“Juan Bautista se va a dar cuenta que devolver favores en el gobierno no es lo mismo que hacerlo desde su oficina”. La lectura que hace un experimentado operador judicial sobre el presente que atraviesa el flamante ministro de Justicia, quien esta semana se apresuró en adelantar la presentación de 62 pliegos de jueces y fiscales, expone las pujas de poder que existen en un oficialismo partido al medio por la inhabitable convivencia entre Karina Milei y Santiago Caputo.
Desesperados por recuperar la agenda tras el escándalo que tiene a Manuel Adorni en el centro de la escena, esta semana el jefe de Gabinete montó una incalificable conferencia de prensa en la que, además de pelearse con los acreditados de la Casa de Gobierno, adelantó una serie de medidas que el oficialismo tomará en las próximas semanas. Para cumplir con la exigencia de la Corte Suprema de Justicia, que ve con particular preocupación la existencia de más de trescientas vacantes vigentes en juzgados federales, el titular de los ministros dio a conocer que el gobierno avanzará en la selección de nuevos magistrados para completar más del 35% de cargos vacíos a nivel nacional.
El mismo miércoles por la noche, Mahiques y su segundo Santiago Viola comenzaron el proceso para enviar los nombres a la secretaría Legal y Técnica, conducida por la caputista María Ibarzabal Murphy. Hasta el inicio del fin de semana, el número de nombres ascendía a más de 30, la mitad de lo prometido días atrás por el propio ministro. “Estamos en eso. No es tan rápido el proceso”, se excusaron desde Justicia para explicar la dilatación del envío. Sin embargo, no fue sólo el atraso lo que modificó los planes del heredero de Carlos Mahiques.
En un oficialismo tan loteado como quebrado, el control político de todas las partes se vuelve fundamental. Con la excusa del análisis del nivel de pedigree libertario en sangre, el asesor presidencial se puso al frente del chequeo exhaustivo de los nombres que acercó Mahiques. Según reconocen desde su entorno, no será hasta peinar uno por uno los nombres propuestos por el abogado íntimo de Claudio «Chiqui» Tapia que el gobierno dará a conocer la nómina completa de los primeros candidatos que deberán ser aprobados por el Senado con mayoría simple.
Meses atrás, Caputo había confeccionado su propia lista con más de ciento cincuenta nombres acordados rigurosamente con gobernadores, aliados y dirigentes de la más variopinta calaña. Cuando todavía tenía la tutela del ministerio, la intención, decían desde su círculo, era avanzar con estas designaciones durante la primera mitad de este año. Lo que el asesor nunca tuvo en cuenta es la facilidad que conserva El Jefe para entrometerse en su camino.
Aunque la llegada de Mahiques fue celebrada -y sponsoreada- por un importante sector de la familia judicial, no todo el árbol genealógico se muestra tan contento. El ministro, quien fue indefectiblemente ligado al lado karinista de la gestión, es cuestionado por aquellos agentes que mantuvieron por más de dos años una confluencia mayúscula con el asesor presidencial.
Esta semana, a través de una acordada, la Corte Suprema propuso modificaciones en el método de selección de candidatos a jueces para intentar limitar el margen de incidencia de la política en estas designaciones. La norma fue remitida al Consejo de la Magistratura, donde el plenario debatirá su aplicación. Hay, sin embargo, un factor que despertó suspicacias. La acordada sólo llevó la firma de dos de tres ministros, Carlos Rosenkrantz y Ricardo Lorenzetti.
La razón por la que Horacio Rosatti decidió no acompañar no está clara. Hay quienes dicen que el retorno de Diego Molea a la Magistratura, quien ocupa la banca de las universidades, podría ser uno de los motivos. Pese a que se conocen desde hace décadas y supieron formar vínculos en el terreno judicial, Molea acumula años de experiencia y aliados dentro del Consejo, circunstancia que amenaza el orden que el cortesano santafesino le imprime a su gestión.
