, meses antes, fueron episodios de violencia física y psicológica. Cuando ella cuenta lo que le estaban haciendo, el abuso, ya había varios indicadores fuimos entendiendo con el pasar del tiempo”, dice la mamá de Osita, una niña abusada por su progenitor, quien el 1 de abril recibió una condena a 12 años de prisión por los abusos cometidos cuando la nena tenía 4 años.
“Lo primero que hay que saber es que no es fácil denunciar”, dice la abogada Luciana Gramaglio, quien acompaña casos de víctimas de abusos. “Hay una serie de obstáculos que existen para que las mujeres puedan denunciar, no desde lo material, desde lo formal, desde lo simbólico. Desde lo simbólico, el primer obstáculo es reconocerse como víctima. Después es ¿qué hago con eso? Muchas víctimas no denuncian o denuncian después de mucho tiempo y eso tiene que ver con cómo encontramos esos recursos tanto económicos como materiales para ir a denunciar”, agrega.
Gramaglio detalla que no siempre las comisarías toman las denuncias y que la otra opción es llamar a una fiscalía donde nunca sabés cuando te atiende. “Con esto digo que hay obstáculos que son también materiales al acceso a la justicia para denunciar. Y después que el proceso es bastante tortuoso, de mucha exposición, y de la sensación de que te están juzgando. Quien denuncia es prácticamente la prueba existe para para estos casos de violencia porque las marcas están en el cuerpo, las marcas están en la psiquis, entonces el proceso en sí mismo es revictimizante y es tortuoso.”
A esto se suma, aclara, el hostigamiento que se vive no sólo del denunciado sino también de su familia o amigos.
En ese sentido, Paula, la mamá de Osita comenta. “En el momento de la denuncia comienza también la tortura a la madre, empezás a estar en la duda de los demás de si es verdad o no lo que decís. algo que con otros delitos no pasa” y remarca, “ahora se está diciendo mucho que cuando una mujer denuncia automáticamente le creen porque es mujer. Mentira. Como denunciante he pasado por un montón de pericias psicológicas como cuando no tendría por qué. Pericias psicológicas profundas, las cuales obviamente todas dieron como resultado lo mismo: que no estaba mintiendo y que no estaba loca. Pero en el caso particular de Osita, al año de la denuncia que hacemos nosotros, el abusador de Osita denuncia a mi actual pareja, y a él le dan automáticamente una perimetral sin presentar ningún tipo de prueba. Y esa diferencia fue tremenda porque la viví en carne propia. Él fue, denunció, no presentó ninguna prueba y le dieron la perimetral. Yo fui, denuncié con informe de psicóloga, con la nena que pasó por defensoría de menores y aún así tardaron un montón en darnos una perimetral”.
Osita y su mamá tuvieron que esperar 9 años para tener justicia. Desde la denuncia hasta el final del juicio pasó todo ese tiempo. En el medio, el progenitor y abusador de Osita en una de las tantas instancias judiciales, reconoció ante un juzgado de Familia que él ejercía violencia contra la niña. “Dijo que le pegaba porque él tiene sangre italiana”, cuenta Paula. Aún así ese juzgado pidió la revinculación. El caso de Osita, también es representativo pero porque contrarresta la idea de los impulsores del proyecto que presenta Losada, se trata de un caso de violencia vicaria en el que el progenitor ejerce violencia contra su hijx para dañar a su pareja. “Hoy, pensamos que si no hubiéramos denunciado, esto hubiera terminado de peor forma”, agrega la mujer.
Testigos y peritos
Otro de los puntos preocupantes es el hostigamiento a quienes atestiguan y a profesionales que acompañan las denuncias, en su mayoría trabajadorxs de salud mental. Contra estos últimos apunta especialmente el proyecto de ley 0228/2025.
“Así como las víctimas de violencia sexual suelen ser su propia prueba porque no hay personas que puedan atestiguar los hechos, cuando las hay también pueden ser criminalizadas. Por ejemplo, cuando le mandaste a una amiga un mensaje y le contaste todo lo que pasó y te sacaste fotos, las estrategias defensivas apuntan a criminalizar a esas testigos y el Ministerio Público Fiscal avanza respecto a eso. En Tucumán tenemos una causa de testigos en un caso de violencia sexual en el cual se está persiguiendo a las testigos. Y eso también es un mensaje muy claro: nadie va a querer ser testigo si ya es difícil conseguir la prueba, si ya es difícil que el testigo vaya y declare, mucho más difícil será si incrementan las penas para quienes van y denuncian este tipo de violencias”, afirma Gramaglio.
