Julio Piumato, secretario General de la Unión de Empleados Judiciales de la Nación, habló con Tiempo sobre la Reforma Laboral y un aspecto que empezó a escalar en el sector judicial: la eliminación del fuero laboral que deja a los trabajadores “sin protección”, en el pase que quiere hacer Nación hacia la Ciudad de Buenos Aires.

Sostuvo que la reforma es inconstitucional, confió en que la Justicia argentina “esté a la altura”, pero anticipó que recurrirán a la Organización Internacional del Trabajo y a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos si no se revierten los cambios.

-¿Qué significa para los trabajadores el traspaso de la Justicia del Trabajo a la Ciudad de Buenos Aires?

-De modernización la ley tiene solo el título, porque es una vuelta atrás: casi cien años volvemos a una etapa absolutamente esclavista. No comprende las nuevas realidades del mundo del trabajo, sino todo lo contrario. Incorpora la eliminación directa del fuero nacional del trabajo, violando la Ley Cafiero.

-¿Por qué es tan grave?

-La Justicia del Trabajo es como un faro indicador para todas las justicias provinciales, porque históricamente fija la jurisprudencia laboral. La eliminan porque quieren quitarle al trabajador la instancia de tener una justicia que proteja sus derechos constitucionales.

-¿Qué ocurre con los trabajadores judiciales afectados por el traspaso?

-Hay cerca de 1.600 trabajadores en un limbo. Nosotros estamos garantizando su estabilidad, porque son empleados de la Justicia argentina, pero estamos peleando por mantener el fuero nacional del trabajo. La Justicia del Trabajo es una institución estratégica para que los derechos de los trabajadores puedan ser protegidos y no sean arrasados por la voracidad y la inequidad empresaria.

-¿La reforma laboral es constitucional?

-Es una reforma que claramente es inconstitucional. Viola el 14 bis y también el 75 de la Constitución, donde está incorporado el convenio interamericano de derechos humanos. Le quita derechos a toda la masa de trabajadoras y trabajadores de la Argentina.

-¿Qué vías existen para frenar la aplicación de la ley?

-Primero está la Justicia argentina, que tiene la responsabilidad de defender los derechos constitucionales. Y si eso no se diera, están los organismos internacionales: la Organización Internacional del Trabajo y la Comisión Interamericana de Derechos Humanos.

-¿Cómo define el impacto del gobierno de Javier Milei en el mundo del trabajo?

-Un tsunami. Porque supuestamente dijo que los más desprotegidos iban a estar más cuidados, y hoy más que nunca está todo a favor de los empresarios. Es una ley hecha a favor de los empresarios solamente.

-¿Qué modelo social cree que promueve esta reforma?

-Vamos a una sociedad como antes del ’45, donde una minoría puede vivir dignamente y el resto tiene que ser esclavo.

-Por último, ¿cree que estas políticas pueden sostenerse en el tiempo?

-No duran para siempre. El pueblo siempre se levanta, porque es un pueblo con historia de lucha y dignidad, y no vamos a entregarla gratuitamente.