Hace una semana, Molea, rector de la Universidad de Lomas de Zamora, presentó desbordado de elogios a Ariel Lijo como el nuevo profesor titular de la cátedra de Penal 2. Hace apenas un año, el juez, a quien en su presentación el abogado definió como “un hijo de la Universidad Pública”, perdió su preciado bajo perfil cuando Javier Milei lo propuso como miembro de la Corte Suprema para reemplazar la silla del cordobés Juan Carlos Maqueda. Pero en aquel momento nada salió de acuerdo al plan.
Gracias a la alianza Rosatti-Rosenkratz, el máximo tribunal rechazó el pedido de licencia de Lijo en su juzgado, donde pretendía volver si el Senado no aprobaba su pliego; al tiempo que promulgó la designación de Manuel García Mansilla, quien ocupó por algunas semanas una silla en Tribunales. Aquella jugada, impulsada por Rosatti, profundizó el quiebre de la relación entre el titular de la Corte y Lorenzetti, auspiciante de la llegada de Lijo a la Corte. No es ninguna novedad hablar sobre la guerra fría que los santafesinos mantienen desde el inicio de su convivencia en tiempos de Mauricio Macri, pero es fundamental volver a ella para comprender los movimientos del presente.
En los círculos de importantes agentes judiciales advierten que la llegada de Mahiques al Ministerio de Justicia estuvo lejos de ser bien recibida por Lorenzetti, quien habría tenido como favorito a un candidato que contaba con el apoyo de un sector del gobierno, pero rechazado de cuajo por Karina Milei. A Rosatti, por el contrario, le atribuyen un sentimiento de satisfacción personal por ver golpeado a su rival, que se habría traducido en el expeditivo encuentro que el flamante reemplazo de Mariano Cúneo Libarona obtuvo con la Corte, el mismo día que él y Santiago Viola juraron como funcionarios ante el tridente judicial.
El aparente rechazo de la hermanísima al candidato del cortesano promovió un efecto mariposa. Esta semana, Lijo, quien tiene bajo su orden la investigación de la causa por la cadena de corrupción montada en la extinta ANDIS, apuró una serie de medidas en la otra causa que preocupa a la menor de los Milei y tiene a su delfín, Manuel Adorni, como principal apuntado por posibles delitos de dádivas y enriquecimiento ilícito.
El viaje ida y vuelta a Punta del Este en jet privado, el pasaje en business -todavía abierto- para que su mujer lo acompañe a deslomarse a Nueva York y la amplia cartera de propiedades no colaboran para que la secretaria general pueda mover sus todavía débiles hilos judiciales para rescatar a su preferido. Lorenzetti y Lijo lo saben. Y se comerán frío el plato.
La carrera por la silla de la Procuración General de la Nación, que Eduardo Casal ocupa cómodamente desde hace casi una década, es otra de las batallas silenciosas en Comodoro Py y la Casa Rosada. Mientras que Lijo es impulsado por importantes miembros de la familia judicial para ocupar el cargo del jefe de los fiscales, hay quienes afirman que Mahiques sólo aceptó ser ministro para dar el salto a la procuración.
A su pesar, el abogado ligado a la AFA deberá pasar varias pruebas de lealtad antes de que El Jefe piense en concederle sus deseos. Los avances en la causa Libra y el resto de las investigaciones que tienen al presidente, su hermana y su círculo íntimo como implicados, no son de gran ayuda. Tras cartón, esta semana el ex viceministro de Justicia, Sebastián Amerio, se anotó una cucarda: la Procuración del Tesoro logró que la justicia de Estados Unidos revoque el fallo de primera instancia que condenaba al país por la estatización de YPF. La noticia se conoció apenas horas después de la visita de Mahiques a Adorni, quien sigue intentando mostrar normalidad en medio de una avanzada que amenaza con llevarse mucho más que sólo su cargo en el paso.