“Lo preocupante es que otros de los efectos de este proyecto de ley es desproteger a niños, niñas y adolescentes. Los profesionales de la salud y docentes están obligados a denunciar ante la sospecha de abuso sexual por lo que implementar penas más gravosas podría hacer (cómo ya está pasando igual) que ante un archivo o sobreseimiento de la persona denunciada se le inicie una contra denuncia de falso testimonio o algo más. Que una causa se archive o haya sobreseimiento no quiere decir que existió una denuncia falsa. Por lo tanto se va a disuadir también de denunciar ante posibles sospechas de abuso y violencia sexual. Lo que necesitamos es que las fiscalías investiguen y actúen.”
Una cuestión cultural que es patriarcal
Para la mamá de Osita, hoy se habla de falsas denuncias por lo dificultoso que resulta probar los abusos sexuales en las infancias: la mayoría son intrafamiliares. “En el caso de Osita su progenitor la veía todas las semanas porque yo había firmado un convenio de común acuerdo, donde pasaba casi la mitad del tiempo con uno y con el otro tres meses antes de enterarnos de lo del abuso. Y aún así esta persona sigue diciendo que es una falsa denuncia por despecho. Entonces, como es tan difícil probar un abuso, es muy fácil decir que no pasó. Creo que la falsa denuncia es una forma de encubrir los abusos y de deslegitimar la palabra de, en este caso, la niña”.
Por su parte, la abogada Luciana Gramaglio afirma: “este último tiempo vemos que hay una arremetida, tanto a nivel nacional como a nivel global, hacia las conquistas de derechos que hemos tenido las mujeres en estas últimas décadas, hacia este reconocimiento de que tenemos un derecho a vivir una vida libre de violencias. Siempre nos han dicho que una mujer enojada es capaz de arruinarle la vida a un hombre, siempre lo ponen en esos términos”.
Y aporta, “es más fácil pensar que una mujer despechada es capaz de arruinarte la vida y no de pensar que los hombres son los que ante una situación como ésta, son capaces de matar a las mujeres. Por un lado no se le cree a las mujeres porque es cultural. Y por otro lado, porque es más fácil no creer el horror que pueden sufrir niñas, adolescentes y mujeres en manos de hombres. Nadie quiere creer que su amigo es un abusador y nadie quiere creer que el progenitor es capaz de abusar de una niña de tres años ni que un cura pueda abusar a una adolescente de 16. Es más fácil creer que el adolescente consiente el hecho a que el cura está haciendo algo mal”.
En las últimas horas, representantes de género de las provincias de Buenos Aires, Córdoba, La Rioja, Jujuy, Tierra del Fuego, La Pampa y Catamarca junto a más de 1.700 firmas de todo el país presentaron un petitorio al Senado para que se rechace el proyecto.
Los datos
Según datos del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP), en la Dirección Nacional de Reincidencias de las 23.419 sentencias condenatorias que se dictaron en 2023, los casos de falsas denuncias y falsos testimonios fueron 60, el 0,25% del total. Según la Corte Suprema de Justicia de la Nación de las 228 víctimas de femicidio en 2024, sólo el 18% de las mujeres asesinadas habían denunciado.
Algunas voces
Estela Díaz, mtra. de Mujeres de PBA “El proyecto no se sustenta en ninguna evidencia científica. Las falsas denuncias no son un problema en la Argentina. Nos encontramos con que lo falso es el problema que quieren construir»
Natalia Gherardi, Equipo Latinoamericano de Justicia y Género (ELA) “El problema real no son las falsas denuncias, es que la Justicia no resuelve los conflictos. Ninguna madre protectora ganó nada en ese camino.”
Julia Martino, Incidencia Feminista “Estamos muy preocupados porque se criminalice a las denunciantes y, por lo tanto, se proteja a los agresores y abusadores. Las denuncias salvan vidas, lo que quieren es que no denunciemos”
