La ofensiva mediático-judicial contra el Gobierno de Pedro Sánchez, que tiene un tono destituyente que no habría que verse como ajena a las posiciones del líder socialista en relación con la negativa al apoyo a Estados Unidos en su guerra contra Irán y sobre el genocidio en Gaza, incluye a su esposa, Begoña Gómez, al ex presidente José Luis Rodríguez Zapatero y a su exnúmero dos, José Luis Ábalos, condenado el lunes a 24 años de cárcel por corrupción.  

Pero Sánchez no es de los que tiran la toalla fácilmente, y en un acto  en el Imserso (Instituto de Mayores y Servicios Sociales) anunció la aprobación en el Consejo de Ministros de un nuevo Real Decreto que permitirá la inversión de 2.218 millones ‘extra’ para dependencia, que seguirá a pesar de las piedras, dijo, que le “están poniendo en el camino”. Según Sánchez, se trata de la «mayor inversión en dependencia de la historia de la democracia», lo que, precisó, «casi multiplica por cinco» la financiación estatal desde su llegada al Ejecutivo y que permitirá a la Administración financiar el 50% del sistema de dependencia elevando su aportación “hasta superar los 7.200 millones de euros en el año 2027«.

La inversión se refiere a los presupuestos públicos destinados a financiar el Sistema para la Autonomía y Atención a la Dependencia (SAAD), un servicio estatal para proteger, cuidar y asistir a personas mayores, con discapacidad o con enfermedades graves que no pueden valerse por sí mismas.

Durante su intervención Sánchez habló «a quienes se preguntan por qué este Ejecutivo», y dijo que su Gobierno «quiere continuar pese a todas las dificultades y a las piedras en el camino, yo les digo que la respuesta es esta, que la respuesta está aquí». De hecho, añadió que sigue para «mejorar la vida de la gente». «Seguimos para ampliar y consolidar derechos sociales. Seguimos para construir una España más justa y mejor«, insistió

El caso Begoña

Un tribunal de España había ordenado el sábado que Begoña Gómez, esposa de Sánchez, sea juzgada por corrupción y le prohibió salir del país. El magistrado a cargo de la instrucción, Juan Carlos Peinado, resolvió que Gómez entregue su pasaporte y se presente ante las autoridades judiciales dos veces al mes hasta que se dicte veredicto definitivo en el caso, de acuerdo con lo establecido en la resolución formal.

Con el objetivo de garantizar la plena comparecencia de la imputada en las futuras audiencias del proceso, el tribunal señala que se informará “a todos los puestos fronterizos y aeropuertos civiles y militares” para evitar que la mujer incumpla con la resolución y abandone el territorio europeo.

En los fundamentos del fallo, Peinado procesa a Gómez por tráfico de influencias, corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares, apropiación indebida y malversación de caudales públicos.

El expediente judicial no se limita únicamente a la figura de la primera dama, sino que también acusa a su asesora Cristina Álvarez y manda a juicio al empresario Juan Carlos Barrabés por los delitos de tráfico de influencias y corrupción en los negocios en el sector privado entre particulares.

La investigación penal se inició formalmente en abril de 2024 para desentrañar un supuesto entramado de influencias y prebendas académicas. El juez abrió la causa contra Gómez en ese entonces para investigar delitos como el de apropiación indebida, intrusismo o corrupción en los negocios en relación con una cátedra universitaria que codirigía, después de que el autodenominado sindicato Manos Limpias presentara una denuncia contra ella.

El caso Zapatero

A todo esto, el expresidente del Gobierno José Luis Rodríguez Zapatero sostiene que hay motivos para anular la causa contra él -por presunto tráfico de influencias y lavado- por la forma de analizar dos dispositivos que el juez de la Audiencia Nacional que instruye el ‘caso Plus Ultra’, José Luis Calama, entiende relevantes: un disco duro intervenido a un abogado y el teléfono móvil de un exdirectivo de la aerolínea facilitado por Estados Unidos.

Así lo hizo saber el exjefe de Gobierno socialista en varios escritos, a los que tuvo acceso Europa Press, posteriores a su declaración como investigado en torno al rescate de 53 millones de euros a Plus Ultra en pandemia.

Por un lado, Zapatero pide al juez requerir a la Fiscalía Anticorrupción para que indique la resolución judicial motivada que autorizó y habilitó el análisis de un disco duro incautado al abogado Miguel Palomero, investigado en la causa, que contenía conversaciones de WhatsApp y otra documentación analizada por los investigadores. La defensa del expresidente indica que no logró hallar resoluciones que autorizaran de forma motivada a Anticorrupción o a la Policía Judicial para que analizaran el dispositivo.

Añade que, si no hubiera una autorización en una resolución fundamentada, las garantías esenciales del procedimiento se verían «radicalmente laminadas» porque las actuaciones policiales se habrían realizado sin «la habilitación legal exigida por la Constitución», vulnerando los derechos fundamentales al secreto de las comunicaciones, a la intimidad y a la protección de datos personales.

ALG con Europa Press y NA