En la antesala de una votación clave para la gestión libertaria, el microcentro se prepara con un desmedido operativo policial para recibir una jornada de alta tensión social. Las organizaciones sindicales y movimientos sociales ya tienen definidos sus puntos de concentración con la intención de rodear el Palacio Legislativo, mientras que desde las autoridades nacionales se diagramó un dispositivo de seguridad que, más que facilitar la circulación, parece diseñado para encapsular la protesta en un perímetro alejado del debate parlamentario.
La estrategia oficial para contener la manifestación incluye la instalación de un doble vallado perimetral que abarca las principales avenidas aledañas al Congreso de la Nación. Este cerco físico, vigilado por un imponente contingente que incluye infantería motorizada y vehículos hidrantes, redefine el espacio público y establece una frontera entre los representantes del pueblo y aquellos sectores que claman por ser escuchados en contra de la reforma. La lógica del operativo no solo busca prevenir incidentes, sino que también plantea un interrogante sobre el derecho a la protesta en el marco de una decisión legislativa de profundo impacto social.
Policía para castigar a jubilados y trabajadores
Mientras las columnas de jubilados, trabajadores del gremio judicial y organizaciones piqueteras confluyen desde distintos puntos de la ciudad, la decisión de blindar el acceso al Congreso evidencia una postura gubernamental que prioriza la distancia por sobre el diálogo. El enorme despliegue de recursos, que incluye ambulancias y fuerzas especiales, no hace más que reflejar la magnitud del conflicto social latente y la determinación del Ejecutivo de evitar cualquier tipo de interferencia visual o física que empañe la sanción de una de sus banderas de campaña.
La postal de la jornada estará marcada entonces por dos realidades paralelas pero antagónicas: adentro, el trámite legislativo; afuera, un extenso operativo policial custodiando un vacío controlado. Con las calles adyacentes cortadas y los accesos restringidos, el mensaje hacia los manifestantes es claro: la disconformidad social debe expresarse, pero desde la distancia, sin perturbar el desarrollo de una ley que ellos consideran un retroceso en sus derechos laborales.
