El Instituto Nacional de Servicios Sociales para Jubilados y Pensionados (Pami) “no está en crisis, se está ordenando”. El Plan Remediar “no se elimina, se modifica”. El Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de endemo-epidemias (Cendie) no se cierra, se “fusiona” con el Instituto Nacional de Parasitología. Para el Gobierno, los efectos del ajuste sobre la salud pública parecen resumirse en una cuestión semántica.
Jubilados y jubiladas de distintos puntos del país se encargan de dar testimonio para dejar en claro que el desguace del sistema sanitario es real y palpable, tanto como tener que elegir cuál de los medicamentos recetados comprar, porque es imposible acceder a todos. “Pami tiene alrededor de un millón de personas de más de 80 años sobre los cinco millones de beneficiarios (…) Es una carga muy grande”, argumentó el ministro de Salud, Mario Lugones. La deuda de PAMI llegó a superar los 500 mil millones de pesos. En los últimos días, cuando el conflicto escaló, hubo desembolsos por alrededor de 150 mil. El Gobierno promete que abonará los 350 mil millones restantes. Esta semana los médicos de cabecera hicieron tres días de paro: reclaman por la resolución que fija en $ 2100 el pago por paciente. Implica cobrar hasta un 50% menos.
Las últimas intervenciones públicas de Lugones fueron para justificar la situación del PAMI y para respaldar al denunciado jefe de Gabinete, Manuel Adorni. Con él compartió un recorrido por el Instituto Malbrán, con la excusa de inaugurar un laboratorio de máxima seguridad que, según avisó el personal, ya había sido inaugurado antes. Pese al operativo cerrojo, ATE logró acercar un petitorio denunciando “el deterioro crítico de la institución, reflejado en pérdida de poder adquisitivo del salario del 45%, una restricción presupuestaria del 25% y la pérdida del 15% del personal”. En ese escenario Lugones posó sonriente junto a Adorni y la secretaria General de la Presidencia, Karina Milei.
La culpa es de la OPS/OMS
Los reclamos por escasez de vacunas se sumaron al panorama en los últimos días. El tema no es nuevo y ya se venía denunciando desde la Provincia de Buenos Aires, pero recrudeció a partir de declaraciones de la secretaria de Salud y Desarrollo Humano de Córdoba, Liliana Montero, quien aseguró que desde Nación “comunicaron oficialmente que se corta el envío de vacunas de calendario”, como la Triple Viral, BCG y HPV. Todo a semanas de que comience la temporada alta de enfermedades respiratorias.
Ante la consulta de Tiempo, el Ministerio de Salud respondió con una nota de la Organización Panamericana de la Salud (OPS) donde avisa que “la crisis en el Medio Oriente continúa generando impactos significativos en la logística global” y produce “demoras promedio de aproximadamente una semana en los tiempos de entrega”. La nota fue emitida el 4 de abril. Casi un mes antes, el 11 de marzo, el ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, publicaba su primer mensaje sobre faltante de vacunas. En los últimos días municipios como Escobar y San Martín salieron a advertir a los vecinos que no les quedaban más dosis antigripales porque Nación había dejado de enviar.
El jueves último, la desmentidora Oficina de Respuesta Oficial tildó de falsas las declaraciones de Montero pero admitió que “el Ministerio de Salud de la Nación redefinió el cronograma de entregas y avanza en alternativas de adquisición local” ante las demoras informadas por la OPS. Organismo que es parte de la Organización Mundial de la Salud (OMS), de la que la que el gobierno de Javier Milei eligió salir para imitar los pasos de Estados Unidos. Todo tiene un costo.
A última hora del viernes, el Ministerio de Salud emitió un «comunicado conjunto» con la OPS e informó que ambos organismos «acordaron presentar un plan de entregas que se actualizará de manera periódica con las fechas estimadas». Las demoras y faltas de envíos eran ciertas.
Comunicado conjunto del Ministerio de Salud de la Nación y la Organización Panamericana de la Salud pic.twitter.com/19xqLG4hPh
— Ministerio de Salud de la Nación (@MinSalud_Ar) April 17, 2026
Tanto el primer reclamo de Kreplak como el último de Montero hacían referencia también a la faltante de vacuna Covid pediátrica, que si bien no fue incluida al Calendario Nacional -pese a una recomendación de la Comisión Nacional de Inmunizaciones (CoNaIn) en ese sentido en 2024- está recomendada desde la Sociedad Argentina de Pediatría (SAP) para bebés de seis a 24 meses –igual que la antigripal- y para infancias con factores de riesgo. Hace meses que no hay dosis disponibles de la vacuna Moderna, para menores de 12 años, en vacunatorios del país. La cartera de Lugones contestó que “hay un contrato vigente con Pfizer”, que no provee vacunas para menores de 12, y que “pueden comprar las jurisdicciones (como sucede con Dengue)”. No hubo respuesta sobre si volverán a comprar la vacuna Covid pediátrica.
