“Este enfoque de las empresas populares que traen los villeros, y que yo comparto plenamente, soluciona dos problemas gravísimos. El primero es el de la falta de trabajo que ha aumentado. Y en segundo lugar, el hecho de que las casas sean construidas por los mismos villeros, con la colaboración técnica y financiera del gobierno del pueblo, es una forma concreta de economizar dinero, eliminar intermediarios o contratistas que se llevan la parte del león”. Con estas palabras el padre Carlos Mugica renunciaba en agosto de 1973 a su cargo ad honorem en el Ministerio de Bienestar Social.

No solo se enfrentaba al enfoque de José Lopéz Rega que nada quería saber con las cooperativas villeras, sino que también fue acusado de actos de corrupción por el secretario privado de Perón. “El ministro ha dicho que rinda cuenta por el subsidio de 34 millones otorgado a las villas de Retiro. Creo que está bien que ha cada funcionario se le exija la rendición total del dinero que se le entrega ya que es el dinero del pueblo, pero digo que quizá él no ha sido bien informado porque yo hace un mes vengo rindiendo cuentas de manera exhaustiva”, declaró Mugica en la misma entrevista.

Foto: Gentileza Juan Manuel Erazo

El mismo ministro que quiso obligarlo a contratar empresas privadas para el armado de viviendas en las villas, y que luego lo señaló por corrupción, fue el mismo que meses más tarde ordenó ejecutarlo mediante su brazo paramilitar: la Alianza Anticomunista Argentina. 50 años más tarde, los métodos para desfinanciar las obras en barrios populares no han cambiado demasiado. A una encarnizada operación mediática para poner en tela de juicio el manejo del Fondo de Integración Socio Urbana (FISU) y la gestión de la catequista villera, Fernanda Miño, al frente del mismo, le continúo el desfinanciamiento del fideicomiso y un sinfín de tramitaciones burocráticas para no concluir las obras abiertas en barrios populares.

También 50 años después, en una multitudinaria misa en el Luna Park para conmemorar el martirio del padre Mugica, el Equipo de sacerdotes para la pastoral en las villas de CABA y GBA, más conocido como Curas Villeros, volvió a poner sobre la mesa la necesidad de continuar con las obras en los barrios populares. “La integración urbana es tarea de toda la sociedad, pero principalmente del Estado ¿Pero qué pasa cuando el Estado se desentiende? Lamentablemente, la integración urbana tiene un tiempo, y si no se realiza en tiempo y forma, las villas se favelizan, es decir, cristalizan formas urbanas tan inexpugnables como hacinadas e inhumanas”, manifestó el documento leído por los curas ante la multitud del Luna. 

Foto: Gentileza Juan Manuel Erazo

“Cuando los procesos de integración urbana llegan a tiempo pueden abrir calles, dotar de infraestructura, y con el paso del tiempo esos barrios terminan siendo barrios como cualquier otro, perfectamente integrados al ejido urbano. Ausencia del Estado es favelización, y la favelización es el caldo de cultivo de innumerables males de nuestra sociedad” culminaron los curas luego de la misa presedida por el arzobispo de Buenos Aires Jorge Ignacio García Cuerva.

Esta misa sirvió como puntapié inicial para abrir una semana donde la Mesa Nacional de Barrios Populares (MNBP) encarara asambleas en barrios y obras, y así llegar a una gran jornada nacional de visibilización pensada para el miércoles 15 en las principales plazas del país. Las cooperativas de trabajo nucleadas en la Mesa hicieron bendecir sus herramientas en las escalinatas de la Catedral Metropolitana y participaron de la procesión que culminó en el Luna Park.

“Venimos llevando adelante una campaña por el acceso al agua en los barrios populares, por electricidad segura para que no se nos prendan fuego los ranchos, para poder conectarnos a las cloacas. Son cosas muy básicas por las que luchamos las cooperativas. La unidad que se vienen sembrando es cada vez más grande incluyendo a Caritas, Techo, las organizaciones nucleadas en la UTEP, y demás organizaciones con las que vamos a defender las políticas que venimos construyendo en este último tiempo. Espero que el gobierno escuche las demandas de las barriadas”. Gastón “Batara” Reyes es referente nacional de la rama de construcción del Movimiento de Trabajadores Excluidos (MTE) y encabezó la procesión junto a la bandera de la MNBP.

