Si escribir fuera un crimen, Ana Herrera argumentaría como defensa la emoción violenta. Es 19 de marzo, en dos días cumplirá 56 años, y en los portales de noticias y en las redes sociales se replica el anuncio: el Gobierno cierra el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena (INAFCI) y el Consejo Nacional de Agricultura Familiar (CNAF). Ana, que es técnica del INAFCI en Salta y se está quedando sin trabajo después de 27 años de ocuparse de los que menos tienen ahí donde nadie llega, escucha los argumentos –ataques– de Manuel Adorni. Y escribe: “Recibimos el anuncio con la sorna y desparpajo del vocero de la crueldad. Los que nos conocen saben de nuestra historia, de nuestro compromiso inquebrantable con este, nuestro trabajo, el de los nombres cambiantes pero con 30 años de existencia, real, en los cerros, en las quebradas, en los caminos polvorientos, en el calor abrasador, en el viento y en el frío, en las cornisas, en la selva, en las alturas y llanuras, en la sed ancestral de la aridez, en el hambre de los niños indígenas, en las pobrezas materiales en las que viven miles de familias rurales, en la Argentina diversa y federal que no todos quieren ver ni animarse a conocer”.

“No es la primera vez que somos atacados. Durante el macrismo tuvimos una ola de despidos, pero ahora es con un grado más de crueldad –insiste en charla telefónica con Tiempo–. El nuestro es un sector con muchas posibilidades, pero también con muchas limitantes que justamente depende del Estado para llevar a cabo las actividades productivas. La mayoría de los alimentos que se consumen en la Argentina lo produce este sector. Estas familias, además, hacen ocupación efectiva de los territorios; cuando el capital avanza de manera salvaje, empujando la frontera agropecuaria, se afecta la vida de estos campesinos, de estos pequeños productores, de estas comunidades indígenas. Ellos son los reales protectores de los recursos naturales de nuestros territorios”.

El vocero Adorni, entrenado en eso de justificar las pésimas noticias, dijo en conferencia: “Luego de una revisión de datos calamitosos, profundamente desoladores, este Instituto y el Consejo tenían 964 empleados; se va a transformar en una dirección en la que quedarán 64 empleados. Se van a reducir 900 puestos de no trabajo. Esto va a significar un ahorro de 9000 millones de pesos”.

Perder el trabajo es doloroso; que además te traten de “no trabajador” es insultante. “Somos trabajadorxs que acompañamos, en todo el país, la producción de alimentos, la producción agroecológica, el acompañamiento a mujeres rurales campesinas e indígenas, el acceso al agua en comunidades rurales, el acceso a la tecnología, las mejoras en la infraestructura productiva,  el acceso al monotributo  social agropecuario, generamos  datos estadísticos a  través del RENAF (Registro  Nacional de la Agricultura Familiar campesina e indígena), acompañamos a ferias y el desarrollo de mercados de cercanía, circuitos de comercialización sin intermediarios y sin explotación, acompañamos  las producciones artesanales”, enumeró el comunicado del INAFCI lanzado en respuesta al vocero. También afirmaron que “desde 1993, se sostiene esta política pública en gran medida por el compromiso y voluntad de las y los trabajadores que hoy nos estamos enterando por las redes sociales que nos quedamos sin trabajo”.

Ni casta ni ñoquis

“Sería imposible hacer políticas públicas sin estar en el territorio. Existen muchas falencias en lo institucional, pero nosotros desde la voluntad lo resolvemos; la movilidad, por ejemplo, la mayoría de nosotros no vivimos en donde trabajamos, y los 200 vehículos que dice el Gobierno no están disponibles, están rotos, en desuso. Usamos nuestros vehículos y pagamos el combustible de nuestro sueldo”, aclara Marcelo Ruesta, técnico y delegado gremial del INAFCI. Agrega: “Todos los trabajadores estamos precarizados. La mayoría tiene contrato anual, no hay reconocimiento de permanencia”.

Desde la asunción del gobierno de Javier Milei, el INAFCI no tuvo nuevas autoridades; cada dirección hizo un informe de gestión que nunca se presentó por un motivo inapelable: no hubo jefes que los recibieran.

“Lo grave es que montan una mentira”, dice Laura Brusca, ingeniera agrónoma y parte del personal técnico del Instituto. “No somos casta, ni ñoquis, ni militantes de los gobiernos de turno. Somos trabajadores con hasta 30 años de antigüedad que acompañamos la producción de alimentos sanos y de sistemas productivos sustentables».

«Se acercaron a las chacras y confiaron en nosotros»

Durante la mañana del viernes 22 de marzo, en la oficina que el Instituto Nacional de Agricultura Familiar, Campesina e Indígena tiene en Eldorado, Misiones, se realizó una asamblea de las organizaciones y comunidades de la agricultura familia con los técnicos despedidos para “sumar en una sola voz el reclamo ante un golpe muy duro al sector”.
Miriam Samudio, de la Cooperativa de Productores Independientes de Piray, fue una de las oradoras más emocionadas. “Me vinieron los recuerdos de cuando empezamos a luchar por nuestras tierras. Nadie creía que pudiéramos lograr que la multinacional Celulosa Arauco se retirara de los campos detrás de nuestras casas y que empezáramos a trabajarlas. Fueron los técnicos del Instituto quienes se acercaron a las chacras donde no llegaba nadie y nos enseñaron un montón de cosas; capacitándonos, logrando realizar proyectos productivos. Confiaron en nosotros que queríamos mejorar nuestra calidad de vida”.