Las protestas en Bolivia por parte de los seguidores del expresidente Evo Morales cumplieron este lunes una semana en medio de un agravamiento del desabastecimiento de alimentos y combustible debido a los bloqueos de rutas, y de momento no se avizora ninguna solución al conflicto.
Los descontentos exigen la renuncia de los jueces que inhabilitaron a Morales como candidato presidencial para 2025.
Los bloqueos agudizaron todavía más el enfrentamiento entre Morales y el presidente Luis Arce, su antiguo aliado y exministro de Economía, a quien los seguidores del exmandatario acusan de boicotear su candidatura con la ayuda de congresistas y jueces.
Ambos fueron proclamados por sus seguidores como candidatos a la presidencia en 2025.
«Hoy tenemos 25 puntos de bloqueo en el país, generando un desabastecimiento a nivel nacional de alimentos e inclusive de hidrocarburos», expresó Jhonny Aguilera, viceministro de Régimen Interior, en un balance suministrado a la prensa.
Las protestas, que comenzaron en ocho tramos viales, fueron en aumento y no tienen visos de solución.
Los manifestantes, encabezados por los cocaleros, obstruyen el paso con troncos, piedras, neumáticos y hogueras.
Treinta y dos policías resultaron ya heridos en los choques con los campesinos, y también se reportan oficialmente 11 detenidos y dos personas que murieron varadas en los cortes que incomunicaron el oriente con el occidente del país.
Las ciudades más afectadas por el desabastecimiento de productos son La Paz, sede de Gobierno, Cochabamba y Santa Cruz, zona productora y motor económico del país.
Germán Jiménez, director de la Agencia Nacional de Hidrocarburos, lanzó una voz de alerta frente al riesgo de un accidente con los camiones cisterna cargados de combustible que quedaron atrapados en las protestas.
«Puede generarse una explosión», advirtió a la emisora local Unitel.
La Federación Departamental Única de Trabajadores Campesinos «Tupac Katari» de La Paz se declaró en emergencia por las pérdidas económicas que ocasionan los bloqueos de caminos instigados por Evo Morales y anunció procesos penales en contra de «supuestos dirigentes que promueven la medida por intereses netamente políticos».
“Estamos en estado de emergencia. Estamos viendo a algunos autonombrados dirigentes que quieren desestabilizar a nuestras organizaciones sociales y atentar contra la democracia y la economía de la población. Ponciano Santos y Humberto Claros no son dirigentes, ellos se autonombraron con fines netamente políticos”, denunció el secretario ejecutivo de la organización sindical, Luciano Marca.
En conferencia de prensa, Marca y su comité ejecutivo rechazaron los cortes y denunciaron que la medida es financiada y promovida por exautoridades y autoridades del ala radical del Movimiento Al Socialismo (MAS), publicó la agencia estatal de noticias ABI.
Los seguidores de Morales salieron a las rutas para pedir la renuncia de los jueces constitucionales que en diciembre inhabilitaron a su líder para la carrera presidencial de 2025.
De acuerdo con su sentencia, el líder indígena ya ejerció los dos mandatos que permiten las normas.
Amparado en reformas constitucionales, Morales, de 64 años, ocupó la presidencia entre 2006 y 2019, cuando se vio forzado a renunciar por las protestas que denunciaban un fraude en las elecciones en las que buscaba obtener un cuarto mandato.
Sus simpatizantes alegan que los magistrados deben dejar sus cargos después de haberse prorrogado los mandatos, ante las trabas en el Congreso -de mayoría oficialista- para convocar a las elecciones el año pasado.
