La Justicia emplazó a Pettovello para que esta semana informe qué hizo con la Dadse mientras estuvo a su cargo

La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, tuvo a su cargo la Dirección de Asistencia Directa por Situaciones Especiales (DADSE) durante más de dos meses: desde su asunción el 10 de diciembre de 2023 hasta el 20 de febrero de 2024, cuando la derivó al Ministerio de Salud. En ese tiempo se conocieron los primeros reclamos por la interrupción en la entrega de medicamentos oncológicos y para otras enfermedades graves.

En abril, el diputado Juan Marino (de Unión por la Patria) presentó un pedido de acceso a la información pública para indagar qué se hizo desde esa dependencia mientras estuvo a las órdenes de Pettovello. Su cartera sólo respondió con un pedido de prórroga. Pero los tiempos se vencieron. Por eso, Marino inició un amparo. La Justicia se acaba de pronunciar y le dio plazo hasta el viernes a la Súper Ministra de Javier Milei para que responda a la demanda.

Demanda contra Pettovello

Según informó Marino a este diario, el fiscal Miguel Ángel Gilligan se expidió planteando que el Juzgado Contencioso Administrativo Federal N°2 debía declararse competente para entender en el amparo. El jueves último, el juez Esteban Furnari -a cargo de ese juzgado- se declaró competente y le ordenó al Ministerio de Capital Humano que conteste la demanda en un plazo de ocho días.

«Se trata de información de importancia, referida a una política pública que se instrumentaba a través de la Dadse para garantizar los derechos constitucionales a la vida y a la salud de personas con enfermedades graves. Es de conocimiento público que han fallecido personas esperando la asistencia necesaria para acceder a medicación de alto precio. El Ministerio de Capital Humano debe rendir cuentas y hacerse cargo de sus responsabilidades», planteó Marino cuando presentó el amparo.

Sin respuesta

La Dadse atiende a pacientes vulnerables, sin cobertura social, que padecen enfermedades oncológicas y otros cuadros graves y que ya agotaron las instancias de acceder a sus tratamientos a nivel local. Es decir, constituye la última opción para quienes enfrentan una patología compleja y requieren medicamentos costosos y de difícil acceso. Por eso su parate implicó más desesperación para familias que ya estaban desesperadas.

En su pedido de acceso a la información pública (Ley 27.275), Marino había indagado entre otras cosas a cuántos pacientes se les dio medicamentos desde la Dadse mientras dependió de la actual ministra de Capital Humano, qué presupuesto se dispuso, qué procedimientos y protocolos se usaron para aprobar su entrega. Nada de eso obtuvo respuesta. Lo mismo se preguntó al Ministerio de Salud –del que depende la Dadse desde febrero- que aunque de forma incompleta sí respondió al pedido de información.

Antes que trascendieran los primeros casos fatales –siete historias se conocieron con nombre y apellido, mientras se estima que la lista alcanza el medio centenar- Pettovello llegó a justificar ante la prensa la interrupción de los medicamentos por las “irregularidades” de las compras durante la gestión anterior. Denunció incluso el tema ante la Justicia. Pero la respuesta judicial fue que no había evidencia de delito y archivó la causa.

Reclamos invisibilizados

Los reclamos por la interrupción en la entrega de medicamentos por parte de la Dadse quedaron opacados en medio del escándalo de los alimentos retenidos en galpones (cuyo reparto total se sigue incumpliendo). Sin embargo el conflicto sigue y los reveses judiciales para Pettovello, también. Mientas se le dio un plazo de días a la Ministra para que conteste a la demanda por no dar información pública, en el fuero civil avanza –a paso lento- el amparo presentado por las organizaciones sociales que acompañan a pacientes y familiares.

“El primer paso es que el juez aceptó la medida como un amparo colectivo. O sea, le dio perfil de colectivo y aceptó a las asociaciones como querellantes en el proceso –contó Alexis Descourvieres, de la Alianza Argentina de Pacientes (ALAPA)- Está muy dilatada la cuestión”.

Según el referente de ALAPA, los problemas para el acceso a la medicación por parte de la Dadse –ya bajo la órbita de Salud- continúan. “La Dadse no solo sigue lenta y mal, ahora no atienden tampoco los subsidios de bajo costo, no abren nuevos expedientes, no toman casos del interior, dejan todo en manos de las provincias sin responsabilizarse por nada ni nadie. No responden los mails, no atienden las líneas de teléfono”, describió.

Mientras la política a nivel nacional descansa en el traslado a las provincias, en los últimos días la Provincia de Buenos Aires anunció la ampliación de su vademécum para dar cobertura al 98% de las solicitudes que se realizan en el distrito y hacerse cargo de los casos que dependían de Nación.