El golpe de Estado que llevo al gobierno de Níger a Abdurahaman Tchiani impulsó reformas estructurales que restituyeron, en cierta medida, la soberanía política a uno de los países más pobres del planeta, según los informes de Desarrollo Humano del PNUD. Este proceso de cambio también propiciado por Burkina Faso y Mali impactó en la región del Sahel evidenciado una mayor autonomía.
Una de las reformas más significativa es la nacionalización de las minas de uranio correspondientes a Société des Mines de l´Air (SOMAIR) propiedad del Estado francés. La decisión, que se da en un marco de tensiones con Francia, fue apoyada por los sindicatos mineros de Níger y por organizaciones de la sociedad civil nigerina.
Durante cinco décadas la explotación del uranio, en esta región ubicada en la zona limítrofe con el Sahara, fue llevada a cabo por el grupo de capitales franceses Orano. Como es sabido la minería en terrenos desérticos genera preocupación acerca del uso del agua, recurso fundamental para esta actividad. La decisión de nacionalizar marca un giro en la política de cuidado ambiental y extractiva de Níger.
Desde el cese de las relaciones diplomáticas entre ambos países el Holding Orano llevó adelante una serie de acciones que no respetaron los acuerdos preestablecidos con el estado de Níger. La retirada de su personal, el bloqueo de operaciones, la desconexión informática, sumado a denuncias judiciales ante el CIADI apuraron la resolución del gobierno de Abduraham. Sin embargo, Orano, a través de un comunicado, repudió la decisión expresando que “el estado intenta desinformar y desacreditar a la empresa SOMAIR” y que “la expropiación constituye un paso más en el afán de las autoridades militares de expulsar a Orano de Níger a pesar de las numerosas gestiones e intentos de diálogo”.
Lo cierto es que los nuevos gobiernos del Sahel están desarrollando políticas para administrar sus recursos naturales, preservar el medio ambiente y llevar adelante convenios en el que los trabajadores mineros sean mejor remunerados, además de romper los lazos coloniales con Francia que los atan desde finalizada la Segunda Guerra Mundial.
El reciente ataque de los EE UU a las instalaciones de enriquecimiento de uranio de Irán puso en la opinión pública la explotación de este mineral. El uranio es uno de los bienes más preciados para la cadena energética global y metal indispensable para la producción nuclear. Fue descubierto en los 50 en la ciudad de Arlit, al norte, en el límite con el Sahara. La minera Orano comenzó su explotación 20 años después. Las subsidiarias son SOMAIR, que en el 2021 extrajo 1996 TN de uranio; COMINAK que en 2022 obtuvo 2020 TN; e IMOURAREN, que está sin actividad desde 2014 por diferencias económicas y problemas técnicos de inversión.
A pesar de las grandes ganancias que obtenía de la explotación del recurso minero, Orano no pagaba a Níger derechos de exportación, tampoco sobre los materiales y equipos, ni los impuestos sobre el uranio extraído; pagaba un 5,5% de regalías y recién en 2014 las elevó a un 12 por ciento. A pesar que el gobierno en 2023 propuso una renovación de los permisos hasta el 2040, las prácticas expoliantes de Orano, que mantuvieron al país en la pobreza, continuaron.
El 85% de lo producido por la empresa minera va a Francia y solo el 15% quedaba en manos de los nigerinos. Otra paradoja de la extracción es que en Níger, cuatro de cada cinco habitantes no cuenta con luz eléctrica (el 80% de la población) mientras que un tercio de la población francesa se ilumina con el uranio de Níger.
Las exportaciones de uranio en 2020 eran de 217 millones de U$ anuales, representando un 1,2% del PBI de Níger. Los ingresos totales de Orano en todo el mundo eran de 4000 millones y sus activos de 23.000 millones mientras, el PBI de Níger de 14.900 millones. La producción acumulada del país fue de aproximadamente 155.000 TN hasta finales de 2022.
El proceso de expropiación de la empresa comenzó el pasado 5 de mayo, cuando fuerzas de seguridad nigerinas irrumpieron en las oficinas de las filiales de Orano en Niamey, confiscaron documentación y detuvieron a su director local, Ibrahim Courmo. No fue sólo el gobierno quien inició esa transformación, sino que también la presión sobre Orano. Las sociedades civiles presentaron en abril una denuncia ante el Tribunal Superior de Arlit, acusando a la empresa de poner en riesgo la salud pública por posibles fugas radiactivas y por contaminación de sus ríos. «
