Agresiones físicas, verbales, abuso de autoridad, uso excesivo de la fuerza con finales fatales, y hasta abusos sexuales y sobornos. Son conductas atribuidas hace años, causas judiciales mediante, a los efectivos del Servicio de Inmigración y Control de Aduanas (ICE) de Estados Unidos, la policía antimigrantes que cumpliendo las órdenes de Donald Trump se vio en los últimos meses en televisión y redes sociales cometiendo casi todos estos excesos, con el punto cúlmine de dos asesinatos en Minneapolis. Una política agresiva de deportaciones que no tiene precedentes en la historia se combina con un poder desmedido que cuenta con aval oficial. El resultado es catastrófico y pone en evidencia un patrón de violencia instalado históricamente en esa fuerza.

Un reporte que acaba de publicar la agencia Associated Press, revela que al menos 24 empleados y contratistas del ICE fueron acusados de delitos desde 2020. Sus faltas incluyen patrones de abuso físico y sexual, corrupción y otros. “Los investigadores afirmaron que un funcionario de inmigración quedó impune tras agredir físicamente a su novia durante años. Otro admitió haber abusado sexualmente de forma repetida de una mujer bajo su custodia. Un tercero está acusado de aceptar sobornos para eliminar órdenes de detención de personas que estaban en la mira para ser deportadas”, revela.

Aunque la mayoría de los casos ocurrieron antes de que el Congreso aprobase el año pasado otorgar al ICE, U$S 75.000 millones para contratar más agentes y detener a más personas, los expertos citados advierten que estos delitos podrían acelerarse “debido al enorme volumen de nuevos empleados y a la facultad que recibieron para emplear tácticas agresivas al arrestar y deportar”. El último año, el ICE reclutó masivamente a nuevos oficiales llegando a doblar su plantel a 22 mil efectivos. Lo cierto es que la administración Trump envalentonó  a los agentes al argumentar que gozan de “inmunidad absoluta” en el ejercicio de sus funciones y redujo considerablemente la supervisión de sus acciones. En el caso del asesinato de Renee Nicole Good, llegó a decir que el agente que disparó lo hizo “defendiendo su vida” porque Good supuestamente iba a arrollarlo. Otro caso de violencia mortal se produjo poco después con Alex Pretti. Ambos tienen un antecedente: durante la noche de fin de año en Los Angeles, el afroamericano Keith Porter fue muerto a tiros por un agente de ICE fuera de servicio.

Recientemente, un juez conservador del estado de Minnesota aseveró que el ICE estaba desarrollando una preocupante “cultura de ilegalidad”. A la vez, diversos especialistas consideran que los aspirantes no están siendo sometidos a suficientes “controles de antecedentes ni a la capacitación adecuada”, aunque aclaran que los casos se dan mayoritariamente en los veteranos más que en los novatos.

En su defensa, la subsecretaria del Departamento de Seguridad Nacional, Tricia McLaughlin, afirmó que las conductas indebidas no están generalizadas y que el ICE “se toma muy en serio las denuncias de mala conducta de sus empleados”. La funcionaria señaló que la mayoría de los nuevos contratados ya habían trabajado para otras agencias del orden público y que sus antecedentes fueron investigados exhaustivamente.

Casos testigo

Un exagente del ICE en Texas fue sentenciado este mes a libertad condicional, tras reconocer que en 2025 agarró por el cuello a un detenido esposado y lo estrelló contra una pared. La fiscalía había rebajado el cargo de delito grave a delito menor. En diciembre, un agente se declaró culpable de abusar sexualmente de una persona detenida de origen nicaragüense en una cárcel en Luisiana. Los fiscales dijeron que el hombre mantuvo encuentros sexuales durante cinco meses en 2025, mientras ordenaba a otros detenidos que vigilaran. En diciembre, un agente del ICE que estaba fuera de servicio fue acusado de agresión por derribar al suelo a un manifestante de 68 años que lo filmaba en una estación de servicio en Chicago.

Otro patrón que surgió en la investigación ubica a funcionarios del ICE lucrando con su posición para obtener sobornos a cambio de eliminar las órdenes de detención contra personas que podían ser deportadas. Los casos identificados en la investigación suman dos docenas, se consideran que es solo la punta de un ovillo que puede crecer y reiterarse con las políticas vigentes.