La diputada de la Coalición Cívica, Mónica Frade, presentó una denuncia penal para que se investigue si hubo irregularidades y conflicto de intereses en el otorgamiento de créditos por parte del Banco de la Nación a funcionarios y legisladores del oficialismo.
La presentación se realizó poco después de que se conocieran informes del sistema financiero y registros de deudores de la banca pública que revelaron que los funcionarios Juan Pablo Carreira (reconocido tuitero Juan Doe devenido en “respondedor” oficial), Pedro Inchauspe, Felipe Nuñez, Federico Furiase, Emiliano Mongilardi, y los diputados libertarios Mario Campero, Lorena Villaverde, y Alejandro Bongiovanni recibieron créditos de entre 100 y 500 millones de pesos del Banco Nación.
En la presentación ante la Justicia, Frade disparó: “en orden a la profusa información pública aparecida en distintos medios gráficos, radiales y televisivos; en relación con miles de créditos otorgados por el Banco de la Nación Argentina, que podrían ser fruto de actividades irregulares y aún delictivas; es que vengo a peticionar se provea impulso de la presente investigación penal”.
Frade señaló que acuerdo a la información ventilada, Carreira de la Oficina de Respuesta Oficial (ORO) recibió 113 millones, Inchauspe del Banco Central y Núñez del BICE obtuvieron 510 millones de pesos cada uno, y el secretario de Finanzas, Furiase 376 millones de Pesos.
A esa lista se suman los diputados Alejandro Bongiovanni, de 322 millones a Mariano Campero, de 340 millones a Santiago Santurio y de 225 millones de pesos a Lorena Villaverde.
Frade pidió en su denuncia “librar Oficio al Banco de la Nación Argentina y/u orden de presentación, a fin de obtener los ‘legajos crediticios’ completos de los nombrados en la presente y todo otro funcionario público y/o legislador”.
También reclamó “obtener las Actas de Directorio mediante las que se aprobaron las operaciones para con los beneficiarios” y solicitó al cuerpo de peritos contadores de la Justicia Nacional “la determinación de existencia o no de perjuicios económicos para el Banco otorgante, de cualquier naturaleza”.
Además solicitó que el Banco Nación informe “si existieron en el otorgamiento condiciones preferenciales, sea en tasas, plazos o condiciones de acuerdo con la práctica corriente del Banco”.
En la demanda, la diputada solicitó también que se determine si hubo “violación a la Carta Orgánica y manuales de procedimientos para créditos” y si existió “alguna relación jerárquica o, de alguna otra naturaleza entre el otorgante y los beneficiarios”.
