El proyecto Mirar presentó su Reporte anual 2024, el primero luego de un año completo desde el cambio de la gestión del gobierno nacional. El relevamiento, realizado por el Centro de Estudios de Estado y Sociedad (CEDES) en alianza con Ibis Reproductive Health, muestra que, pese al desfinanciamiento y la suspensión de programas por parte del gobierno nacional, el compromiso de varias provincias y de los equipos de salud permitió mantener los niveles de acceso al aborto legal en Argentina.
El “Reporte anual 2024: La ley a toda costa” sistematiza datos oficiales de 19 provincias y las voces de las usuarias para ofrecer una radiografía sobre la política del aborto en la Argentina en un contexto marcado por el retiro del gobierno nacional de las políticas de salud sexual y reproductiva. La publicación se enmarca en la celebración por el 50° aniversario del CEDES, que aporta al conocimiento sobre la interrupción del embarazo y otras temáticas vinculadas a derechos sexuales y reproductivos desde finales de 1980.
Según explicó Mariana Romero, médica, directora ejecutiva e investigadora del CEDES, “en 2024 se mantuvo el número de IVE ILE respecto de 2023: según las provincias, entre el 84% y el 96% de las interrupciones se realizaron antes de las 12 semanas, lo que se corresponde con los estándares internacionales. A pesar de la falta de la distribución de insumos para el aborto por parte del Ministerio de Salud nacional, muchas jurisdicciones realizaron compras e incluso avanzaron en la producción pública de medicamentos”.
El monitoreo muestra una heterogeneidad en los escenarios provinciales, característica del mapa argentino. En algunas jurisdicciones, solo 2% de los efectores garantizan IVE ILE, mientras que en otras la proporción de establecimientos de salud que la garantizan llega al 90%. Casi todas las provincias indicaron que realizaron compras de medicamentos para el aborto para sostener los servicios acorde a las recomendaciones de protocolos y guías, siendo éste el procedimiento más frecuente en todo el país. San Luis y Santa Fe contaron con misoprostol de producción pública.
“Estamos ante un escenario de zozobra, donde los embates contra la agenda de género y derechos sexuales y reproductivos por parte del gobierno nacional se traduce en la suspensión de las compras de medicamentos para el aborto y en el desmantelamiento de programas como el Plan ENIA”, puntualizó Silvina Ramos, socióloga e investigadora de la organización que lleva adelante el proyecto mirar.
Pese a este escenario hostil, y según el estudio nacional “Puntos de vista sobre género y derechos sexuales y reproductivos en Argentina 2024” elaborado por el CEDES junto a ELA y Luis Costa & Asociados, “la sociedad sigue respaldando mayoritariamente estas políticas. El 73% de las personas acuerda con la inversión estatal en anticonceptivos y prevención”, señaló.
La voz de las usuarias y el contexto regulatorio
El reporte del proyecto mirar también recupera la experiencia de quienes se realizaron un aborto. Lo hace a través de la Encuesta MACA (Medimos Acceso y Calidad del Aborto), el primer instrumento estandarizado desarrollado para medir el acceso y la calidad de la atención desde la perspectiva de las usuarias. Según se relevó, 8 de cada 10 personas accedieron en el plazo establecido por la Ley 27.610, aunque 5 de cada 10 tuvieron que afrontar algún gasto, principalmente ecografías.
“La calidad de la atención sigue siendo alta: el 96% dijo haber sentido un trato respetuoso y el 92% confió en la confidencialidad del equipo de salud. Esto se debe, sin dudas, al compromiso de las y los profesionales”, destacó Mercedes Krause, socióloga e investigadora del CEDES.
El panorama regulatorio también fue objeto de análisis. “Entre enero y julio de 2025 se identificaron 27 proyectos legislativos vinculados a la salud sexual y reproductiva. De ellos, 12 proponían ampliar derechos y 15 tenían objetivos restrictivos. Ninguno fue aprobado durante el periodo monitoreado. Este dato es central: la Ley 27.610 se mantiene, incluso frente a intentos de regresión en el Congreso y en los tribunales”, explicó Sonia Ariza, abogada e integrante de la organización que lleva adelante el proyecto mirar.
En cuanto al contexto judicial, desde 2018 se presentaron 38 causas judiciales contra la Ley 27.610. De ellas, 35 fueron rechazadas y 3 permanecen en trámite ante la Corte Suprema. “Esto significa que en la mayoría de los casos los tribunales reafirmaron la constitucionalidad de la ley y rechazaron intentos de regresión, sustentando así la vigencia de la política pública de aborto legal y seguro”, analizó Agustina Ramón Michel, abogada e investigadora del CEDES.
A más de cuatro años de sancionada la Ley 27.610, el acceso al aborto en Argentina se sostiene por el compromiso de las provincias y de los equipos de salud. La política pública, en un escenario nacional de desfinanciamiento y hostilidad discursiva, se mantiene viva gracias al esfuerzo cotidiano de quienes garantizan derechos en el nivel local.
