Fuerte con los débiles y débil con los poderosos, esa es la lógica del gobierno para mantener el superávit fiscal que necesita para mostrar al Fondo Monetario Internacional mientras le baja los impuestos al sector agroexportador y le aumenta la rentabilidad al sector financiero.
El presidente volvió a utilizar el veto como instrumento del Ejecutivo para frenar lo que el Congreso aprobó y ahora debe respaldar: un aumento del 7,2% en las jubilaciones, la actualización del bono congelado desde marzo del año pasado para quienes cobran la jubilación mínima (hablamos de que pasaba de 70 mil a 110 mil pesos), la reapertura de las moratorias previsionales y la ley de emergencia para las personas con discapacidad.
Esto sucede después de que el mismo presidente, que dice defender a capa y espada el superávit fiscal, bajó de manera permanente las retenciones al sector agroexportador, achicando así la caja del estado y obligando, de esta manera, a reducir aún más el gasto público. Bajar los derechos de exportación implica reducir el mecanismo para socializar el beneficio extraordinario de la pampa húmeda más allá de los dueños de las tierras y, a su vez, sirve para diferenciar los precios internacionales de los alimentos que exportamos de los precios locales.
Por lo tanto, en esta decisión comunicada por Javier Milei frente a la Sociedad Rural, el gobierno acepta perder una fuente de recaudación genuina, generando una presión en los precios internos de los alimentos, sin explicar de dónde va a compensar los ingresos perdidos que el Instituto de Estudios sobre la Realidad Argentina y Latinoamericana (IERAL) de la Fundación Mediterránea, estima en una pérdida del 22% en los ingresos por derechos de exportación. Sin embargo, cuando se habla de este sector entonces no se menciona el superávit fiscal. Hay plata, para ellos.
No es el caso para las y los jubilados ni las personas con discapacidad, en este caso, la bandera del superávit fiscal se muestra inflexible y si sumamos una decisión de recaudar menores ingresos en las arcas públicas es difícil creer que esta situación pueda mejorar en pos de jubilaciones mínimas que no llegan a 400 mil pesos. Si bien parecen hechos separados estamos hablando de la misma recaudación del estado y de un presidente que está dispuesto a perder fondos en favor de uno de los sectores más ricos de nuestro país mientras que las jubilaciones se debaten entre ser gastadas en comida o medicamentos. Acá hay una transferencia de ingresos desde los sectores más vulnerados económicamente hacia los sectores más concentrados.
Lejos de que el beneficio hacia el complejo agroexportador sea un caso único, desde enero de este año pesa más en las cuentas públicas la capitalización de los intereses de la deuda en pesos que el pago de jubilaciones y pensiones, que solía llevarse la porción más grande, como demuestra el Instituto de Pensamiento y Políticas Públicas, que se muestra en el siguiente gráfico.
Si bien esa capitalización de intereses va generando una deuda en pesos que el gobierno espera refinanciar al infinito, el propio mercado financiero argentino le impone límites y le pide una tasa de interés mayor para seguir refinanciandola. Algo que, después de las últimas licitaciones, con tasas que rozan el 70% anual, triplicando la inflación actual, muestra sus límites, o al menos sus costos. De nuevo, hay plata, para ellos.
En este punto, vale la pena recordar que casi la mitad del total de la recaudación del estado nacional la hacemos a través del pago de impuestos sobre el consumo (IVA) mientras que menos de un 2% es el aporte que realizan los impuestos a la propiedad (bienes personales). Por lo tanto, estas decisiones que se toman en relación a las cuentas públicas son decisiones sobre el dinero de la mayoría de los contribuyentes y no de los que terminan siendo beneficiados por la baja de retenciones o el aumento en la rentabilidad de la deuda pública, que solo gastan una porción pequeña de sus ingresos en consumo, y por tanto, en IVA.
Lo que buscamos evidenciar desde Ecofeminita no sólo es que hay plata, como demuestra el presidente a la hora de achicar los ingresos del Estado u ofrecer mejores rendimientos financieros, sino que la mayor parte de la recaudación viene de los impuestos indirectos que pagamos todos y todas, donde pesan más en las personas que gastan todo lo que tienen en consumir, es decir, en sobrevivir y terminan pagando un 21% de sus ingresos en el IVA.
Este es el caso de los jubilados y jubiladas que cobran la mínima (actualmente y con el bono hablamos de $384 mil pesos) y deben elegir entre comer o comprar medicamentos, lo cual es un problema de orden público, pero que, a su vez, en cada decisión aportan su 21% a la caja del estado. Son las personas más empobrecidas, donde se ve una mayor cantidad de mujeres (casi 7 de cada 10 personas de menores ingresos son mujeres), las que más aportan de sus ingresos a las arcas públicas y, sin embargo, son las más perjudicadas en un gobierno que veta la posibilidad de dar un magro aumento a las jubilaciones y las prestaciones al personal que trabaja con las personas con discapacidad. Sector donde ante la falta de respuesta del estado deben responder las madres y familias de esas personas con discapacidad.
No sólo es cruel, es injusto que sean y seamos quienes más aportamos, pero quienes menos recibimos mientras el gobierno repite que no hay plata, cuando vemos como la reparte, la nuestra, entre los poderosos.
La nota es parte de la alianza entre Tiempo Argentino y Ecofeminita, una organización aliada que trabaja para visibilizar la desigualdad de género a través de la elaboración de contenidos claros y de calidad.
