Organizaciones de la sociedad civil presentaron un amparo colectivo para detener el proceso de privatización de la empresa estatal Agua y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA), impulsada por el Gobierno nacional. Las organizaciones alertan que esta medida pone en riesgo la continuidad de planes de inversión de obras públicas necesarias para cloacas, acceso al agua y saneamiento ambiental.
Desde la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), el Foro Hídrico de Lanús, la Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos (ACDH), la Fundación Ambiente y Medio, el Espacio Oikos de Lanús y la Asociación Argentina de Abogados/as Ambientalistas explicaron que esta acción legal busca proteger el derecho humano al agua potable frente a una privatización que privilegia la rentabilidad financiera y que puede afectar obras críticas como las realizadas en torno al Sistema Riachuelo.
AySA tiene un papel central en la ejecución de obras vinculadas al Sistema Riachuelo, considerado uno de los proyectos de infraestructura sanitaria más importantes del país. Estas intervenciones son esenciales para reducir la contaminación, ampliar el acceso a servicios básicos y mejorar la calidad de vida de más de 4,7 millones de personas que habitan la cuenca.
Saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo
El fallo “Mendoza”, dictado por la Corte Suprema de Justicia el 8 de julio de 2008, fue el hito jurídico y ambiental más importante de Argentina que obligó al Estado a dar respuesta a la grave situación socio-ambiental de la cuenca Matanza-Riachuelo. Sin embargo, el 22 de octubre de 2024 la Corte decidió cerrar el caso, a pesar de que gran parte de las metas vinculadas al acceso al saneamiento y salud pública continúan sin cumplirse plenamente.
Entre los objetivos pendientes está la cesación de la contaminación de origen industrial, cumplimiento del programa de información pública, saneamiento de basurales, limpieza de los márgenes del río, expansión de la red de agua potable, extensión del sistema de desagües pluviales y saneamiento cloacal, y plan sanitario de emergencia.
FARN explicó que si bien la Autoridad de Cuenca (ACUMAR) permanece en actividad, no tiene un respaldo institucional presupuestario, ni la fuerza política para continuar con el trabajo necesario para remediar la contaminación. De hecho, las partidas presupuestarias destinadas al saneamiento de la cuenca sufrieron un recorte nominal de $37.040 millones en 2025. Tampoco existe un proceso de control efectivo ni supervisión de sus actividades, avances, demoras u omisiones.
Según ACUMAR, en 2024 los fondos para saneamiento e infraestructura cayeron un 76,6% real debido a la subejecución. Ese mismo año, el presupuesto nacional para la causa «Mendoza» cayó un 69%, representando apenas el 0,08% del gasto total del país. Instituciones clave como el Ministerio de Hábitat fueron disueltas y los equipos territoriales de ACUMAR y del Instituto de Vivienda de la Ciudad (IVC) fueron drásticamente reducidos.
¿Qué dice el amparo?
Las organizaciones denunciantes advierten que el Estado Nacional busca vender el 90% de las acciones de AySA sin haber analizado el impacto ambiental y social que ello implica y sin haber realizado una auditoría que identifique las obras pendientes de ejecución, las contingencias sanitarias o los pasivos ambientales, entre otras cuestiones.
Además, afirman que el acceso a la información técnica se ha visto restringido a un «Data Room» que consiste en un espacio confidencial para oferentes en el marco del proceso licitatorio, violando la Ley de Acceso Información Pública Ambiental y el Acuerdo de Escazú. Tampoco se ha convocado a una audiencia pública a fines de que la ciudadanía pueda expresarse respecto de una privatización del servicio de agua potable que va en contra de la tendencia global orientada a la gestión pública del agua.
En este contexto de planes privatizadores de servicios públicos esenciales, de abandono de obras clave para mejorar la calidad de vida de millones de personas y de desprotección de los derechos humanos y ambientales, es que promovemos una acción de amparo y una medida cautelar tendientes a impugnar un proceso licitatorio plagado de irregularidades y a resguardar los derechos en juego.
Para las organizaciones, el agua no es una mercancía: es un derecho humano fundamental que el Estado no puede ni debe privatizar.
