Hay días que no se explican: se ejercen. El 10 de diciembre, Día Internacional de los Derechos Humanos, es uno de ellos, porque condensa esa tensión fundante entre un Estado que debe garantizar derechos y un gobierno que, en su pulsión por racionalizarlo todo -hasta la dignidad humana- pretende convencernos de que los derechos son un lujo prescindible, un gasto evitable o un estorbo administrativo. Spoiler jurídico: no puede.
La marcha del 10 de diciembre emerge como el recordatorio más eficaz de aquello que parece olvidado en el vértigo gubernamental: que en Argentina los derechos humanos no son una política pública contingente, sino una obligación constitucional reforzada, con rango de cláusula pétrea en la práctica si uno lee el artículo 1, el 14 bis, el 18, el 75 inciso 22 y, si queda alguna duda hermenéutica, la jurisprudencia interamericana que nos recuerda que el Estado no puede retroceder en estándares de protección sin violar su propia arquitectura jurídica.
Y acá es donde aparece la incomodidad: el poder actual tiene una relación complicada con la Constitución. La cita cuando conviene, la ignora cuando molesta, la relativiza cuando estorba. Lo que no comprende -o finge no comprender- es que el bloque de constitucionalidad no es un menú a la carta. No puede desfondarse presupuestos en áreas clave, deslegitimar organismos que fueron columna vertebral en la reconstrucción democrática y, al mismo tiempo, pretender sostener un discurso de institucionalidad. La institucionalidad no es un hashtag: es un límite.
Porque un nosotros incompleto -ese nosotros recortado, higienizado, el que el poder quisiera reducir a una foto prolija sin periferias ni pañuelos- siempre es la señal más clara del intento de retroceso democrático. El negacionismo edulcorado como “memoria completa”, la idea de que los crímenes de lesa humanidad admiten un revisionismo amable, la reducción del Estado a una caja registradora: todo eso no es ingenuidad retórica. Es un programa político que intenta hacer pasar regresión por modernización.
Y ahí aparece la calle, con su gramática precisa: la memoria no se implora, se practica. Los pañuelos blancos -que no son un símbolo sino un expediente vivo, una constancia histórica, una prueba irrefutable de responsabilidad estatal- vuelven a la Plaza para recordarnos que la lucha por los derechos humanos no se terceriza, no se delega, no se archiva. Que el Nunca Más no es un relato épico del pasado: es un límite jurídico del presente.
La potencia de la marcha está en su composición: generaciones cruzadas, lenguajes diversos, identidades múltiples convergiendo en una misma convicción constitucional. Abuelas y Madres no caminan solas: camina con ellas el principio de juridicidad, el artículo 1 mismo, la noción de Estado Democrático de Derecho. Camina la Interamericana entera, si se quiere. Y camina también un país que aprendió -a fuerza de dolores irreparables- que cuando el Estado se corre de su rol de garante, la sociedad debe ocupar el espacio para recordarle el contrato fundante que parece haber olvidado.
Los pañuelos no se tocan
El gobierno podrá desplegar protocolos, podrá militarizar el sentido común, podrá repetir que “el mercado se autogestiona” como si eso fuera un principio jurídico y no un deseo ideológico. Pero lo que no podrá -porque es jurídicamente imposible y políticamente ingenuo- es neutralizar la potencia normativa de la memoria.
El final es siempre el mismo, aunque cada época crea descubrirlo por primera vez: la calle corrige lo que el poder desdibuja.
Y entonces sí: el gobierno podrá controlar calles, pero no podrá controlar sentidos. Podrá firmar decretos, pero no podrá reescribir la memoria. Podrá insistir en el olvido, pero no podrá domesticar una verdad que ya es constitucional: que este país se reconstruye cada vez que alguien decide volver a la Plaza con un pañuelo en la mano.
Porque en la Argentina, la memoria no es un souvenir: es una categoría jurídica. Y mientras haya un pañuelo en alto, no habrá decreto capaz de clausurar la memoria.