Sin barrera de protección
Este diario contó la semana pasada que a partir de la “fusión” del Centro Nacional de Diagnóstico e Investigación de endemo-epidemias (Cendie) con el Instituto Nacional de Parasitología, en el marco de un proceso que implicó 39 despidos de directivos, investigadores y administrativos del Malbrán, quedaron 42.000 vinchucas a la deriva. Están en el Hospital Colonia Santa María de Punilla, en Córdoba, sede de la Unidad Operativa de Vectores y Ambiente (Unove). Las tres personas que se encargaban de mantener esos insectos clave para las investigaciones y control sobre Chagas fueron despedidas.
Tras la difusión de esa nota, trabajadores de la Dirección de Zoonosis y Control de Enfermedades Transmitidas por Vectores del Ministerio de Salud se contactaron con Tiempo para alertar que, allí también, el desguace avanza. El sector cuenta con un equipo técnico central, que nuclea a profesionales con alto nivel de formación, y 26 bases operativas en 14 provincias, con particular presencia en NOA y NEA. Allí se desempeñan agentes encargados del control de dengue, chikungunya, zika, Chagas, malaria, fiebre amarilla, leishmaniasis, encefalitis equinas, entre otras.
Desde enero de este año hubo 34 despidos en el sector, sobre un total de algo más de 200 trabajadores. “La mayoría eran técnicos de terreno de lugares alejados. En Salta, donde arrancó el brote por chikungunya, teníamos dos técnicos. Despidieron a uno, en el medio del brote”, remarcó uno de los trabajadores que permanece en la Dirección. Salta registró hasta la semana pasada 572 casos y el primero letal: un hombre de 68 años.
Desde una de las bases en el norte, otro agente de Vectores advirtió que a los despidos se suman las condiciones de trabajo de quienes quedan: “En algunas de las bases no hay luz, agua, ni internet por falta de pago; hay falta de provisión de elementos de protección personal; el mantenimiento del parque automotor y de maquinarias está siendo sostenido, en numerosos casos, por los propios agentes; no están pagando viáticos para ir a los territorios”. Mientras, los trabajadores perciben sueldos promedio de solo $ 800.000.
Desde la Dirección de Vectores hablan con miedo. Tanto quienes quedaron como quienes ya no tienen el empleo. Por temor a represalias que se traduzcan en perder lo actual o no conseguir otros trabajos, sobre todo en las bases de pueblos chicos, infiernos grandes. “Los agentes son la primera barrera de contención para mitigar la expansión de los brotes –resaltan quienes trabajan en los territorios-. En el Ministerio es vox pópuli que a la Dirección la van a ir diezmando porque la intención es que Nación sólo haga rectoría, nada concreto en territorio. Acá hay personal técnico con saberes específicos que se ocupa de capacitar a equipos provinciales. Si todo se elimina, no se va a poder recuperar”. «
Discapacidad: «El sistema se está cayendo y nadie responde»
Así como en los últimos días aumentaron los reclamos desde distintas provincias por falta de vacunas, también llegan por la situación del sector Discapacidad. El gobernador de Misiones, Hugo Passalacqua, pidió al ministro de Salud, Mario Lugones, “la regularización urgente de los pagos adeudados correspondientes a seis meses —por una suma superior a los 2500 millones de pesos— a los centros especializados que brindan asistencia a personas con discapacidad en el marco del Programa Federal Incluir Salud”.
Desde Córdoba, el gobernador Martín Llaryora afirmó que “dejar abandonados a los abuelos, dejar abandonadas a las instituciones de discapacidad, nos parece de una crueldad inmensa«. Anunció un “plan de asistencia” para el sector de 450 millones de pesos. Pero advirtió que la Provincia “no puede cubrir todo eternamente».
Pese a la sanción de la Ley de Emergencia en Discapacidad, que debía significar un alivio para uno de los sectores más golpeados por las políticas de ajuste, las demoras en pagos de Incluir Salud y Pami se tradujeron en interrupción de prestaciones y personas sin acceso a terapias y tratamientos. El sistema ya colapsó, según denuncian diversos actores del entramado.
El próximo miércoles las organizaciones nucleadas en el Foro Permanente Discapacidad harán cese de tareas y movilización al Ministerio de Salud. “Facturas impagas. Aranceles congelados. Así no se puede sostener. El sistema se está cayendo y nadie responde”, alertó la Asociación de transportistas para Personas con Discapacidad.
