La ONU pidió hoy a Israel que evite las expulsiones forzadas de palestinos en Jerusalén este, y advirtió que tales acciones podrían constituir «crímenes de guerra», mientras persiste la tensión en los territorios tras la muerte de un palestino de 16 años a manos de las fuerzas de seguridad israelí. «Pedimos a Israel que ponga inmediatamente fin a todas las expulsiones forzadas», declaró Rupert Colville, portavoz del Alto Comisionado de la ONU para los derechos humanos, durante un encuentro con la prensa en Ginebra, citado por la agencia de noticias AFP.

Las declaraciones del funcionario se producen en momentos en que en Jerusalén se producen desde hace días las manifestaciones contra la posible expulsión de familias palestinas, en beneficio de colonos israelíes, del sector oriental de la Ciudad Santa, ocupado y anexionado por Israel. El barrio de Sheij Jarrá y otras zonas de Jerusalén este son escenario de un repunte de las tensiones durante los últimos días después de que un tribunal israelí determinó que cerca de 50 residentes palestinos deben abandonar sus viviendas en el barrio argumentando que las mismas pertenecieron a judíos antes de 1948.

Según la ley israelí, si los judíos pueden probar que su familia vivía en Jerusalén este antes de la guerra, que estalló tras la creación de Israel, pueden pedir que se les devuelva su «derecho de propiedad». Colville insistió en que «Israel no puede imponer su propio arsenal legislativo en un territorio ocupado, incluso en Jerusalén este». Israel capturó Jerusalén en 1967 y se anexionó toda la ciudad años más tarde, por considerarla su capital «única e indivisible».

La Ciudad Vieja, ubicada en Jerusalén este, la parte de la ciudad de mayoría palestina, alberga algunos de los sitios religiosos más importantes del judaísmo, como el Muro de los Lamentos, del cristianismo, como el Santo Sepulcro, y sel islam, como la Cúpula de la Roca y la Mezquita de Al Aqsa. «Debemos subrayar que Jerusalén este sigue formando parte del territorio palestino ocupado, en el que se aplica el derecho humanitario internacional» dijo Colville. «La potencia ocupante no puede confiscar la propiedad privada en un territorio ocupado» agregó. Precisó que la transferencia de civiles en este contexto era ilegal según el derecho internacional y «puede asimilarse a crímenes de guerra».

En tanto, el ejército de Israel mató a dos palestinos que abrieron fuego contra una base de la Policía Fronteriza en el norte de la ocupada Cisjordania, informaron autoridades del país hebreo citadas por la agencia de noticias Europa Press. Un portavoz de la Policía Fronteriza citado por el Jerusalem Post dijo que el ataque fue ejecutado por tres personas, una de las cuales se encuentra herida, y recalcó que no hay víctimas entre las fuerzas de seguridad de Israel. El suceso tuvo lugar cerca de un asentamiento ubicado en la ciudad cisjordana de Yenín, sin que hasta el momento ningún grupo haya reclamado la autoría.

El ataque aumenta las tensiones ya existentes en Jerusalén este, que llevaron al brazo armado del Movimiento de Resistencia Islámica (Hamas), las Brigadas de Ezeldín al Qassam, a advertir a Israel de que «pagará un alto precio». También las alas militares de Yihad Islámica y el Frente Popular para la Liberación de Palestina (FPLP) lanzaron advertencias similares durante las últimas horas. Los comunicados fueron publicados tras la muerte de un palestino de 16 años a manos de las fuerzas de seguridad durante la jornada del miércoles tras ser tiroteado por las fuerzas de seguridad durante una protesta.