En el amplio espectro de reformas que el gobierno de Javier Milei apuesta por consolidar en los próximos meses, la del Código Penal está dentro de las prioridades. Abrazados a la eterna batalla cultural, a la que dentro del oficialismo le atribuyen el éxito de las modificaciones sustanciales que logró calar el oficialismo libertario desde su llegada al poder, el gobierno tiene como meta inmortalizar la ya instalada “Doctrina Bullrich”, con la que apuestan hacer trascender las políticas de orden, castigo y represión que impuso la ministra durante sus dos años de gestión.
Para ello, Milei impulsará el proyecto de modificación del Código Penal. Será durante el periodo de sesiones extraordinarias en el Congreso, que el Ejecutivo convocará en las próximas horas mediante la firma de un decreto que se publicará en el Boletín Oficial. Se realizarán entre el 11 y el 31 de diciembre con posibilidad de extenderlas hasta febrero. La presentación del mismo estuvo a cargo esta semana de la propia Bullrich, quien utilizó la sala de conferencias de la Casa Rosada como escenario de su última gran aparición como ministra antes de traspasar el mando a Alejandra Monteoliva, quien ofició como su segunda hasta este martes.
En aquella presentación, la flamante senadora expuso que los principales objetivos del gobierno con esta reforma es conseguir que la justicia “llegue a tiempo” y buscar que las condenas sean ejemplares para que la sociedad no la sienta insuficientes. En este sentido, desde el Ejecutivo advirtieron que para ello las mismas pasarán a ser de cumplimiento efectivo, para asegurarse que la delincuencia sea correctamente penada. Además Bullrich se encargó de hacer especial hincapié en los tiempos de condena y sus ejecuciones. Desde Casa Rosada, la funcionaria adelantó que con el nuevo código penal el 82% de los delitos van a tener prisión efectiva. “No queremos que nos encontremos a la vuelta de la esquina con delincuentes que deberían de estar presos y vuelven a delinquir”, dijo entonces la saliente funcionaria.
Pese a que la presentación se hizo este lunes, lo cierto es que los pormenores de la ley aún no están listos. El texto final todavía está siendo redactado por la mesa técnica que se consolidó desde hace varios meses para evaluar punto por punto los ítems a modificar del actual código y pulir con ojo quirúrgico los que apuesten por sumar. En rigor, desde el oficialismo quieren evitar cualquier conflicto posterior que pueda generar una mala interpretación de la ley y, por sobre todo, evitar que los dogmatismos se interpongan en la pieza jurídica.
Los encargados de llevar adelante la escritura del nuevo proyecto son: el asesor presidencial Santiago Caputo, quien varias veces por semana recibe en su cada vez menos pulcro despacho a su amigo y viceministro de Justicia, Sebastián Amerio; la electa senadora y ex ministra de Seguridad, Patricia Bullrich; la secretaria Legal y Técnica, María Ibarzabal y el director nacional de Normativa y Enlace Judicial del Ministerio de Seguridad Nacional, Fernando Soto. En conjunto, los cerebros legales del oficialismo analizan punto por punto cada uno de los artículos y, semana a semana, hacen modificaciones y sugerencias para alcanzar un texto digno.
Pese a haber hecho circular lo contrario meses atrás y que el propio Ministro de Justicia, Mariano Cúneo Libarona, se refiriera al tema, el gobierno no tiene intención de eliminar la figura del femicidio del Código Penal. En enero de este año, este diario contó en exclusiva que el oficialismo buscaba impulsar el proyecto de Igualdad ante la Ley, con el que pretendían juzgar bajo la misma figura legal los asesinatos hacia varones y mujeres, sin tener en cuenta los agravantes de odio de género y violencia machista que desde el 2012 están vigentes en la Ley 26.791.
Las amenazas no fueron más que eso. Finalmente la figura del femicidio se mantendrá dentro del código penal y seguirá teniendo una pena de reclusión perpetua como hasta el momento. El mismo destino tendrá la Ley de Interrupción Voluntaria del Embarazo, ya que importantes funcionarios del cuerpo legislativo hicieron circular que el gobierno buscaría derogar en el corto tiempo. “No es el momento de reabrir un debate que podría tener más costos que beneficios”, dijo a Tiempo un integrante de la mesa chica encargada de redactar el nuevo código.
En tanto, el gobierno sí impulsará un aumento de las penas de la figura de homicidio simple que hasta el momento se mantiene en 25 años. De aprobarse la reforma, la misma pasará a tener una pena máxima de 30 años con posibilidad de sumar agravantes que multipliquen aún más los años de encarcelamiento. Los magnicidios, por ejemplo, se condenarán con reclusión perpetua. En tanto, se sumará la figura de Conducción Imprudente, una lucha encabezada por la asociación de Madres del Dolor. La pena actual es de uno a tres años y, en la figura agravada, de dos a cuatro años. La intención es modificar el mínimo de dos a seis, y si es agravada, de tres a seis años.
Entre los cambios que el oficialismo apuesta por sumar a este nuevo código penal se encuentra la búsqueda de concatenar las penas con el delito cometido y el daño causado. En concreto, la norma establecerá que los agravantes tengan un rol fundamental en la consolidación de la pena final y los años de cárcel que impliquen su cumplimiento. En este punto, uno de los agravantes que sumará el nuevo código será la edad de las víctimas de delitos y/o homicidios. Si éstas son menores a 16 años o mayores a 65, el victimario tendrá una consideración mayor en su pena. Lo mismo ocurrirá si se trata de un delito cometido hacia un docente o directivo de escuela en funciones.
En tanto, el nuevo código tendrá un apartado detallado para los delitos de corrupción, que pasarán a tener penas graves y gravísimas de acuerdo al delito cometido. En este punto, el gobierno buscará eliminar la prescriptibilidad de este tipo de crímenes, que hoy es hasta diez años después del hecho. Lo mismo ocurrirá con los casos de corrupción de menores, sustracción, retención, y ocultamiento de menores con fines sexuales, trata de menores, trata de personas, secuestros extorsivos, atentados al orden constitucional y al sistema democrático, procesos contra organizaciones criminales, delitos contenidos en la Ley Antimafia, terrorismo y financiamiento del terrorismo, tráfico y contrabando de estupefacientes.
La norma establece que todos estos crímenes tendrán una condena de cumplimiento efectivo y en ningún caso se podrá acceder a salidas transitorias o de estudio. Respecto a este último punto, el gobierno buscará impulsar que los tribunales le comuniquen a las víctimas cada vez que su victimario sea beneficiado con una condena condicional, una salida condicional, transitoria o educativa. En este sentido, quieren que el código penal nacional se haga extensivo a todo el territorio nacional, sin que las provincias tengan potestad para aplicar sus códigos.
Las modificaciones del texto final todavía se están llevando adelante. Dicen en el gobierno que todavía tienen tiempo para seguir cambiando. Según confiaron a este diario fuentes del Ejecutivo, la idea es que el proyecto se presente junto al resto del paquete de leyes que el oficialismo aspira a tratar después del 10 de diciembre en el Congreso, con la intención de que su tratamiento comience formalmente en febrero.
