Un exhaustivo relevamiento elaborado por varios referentes académicos de la Universidad de Buenos Aires, el CONICET, el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) y la Asociación Civil por la Igualdad y la Justicia (ACIJ), entre otras organizaciones; dejó en evidencia la crisis por la que atraviesa la población inquilina en la zona metropolitana. Un hecho que se profundizó en el último año y que deja a decenas de miles de familias en una situación crítica en medio de la crisis económica que afecta a todo el país.
Entre los puntos más relevantes del informe se destacan la presión del alquiler sobre los ingresos, el endeudamiento de la población inquilina para pagar el alquiler, la presión del alquiler sobre los ingresos y la duración de los contratos, entre otros ítems.
El relevamiento realizado entre el 15 de septiembre y el 1 de octubre de este año, sobre un total de 1107 casos efectivos, afirma que si bien “el 93% de la población inquilina está al día con el pago del alquiler, el 29% pidió préstamos en el último año y el 77% de quienes se endeudaron lo hizo para pagar alquiler”.
De acuerdo al informe esta cifra aumentó con respecto a 2024, “cuando era del 67%, y a 2022, cuando alcanzaba al 62% de los hogares endeudados. Además, sólo el 14% pudo ahorrar el mes previo a la encuesta”.
Respecto a la tasa de empleo entre quienes alquilan en el AMBA pasó del 61% al 69% entre 2024 y 2025, y la de actividad subió del 87% al 93%. Las organizaciones que participaron en la confección de la encuesta y durante todo el proceso del relevamiento, afirman que este crecimiento se explica principalmente por los hogares con jefaturas jóvenes y de adultos mayores, que aumentaron significativamente su participación en el mercado laboral a pesar de estar en edad jubilatoria o de estudios superiores.
«Sin embargo, este aumento en el empleo no conllevó una mejora en las condiciones de alquiler: el 70% de los hogares encabezados por mayores de 60 años y el 53% de aquellos con jefaturas jóvenes destinan más de la mitad de sus ingresos al pago del alquiler”, destaca.
Mientras las familias se endeudan para poder seguir alquilando, se vislumbra otra problemática que va de la mano y es el crecimiento enla presión del alquiler sobre los ingresos
“La proporción de hogares que destina más de la mitad de su ingreso al pago del alquiler subió del 38% al 57% entre 2024 y 2025 y sólo el 21% destina menos de un tercio (vs. 33% en 2024), que es lo recomendado según estándares internacionales”.
En paralelo los contratos son más cortos y los aumentos más frecuentes. La duración de los contratos de alquiler en el AMBA se consolidó en plazos de dos años (47%) y con actualizaciones mucho más frecuentes. Casi la mitad (48%) se ajusta cada tres meses y un 17% de los contratos de alquiler son por un año o menos de duración. La derogación de la ley de alquileres 27.551 dio lugar a contratos más cortos y actualizaciones más frecuentes: los contratos previos a la derogación eran más largos (el 42% era de tres años) mientras que entre aquellos firmados luego de la misma predominan los de dos años (56%).
Alquilar como situación permanente
Un apartado relevante dentro del informe, es la situación de incertidumbre por la que atraviesan los inquilinos en la zona metropolitana. En el corto plazo, casi dos de cada diez inquilinos cree que deberá abandonar la vivienda antes del fin del contrato y un 13% que no podrá renovarlo. Más de la mitad (56%) espera seguir alquilando dentro de cinco años y el 28% no sabe si tendrá un lugar dónde vivir.
“Sólo 14% espera acceder a una vivienda propia ya sea vía compra o herencia. Estas percepciones consolidan la idea del alquiler como situación permanente para la mayoría y reflejan un aumento de la incertidumbre sobre el futuro habitacional”, destaca el informe.
