Por 48 horas, a mitad de la semana que finaliza, Colombia se sacudió con 15 marchas, cinco asambleas y nueve bloqueos viales. La capital, Bogotá, uno de los epicentros de las movilizaciones, estuvo mucho más en la calle que en oficinas o fábricas. ¿Quejas y reclamos al gobierno en un país en el que la izquierda siempre había sido siempre oposición y las protestas, antigubernamentales? De ningún modo: se manifestaron en apoyo a la reforma laboral impulsada por el oficialismo, luego que el pasado 14 de mayo, el Senado rechazara una consulta popular que buscaba revitalizar la iniciativa.

También hubo muchísimo movimiento en el Palacio de Nariño, la sede del ejecutivo y el Congreso: entre ambos hay 880 metros unidos en la ola de chispazos entre el gobierno de Gustavo Pietro y la legislatura, en la hora más caliente del mandato, que ingresa hoy en su último cuarto.

Es que horas antes del comienzo de la huelga, el Senado le dio la primera aprobación, con reformas, a un controversial proyecto de ley que incorpora mejoras para los trabajadores respecto de la vigente, pero claramente está lejos de lo pretendido por el gobierno. El texto original había sido rechazado por la cámara a principios de año, lo que llevó a intensas negociaciones que derivaron en modificaciones del proyecto, que al final contó con el aval oficial, aun con contradicciones. Pero el tratamiento parlamentario le infligió nuevas variantes que lo dejó mucho más lavado. Lo resume, por ejemplo, Julia Edith Cabarcas, abogada de la Asociación de Mujeres Colombianas: «Es una versión mutilada que quita lo esencial. Por eso necesitamos la consulta».

Por eso requieren una consulta popular que le devuelva la estructura original. Por eso, Petro impulsó ese referéndum que requiere aprobación parlamentaria. Por eso, los senadores se lo rechazaron, aún cuando fue por 49 a 47 votos, y que persisten engorrosos trámites legales para dilucidar si esa votación fue irregular o se confirma su legitimidad. Y por eso, las centrales gremiales y las organizaciones sociales más diversas convocaron a las movilizaciones de esta semana. Que si bien no tuvieron la contundencia de la muy masivas del último 1° de mayo –lo admitió el propio gobierno-, de todos modos llenaron las calles con el reclamo que, suele suceder, fue ninguneado por la corporación de medios del establishment.

La reforma laboral es una de las múltiples iniciativas promovidas por Petro. Una pata clave en su racimo de modificaciones progresistas, que requieren aprobación legislativa. Algunas ya tuvieron eco en el Congreso: la tributaria y la pensional fueron aprobadas, aún con modificaciones y serios entredichos. Pero otras dos medidas medulares para su gestión, las reformas a la salud y a la educación, no pasaron el filtro del poder real que tiene sus tentáculos históricos en la legislatura (mucho más en el Senado, claramente conservador respecto de Diputados). Aun así, la consulta popular no tiene el éxito asegurado, ya que se requiere un sí de 13,7 millones de personas, dos terceras partes del electorado: tal vez demasiado, si se considera que a Petro lo votó el 50,4% (11,2 millones) en las presidenciales del 2022. Y hoy, según las encuestas lo aprobaría un 35% aproximado.

Pero, por supuesto, el enemigo es implacable: el poder real. Y ahora ataca con todo, tal vez con la mirada puesta en las presidenciales revistas para dentro de un año menos un día: el 31 de mayo de 2026.

Justamente en las últimas horas se valieron de los medios para volver a atacar a Petro por todos los flancos. Por caso, hubo revuelo grande: sembraron el ambiente político de dudas sobre su paradero, porque no se había hecho presente en las redes… durante 40 horas. «No se conoce su ubicación exacta”, escribieron.  Pero Petro apareció ayer a la mañana para celebrar la baja de la desocupación a un nivel del el 8,8 %. Es el número más bajo desde 2007.  «