Los fundamentos de la iniciativa que encabeza el presidente del bloque FPV-PJ, Agustín Rossi, sostienen que el presidente Mauricio Macri “a través de un simple decreto reglamentario intenta cambiar las bases sobre las que está estructurado nuestro sistema de Defensa Nacional, construido desde la recuperación democrática” y rediseñado “a partir de un amplio consenso político y social en relación al propio concepto de Defensa, a su estricta separación con la seguridad interior, a la plena subordinación de las Fuerzas Armadas a las autoridades constitucionales civiles”.
Los legisladores señalan que con el Decreto 683/18 el gobierno intenta legitimar la intervención militar en las llamadas “nuevas amenazas”, como el narcotráfico y el terrorismo, lo cual resulta “absolutamente inconstitucional, ya que nunca un decreto reglamentario puede modificar el texto de una ley”, en este caso la Ley de Seguridad Interior 24.059 que establece los excepcionales supuestos en los que las Fuerzas Armadas pueden intervenir en la materia.
Además, sería necesario modificar también la Ley de Defensa Nacional y la de Inteligencia Nacional, “lo que obligaría al gobierno a pasar por el Congreso de la Nación a fin de lograr los consensos necesarios que, a nuestro criterio, no posee”, aseguran.
Asimismo, destacan que la Ley de Defensa Nacional 23.554 del año1988, reglamentada por Néstor Kirchner a través del Decreto 727/06, expresa que nuestro sistema de defensa debe orientarse hacia la conjuración de situaciones de agresión externa perpetradas por fuerzas armadas de otro Estado, dejando fuera de su órbita toda cuestión que refiera a la seguridad interior.
El proyecto lleva las firmas de Rossi, Cristina Alvarez Rodríguez, Máximo Kirchner, Nilda Garré, José Luis Gioja, Eduardo De Pedro, Horacio Pietragalla, Mónica Macha (FPV-PJ) y Lucila De Ponti (Peronismo para la Victoria).