Foto: Gentileza Juan Manuel Erazo

Por su parte, Lila Calderón, también referente de la MNBP en las tierras patagónicas, siente una profunda preocupación por la situación actual de las políticas de integración socio  urbana: “Desde que asumió Javier Milei la situación se ha tornada mucho más crítica. Comenzaron a desfinanciarse las obras en los barrios, eso trae como consecuencia una gran cantidad de compañeros y compañeras que se han quedado sin la posibilidad de trabajar. Sentimos mucha tristeza y bronca porque este gobierno ha venido a desfinanciar una política que nos ha costado muchísimo construir. Los relevamientos, el certificado de vivienda familiar, las obras, son herramientas que necesitamos para no caer aún más en la miseria y la exclusión”.

Ahora bien, hagamos una breve reseña para entender porque Curas Villeros y organizaciones sociales vuelven con fuerza a pedir obras en los barrios populares. La sanción en 2018 de la Ley Nacional de Barrios Populares (refrendada por el Congreso en octubre del 2022) dio mayor marco legal al Registro Nacional de Barrios Populares (RENABAP) y estipuló la creación de la Secretaria de Integración Socio Urbana (SISU) y el Fondo de Integración Socio Urbana (FISU). Ya en el gobierno de Alberto Fernández, fue Fernanda Miño quien asumió la tarea de comandar la SISU y ejecutar el FISU, nutriéndolo con porcentajes del aporte de las grandes fortunas y el impuesto PAIS, además de fondos del Banco Interamericano de Desarrollo (BID).

Durante la gestión 2020 – 2022 la SISU desarrolló más de 1300 obras de integración sociourbana, 260 mil mejoramientos habitacionales mediante el Mi Pieza y otros programas, y 24 mil lotes con servicios. Todas estas obras beneficiaron a más de 350 mil vecinos y vecinas de barrios populares. “Si no es la mejor gestión del gobierno anterior, pega en el palo” dijo en una entrevista Sebastián Pareja.

¿Quién es Pareja? El nuevo subsecretario de la SISU y hombre fuerte de Milei en la provincia de Buenos Aires ¿De qué estaba defendiendo a la SISU en aquella entrevista? Paradójicamente frente a un agresivo asedio mediático que intentaba poner en tela de juicio al FISU, y también frente a las intenciones de funcionarios del mismo gobierno, como el ministro de Economía, Luis Caputo, que intentaban desfinanciar y hacerse con el fondo.

El objetivo fue logrado. Mediante el Decreto 193/2024 lanzado en febrero de este año, el presidente Javier Milei ordenó el desfinanciamiento del FISU, a lo que le siguió una serie de resoluciones que minaron el camino de las obras con diversas trabas burocráticas. La plata está, ya que las arcas del FISU cuentan con los números necesarios para garantizar mínimamente la finalización de las obras inconclusas. Al día de la fecha, Pareja desesperadamente  promete que los desembolsos se darán, pero Economía parece demostrar lo mismo. Ni la movilización sufrida en las puertas de su casa residencial en zona norte pudo doblegar la voluntad del ministro de no dar ni un peso para continuar con las obras en barrios populares.

Mientras tanto la situación en villas, asentamientos y barriadas es desesperante. Más de 40 mil puestos de trabajo peligran, sin hablar de la vida interna que se dinamiza a partir de las obras. Abrir una canilla y que el agua salga, o que las vidas no corran más riesgo por conexiones de luz precarias, no son cosas naturales para millones de argentinos. Lejos se está del sueño de Mugica de habitar un país con miseria erradicada en los barrios. Mientras tanto cooperativas, organizaciones, curas y vecinos darán la pelea y en cada cartel de una obra que se detengan colgaran una faja señalando a los responsables: “obra paralizada por el gobierno nacional”.