La industria láctea argentina sumó un nuevo y trágico capítulo a su proceso de desguace estructural. El juez Federico Güerri, titular del Juzgado Comercial Nº 29, decretó formalmente la quiebra de Alimentos Refrigerados S.A. (ARSA), la firma que desde 2016 gestionaba la unidad de postres y yogures de SanCor. La resolución judicial no solo ordena la liquidación total de los activos, la inhibición de bienes y el embargo de fondos, sino que formaliza el despido de casi 400 trabajadores que prestaban servicios en las plantas de Lincoln (Buenos Aires) y Monte Cristo (Córdoba).
El desenlace representa el fracaso rotundo de un modelo de gestión que comenzó bajo la órbita de un holding vinculado al Grupo Vicentin y terminó en manos de la firma venezolana Maralac SA. Pese a las promesas de modernización, la realidad de los últimos dos años estuvo marcada por deudas acumuladas con transportistas, proveedores y energía eléctrica, sumado a un vaciamiento operativo que dejó a marcas emblemáticas como Shimmy, Yogs, Sancorito y Sublime fuera de las góndolas.
La situación de los operarios es de extrema vulnerabilidad. Muchos de los despedidos contaban con más de 30 años de antigüedad y hoy se ven obligados a recurrir a la justicia mediante presentaciones de «Pronto Pago Laboral Colectivo» para intentar cobrar indemnizaciones, preavisos y salarios adeudados que la empresa dejó de abonar mucho antes del fallo. La caída de ARSA no es un hecho aislado, sino que se enmarca en una crisis sistémica que ya amenaza a otras firmas del sector, como Lácteos Verónica, donde peligran otros 700 puestos de trabajo.
Si bien la dirección de la empresa intentó escudarse en la coyuntura económica —citando la caída del consumo, la inflación y el aumento de costos—, analistas del sector y representantes gremiales apuntan a una negligencia patronal y a un concurso preventivo que nunca buscó seriamente un rescate, sino que funcionó como la antesala de una liquidación que deja a dos comunidades industriales sumidas en la incertidumbre y el desempleo.
