El gobierno se ufanó de la baja de 950 mil planes Volver al Trabajo a partir del 9 de abril como parte de un ajuste más general en la Secretaría de Trabajo.
El programa resultó la continuidad de su antecesor el Potenciar Trabajo dependiente de la cartera de Desarrollo Social y que pasó a la órbita laboral desde el 1 de enero de 2023 por una decisión del ex ministro de economía Sergio Massa adoptada en agosto de 2023. La actual gestión dio continuidad a la medida y prometió, por enésima vez, garantizar un empalme con los sectores productivos sobre la base de ofrecer exenciones impositivas y beneficios.
Al mismo tiempo desacopló el monto del ingreso de la evolución del salario mínimo vital y móvil. De esa forma el ingreso quedó congelado en $78 mil pesos desde marzo de 2024.
La decisión de dar de baja definitivamente el programa luego del fracaso resonante de la mentada reinserción productiva en un contexto recesivo consagra un ajuste que, anualizado, llega hasta los U$S 1,5 mil millones.
Sin embargo la acción conjunta de todas las organizaciones sociales y piqueteras logró un primer triunfo y una orden judicial para que el gobierno restituya ese ingreso a los casi un millón de beneficiarios.
Es que, a la par de un plan de acción coordinado entre las organizaciones que integran la UTEP y las que se agrupan en el Frente de Lucha Piquetero que incluyó asambleas comunes en las terminales de trenes el 31 de marzo y cortes de ruta en más de cien puntos en todo el país el 7 de abril, las organizaciones realizaron una demanda colectiva bajo la forma de un amparo en reclamo de una medida cautelar que logró asidero en el poder judicial.
El Juzgado Federal de Campana dio lugar a la medida cautelar de aplic ación inmediata ordenando al Estado Nacional y al Ministerio de Capital Humano a “que mantenga la vigencia de las prestaciones económicas que percibían los beneficiarios” del programa en cuestión, dando un “plazo de tres (3) días de notificada la presente y hasta que se dicte sentencia definitiva”
De no cumplir con los plazos de la resolución, aclararon en un comunicado firmado por más de 60 organizaciones, “se adelantó que se multará al Estado por cada día de incumplimiento”.
Este fallo, analizaron, “es un reconocimiento a la crisis social que atraviesan los barrios populares en nuestro país ya que se asume que genera una afección a la comunidad de conjunto”. Para los dirigentes de las organizaciones sociales se trata de un triunfo para los beneficiarios de “un programa por el cual se desarrollan un sinnúmero de trabajos y tareas en comedores comunitarias y cooperativas de trabajo”.
A la vez, adelantaron que “entendemos que el gobierno apelará contra esta disposición judicial como lo ha hecho con otras causas como son las pensiones por discapacidad, medicamentos oncológicos, entre otras, pero entendemos que esta resolución acompaña y fortalece el plan de lucha que la totalidad de los movimientos sociales del país venimos llevando a cabo contra los ataques y el ajuste que el gobierno nacional viene impulsando contra los sectores populares.
La Justicia acaba de darle un reves a la decisión brutal de Milei de dar de baja a 1 millón de trabajadores.
— eduardo belliboni (@EBelliboni) April 21, 2026
Le da carácter colectivo es decir para todos.
Le da 3 días para devolver.
Le dice que si no cumple le va a poner multa inmediata.
La lucha rinde !!!
Ahora pic.twitter.com/Cf2Udss91B
Además denunciaron que la decisión pretende “atacar la organización comunitaria que existe en los territorios con el objetivo de desarmar las organizaciones populares y dejar tierra arrasada para que se amplíe el despliegue del narcotráfico como ocurre actualmente”.
Desde la UTEP aseguraron que “el magistrado dejó en claro que el programa Volver al Trabajo cumple la función de ser un ‘ingreso mínimo de carácter alimentario, integrado a una estrategia de inclusión sociolaboral’.
La organización indicó que “no tienen excusas para no pagar el mes que viene. Si no depositan, estarán desobedeciendo una orden judicial”.
La secretaria gremial de la UTEP Johana Duarte señaló a Tiempo que “esto reafirma lo que venimos diciendo que sacarle el salario a los trabajadores de la economía popular es totalmente ilegítimo porque de manera arbitraria y con un claro sesgo de discriminación a los sectores más humildes el gobierno le quita su ingreso (el volver al trabajo) afectando directamente sus derechos constitucionales”.
Por su parte, Eduardo Belliboni, dirigente del Polo Obrero y el Frente de Lucha Piquetero señaló que «acaba de producirse un fallo donde se presentaron a titulo individual una serie de compañeros que ha dado como resultado que la justicia le dio validez a la denuncia que hemos realizado y por la cual estamos haciendo un plan de lucha enorme que sigue la semana que viene».
El dirigente puntualizó que la respuesta judicial atiende «lo que es elemental y es que las personas que tienen ese programa que es de trabajo y están en una situación de extrema necesidad (por eso están en ese programa) no pueden ser privados de ese ingreso porque corre riesgo la cuestión alimentaria. Este es un primer fallo y exigiremos que se ratifique en las siguientes instancias porque seguramente el gobierno va a apelar. Pero nosotros vamos a empujar un plan de lucha muy fuerte para acompañar estas medidas judiciales».
Duarte indicó que “la justicia que ellos usaron para perseguirnos hoy dice que Milei y Pettovello son los delincuentes que le quitan el salario a los humildes”
