La audiencia pública sobre la modificación de la Ley de Glaciares atrajo la atención de la sociedad de una forma impresionante, ya que más de 100.000 personas se inscribieron para exponer. No hay ejemplo anterior que pueda compararse. 

Tal fue la masividad en el interés que superó en casi 10 veces en el número de inscriptos a la anterior convocatoria masiva, ocurrida hace una década, por la modificación de la tarifa de gas. Llama la atención que también superó en más de 100 veces a las inscripciones a la ley de Interrupción voluntaria del embarazo. Un tema fundamental para la sociedad.

¿Qué significa esto? ¿Qué nos importa más los glaciares que otras cosas? Por supuesto que no. Pero es un “síntoma” que haya sucedido. Significa que una buena parte de la sociedad percibió que se está intentando modificar una ley en beneficio de unos pocos, que protegía un bien sumamente importante para todos. O, quizás siendo muy optimista, que una parte de la sociedad entendió que el ambiente y su protección no es un capricho de algunos, sino algo que necesitamos, porque los humanos somos parte de él. 

Ahora, como nos anotamos más de 100.000 personas, entre físicas y jurídicas, “decidieron” que no podíamos hablar todos en vivo mirando la cara de los legisladores. El reglamento de las audiencias es bastante claro: tienen la obligación de escuchar a todos los que quieran participar. 

Sin embargo, optaron por silenciar a más de 99% de los inscriptos. A mi inclusive. No pienso que mi voz esté mas autorizada que la de otros u otras, pero llamó la atención que me silenciaran ya que hablaba en nombre de toda una institución: la Fundación Macá Tobiano. Eso si, utilizaron una vuelta “elegante” pidiendo que enviemos escritos o videos, que obviamente nunca nadie va a leer o ver.

Sabemos, quienes hemos participado en otras audiencias públicas, que rara vez lo que digamos allí tenga el más mínimo impacto en la decisión ya tomada en -la enorme mayoría- de los legisladores. En general los dictámenes a veces ya están escritos antes de las audiencias, para que sea un trámite, luego del cual se firme, se “debata” y se vote.

Pero, ¿Qué hubiera dicho en el corto tiempo que me hubiera gustado tener y que el gobierno nos negó? Algo muy simple que ya destaqué en columnas anteriores. 

La ley de glaciares de 2010, aún vigente, fue una ley pionera, pensada para proteger el recurso más importante para la vida, el agua. Y tenía un punto fundamentalmente importante: el inventario nacional de glaciares era realizado por investigadores del CONICET, de forma unificada y que garantizaba la mayor objetividad posible para definir que era ambiente glacial y periglacial. Liberaba del riesgo del lobby local a los gobernadores. No había nadie más diciendo qué era y qué no era un glaciar. 

La modificación rompe la lógica básica principal de la conservación de la biodiversidad, que es el principio precautorio. Busca dejar a las provincias que definan cuál glaciar es importante y cuál no. La decisión será tomada por gente que, por lógica, estará muy por debajo en capacitación de los especialistas nacionales en glaciares. Que, además, será personal contratado por los gobernadores. 

Estamos en un contexto de crisis climática global. Los ambientes se transformarán, muchos glaciares se reducirán y grandes áreas quedarán sumidas en sequías. Esto ocurrirá en las próximas décadas, no en cientos de año. Necesitamos ser precavidos y garantizar el agua para esos momentos críticos.

Preservar las fuentes de agua es proteger la biodiversidad. Mucho más ahora que estamos atravesando una crisis de extinción, con tasas de pérdida de especies mayores a la extinción en la que se fueron los dinosaurios. Sin glaciares hay varias especies que se van a extinguir, posiblemente el Macá Tobiano y muchas otras. Pero, además, para proteger a los casi 7.000.000 de argentinos y toda la industria que dependen del agua glaciar. ¡Sin glaciares también nos quedamos sin vino!

Es hoy, que tenemos la oportunidad de frenar esta modificación caprichosa, a medida de unos pocos lobistas de empresas mineras extranjeras. Tenemos la oportunidad de no sólo no modificarla, sino que podemos pensar en mejorarla, considerando perfeccionar los criterios de detección de glaciares y planear escenarios futuros.

Es ahora que podemos evitar que las provincias -o los gobernadores de turno- decidan unilateralmente cuáles glaciares son útiles o no lo son. Esto no es paranoia, ya que empezó a pasar. En Río Negro, ya se otorgaron permisos de cateo en áreas críticas, aun previo a la modificación de la ley.

Como investigador de CONICET, como biólogo, como conservacionista y, principalmente, como argentino, considero que es simplemente una aberración modificar una ley que protege un recurso de tal importancia transversal para la biodiversidad y la sociedad como es el agua. Es algo básico. No hay argumento económico que supere la importancia del agua. 

Habíamos logrado un consenso nacional, no sin mucha discusión, que lo vamos a romper por la ambición a corto plazo. Sin glaciares no hay futuro.