Perú: solo 4533 votos, en más de 20 millones, le dan la victoria a la derecha: ¿será definitiva?

Por: Boyanovsky Bazán

El candidato progresista reclama el recuento. El antecedente del 2021. La fragmentación política y la crisis de representatividad. Las dificultades que enfrentará el próximo gobierno, cualquiera que sea.

Con la totalidad de las actas procesadas, según la autoridad electoral, las elecciones presidenciales en Perú se definían por apenas un puñado de votos a favor de la ultraderechista Keiko Fujimori, superando al izquierdista Roberto Sánchez por solo 4533 sufragios y gracias a la participación del voto en el extranjero. Por el estrechísimo margen, el candidato de Juntos por el Perú solicitó un recuento para ofrecer a la población un resultado “inobjetable” que contribuya a reducir la polarización política. “Indistintamente de quién gane, producto de un proceso con total transparencia, debemos ser capaces de darle al Perú estabilidad, certeza y confianza”, expresó. Su posicionamiento generó críticas por “no aceptar el resultado” y convocar a marchas consideradas “desestabilizadoras”. Las críticas surgen desde espacios que apoyan a la candidata de Fuerza Popular, quien en 2021 perdió ante Pedro Castillo por una escasa diferencia, pero mucho mayor: 44.263 votos, y aún así presentó demandas por supuesto fraude, pidió revisión del escrutinio y forzó a una situación irregular en la que la Justicia Electoral demoró el reconocimiento oficial al vencedor por unos 45 días.

Estos resultados ponen en evidencia el nivel de fragmentación política, crisis de representatividad y polarización de la sociedad peruana. Y las dificultades que enfrentará la nueva gestión, que deberá gobernar con un Congreso dividido en que ninguna fuerza tiene mayoría. La fragilidad política se hace más evidente si se tiene en cuenta que el triunfo de Keijo Fujimori -a confirmar si se atiende el reclamo de Roberto Sánchez- no se produjo en el territorio, sino que la escasa diferencia a su favor la obtuvo con los votos de peruanos que viven en el extranjero.

Foto: Xinhua

El escrutinio difundido por la Oficina Nacional de Procesos Electorales (ONPE) marca que Fuerza Popular obtuvo 9.044.038 votos, el 50,013%, ante los 9.039.505 votos, 49,987%, de Juntos por el Perú. Sin embargo, si se contabilizan solo los votos obtenidos dentro del territorio, Sánchez le gana a Fujimori por 50,207% contra 49,743% ( 73.499 sufragios). En cambio, de los más de 291 mil votos emitidos en el extranjero, Fujimori obtuvo 78 mil de diferencia a su favor (63,396% a 36,604%).

Con esta ventaja es que la hija del fallecido autócrata condenado por delitos de lesa humanidad estaría en condiciones de ser presidenta por elección de quienes no viven efectivamente en el país.

En su pedido de recuento definitivo, Sánchez mencionó justamente posibles “irregularidades” en los votos del exterior. También en algunas mesas de la capital, Lima. El candidato exministro de Castillo propuso públicamente a su rival que “conjuntamente solicitemos, en el marco del debido proceso y la institucionalidad electoral a los observadores internacionales que hagamos una revisión exhaustiva de todo este proceso”.

Foto: Xinhua

Sánchez recordó que tanto Fuerza Popular como Juntos por el Perú cuestionaron determinados votos y actas en distintas regiones del país, por lo que consideró que existen dudas e indicios que “deben ser aclarados para otorgar mayor certeza a los resultados”.

Al cierre de esta edición, Keiko no había dado una respuesta formal y mantenía un silencio táctico de días.

Es la cuarta vez que Fujimori se presenta a elecciones presidenciales. En todas las anteriores (2011, 2016 y 2021) fue rival en la segunda vuelta, perdiendo en todos los casos por escasa diferencia. Su caudal inicial de votos le permitió siempre tener un bloque numeroso, aunque no mayoritario, en la Asamblea Nacional, que en alianza con otros espacios de derecha y extrema derecha fue clave en la inestabilidad política del país, que generó renuncias y destituciones de varios presidentes, ocho en los últimos diez años.

Su eventual presidencia, que comenzaría el 28 de julio posiblemente no enfrente la oposición que su fuerza le presentó a mandatarios de signo opuesto, ya que la alianza electoral del candidato que salió tercero en la primera vuelta, Rafael López Aliaga, supone una posible coalición de gobierno, en sintonía también con otros espacios menores con representación legislativa que simpatizan con las ideas de Fujimori.

Estas posibles alianzas y su impronta neoliberal antiestado, más en sintonía con las políticas económicas impartidas por el Banco Central, único poder estable en el Perú hace más de 20 años, pueden augurar un comienzo más o menos encarrilado, si es que su rival reconoce la derrota y no se avanza con la revisión.

Foto: Xinhua

Esto es porque la Constitución de Perú otorga a la Asamblea un poder especial para decidir si aprueba o veta el gabinete del presidente. La Carta Magna también prevé la posibilidad de que el presidente disuelva el organismo legislativo (lo que intentó hacer Pedro Castillo) y convoque a elecciones para una nueva composición, pero a la vez el cuerpo puede censurar y destituir al mismo presidente. La novedad para esta nueva magistratura será la restitución del Senado, un cuerpo legislativo que podrá funcionar de contrapeso y en este caso, se presume, a favor de quien gobierne.

Por otra parte, con la elección inclinada a favor de Fujimori y a pesar del pedido de Sánchez de realizar un recuento, se diluye la posibilidad de que el expresidente Pedro Castillo salga en libertad con un indulto, tal como su exministro candidato de Juntos por el Perú había anunciado que haría durante la campaña. Castillo cumple una condena de once años por “rebelión”, un cargo que él y sus abogados –entre ellos el jurista y exministro de la Suprema Corte argentina, Eugenio Zaffaroni- rechazan de plano. A Castillo se le acusó de autogolpe por haber disuelto el Congreso, facultad constitucional habilitada si la cámara le niega dos veces la confianza en su gabinete. Durante todo su mandato, el Congreso con mayoría de Fuerza Popular censuró varias veces a sus ministros, impidiéndole presentar un programa de gobierno estable.

Bolivia: siete semanas de protestas y represión

La huelga que paraliza Bolivia cumplió su séptima semana. La protesta que comenzó con el pliego de peticiones laborales de más de 70 sindicatos, rechazado por el Ejecutivo sin explicaciones, se transformó en clamor por la renuncia del presidente Rodrigo Paz y está ahora bajo amenaza del estado de excepción, mientras sigue reprimiendo. Por caso, en las últimas horas una violenta acción policial sacudió al centro de La Paz, dejando un saldo de 36 personas detenidas y decenas de heridos. Los hechos se registraron luego de que la Central Obrera Boliviana (COB) marchara al corazón de la capital de Bolivia, tras dos semanas en las que las fuerzas de seguridad habían logrado mantener los sectores céntricos libres de protestas. Testigos y manifestantes denunciaron el uso excesivo de la fuerza por parte de los contingentes policiales, luego de que arremetieran con dureza para dispersar a los movilizados.
Por otro lado, en las últimas horas, se supo que Chile envió seis toneladas de ayuda humanitaria a Bolivia para enfrentar el desabastecimiento de productos esenciales producido por las protestas y los bloqueos de carreteras. Ambos gobiernos, el chileno del presidente José Antonio Katz y el de Bolivia, son ideológicamente muy coincidentes.

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