El pasado lunes, Tiempo publicó un informe con los últimos recortes realizados por la administración macrista en materia educativa. Entre el fin de semana pasado y las primera horas del 2 de marzo, el jefe de Gobierno Jorge Macri, junto a su ministra de Educación Mercedes Miguel, cerró ocho sedes de Clubes de Chicos, dos orquestas juveniles de barrios populares y eliminó el almuerzo de los centros infantiles que funcionan dentro de las escuelas públicas. Todo esto se suma al cierre de cinco maternales populares (publicado en este medio) y al despido de más de 50 docentes.
Este fuerte ajuste afecta a programas socioeducativos que apuntan al acompañamiento de las trayectorias pedagógicas de niños, niñas y jóvenes en contextos vulnerables y que “buscan fortalecer el aprendizaje mediante talleres y distintas actividades para garantizar la permanencia escolar a través de un enfoque integral”.
Ante esta situación, la legisladora porteña Vanina Biassi presentó un proyecto de ley para anular la Resolución 153/26 y sus anexos de “Lineamientos para la implementación de la política socioeducativa”. Dicha resolución firmada por el jefe de Gobierno es la que habilitó el feroz ajuste educativo sobre los sectores más postergados.
Entre los fundamentos del proyecto de ley, sostienen que la Resolución 153/26 “profundiza la precarización laboral de los docentes de los docentes de los programas socioeducativos y anuncia un mecanismo arbitrario para implementar la eliminación de cargos e incluso programas enteros”.
En ese sentido, la legisladora porteña asegura que lo que está haciendo Jorge Macri “es un vaciamiento educativo sin precedentes que deja a las escuelas sin el acompañamiento de programas claves para el desarrollo integral de las infancias. Mientras lo que si promueve el gobierno para las infancias es su criminalización, mediante la baja de la edad de punibilidad”.
Qué dice la resolución que ajusta en educación
El documento publicado por el GCBA y firmado por Jorge Macri y la ministra Mercedes Miguel es contundente en su objetivo y dice claramente que busca realizar despidos y eliminar cargos docentes de los programas socioeducativos: “En todos los casos en que la aprobación o adecuación de la Planta Orgánico Funcional implique la supresión de cargos u horas cátedra en un mismo Programa, se suprimirán en primer término los cargos o grupos de horas vacantes, cuando estos existan, comenzando por el cargo o grupo de horas correspondiente al docente interino de menor antigüedad en el programa.” El mismo criterio establece para los casos en que el docente afectado por el cierre de su cargo o grupo de horas sea titular.
Días después de la publicación oficial de la resolución se anunció el despido de 50 docentes del Programa Maestro + Maestro, lo que representa la eliminación de un cuarto de los docentes de dicho programa que realiza una importante función de acompañamiento y alfabetización en las escuelas. De ninguna manera la publicación de 30 cargos en un acto subsiguiente subsanó la situación. También se anunció el cierre de los Centros de Actividades Infantiles, el desplazamiento de docentes de otros programas, el cierre 4 jardines de primera infancia y el recorte de horas en Centros Infantiles y Juveniles.
Asimismo, el cierre del programa “Coros y Orquestas para la Equidad”, que promueve la inclusión social de niños y jóvenes a través de la enseñanza musical gratuita, afectando la posibilidad de acceso a la cultura en poblaciones vulnerables mediante orquestas infantiles y juveniles, que funcionaban en diversos barrios como Bajo Flores.
Privatización educativa
En los fundamentos del proyecto de Ley presentado en la legislatura, aseguran que «la resolución dictamina la posibilidad de que los Programas realicen convenios con organizaciones de la sociedad civil abriendo la puerta a una posible mercantilización y desnaturalización de las condiciones pedagógicas, ya que a partir de estos convenios no se garantiza que los programas funcionen en sedes escolares oficiales.»
A la vez esta Resolución otorga un gran margen de discrecionalidad para el conjunto de las condiciones laborales y pedagógicas, convirtiendo a los docentes socioeducativos en trabajadores precarizados, ya que establece que el lugar de trabajo y los horarios de los docentes son impuestos por las “necesidades operativas de los programas”, y tiende a reducir el trabajo docente de enseñar a “acciones pedagógicas complementarias” (punto 1 del Anexo de la resolución).
