El gobierno argentino había solicitado a la jueza del segundo distrito sur de Nueva York, Loretta Preska, que suspendiera su sentencia contra el Estado Nacional que disponía la transferencia del 51% de las acciones de la petrolera semiestatal YPF a los fondos buitre que litigaron contra la Argentina.
La jueza norteamericana, sin embargo, rechazó el pedido y ratificó el reclamo en favor de los fondos buitres que decidieron litigar contra el estado argentino cuestionando los términos de la expropiación de la compañía en 2012.
Los fundamentos de Preska
Los fundamentos presentados por el gobierno sostenían que el cumplimiento del fallo tendría “consecuencias irreversibles” y que se sustenta sobre un “ejercicio inconstitucional de jurisdicción extraterritorial”.
La jueza ratificó lo dispuesto, a pesar de que los propios beneficiarios ya adelantaron su intención de transferir esos títulos en forma inmediata bloqueando a futuro los efectos de toda apelación o fallo favorable que pudiera obtener el Estado argentino.
De este modo, a pesar de la denuncia sobre violaciones a la Ley de Inmunidades Soberanas Extranjeras y principios del derecho federal estadounidense, la jueza rechazó dar lugar al pedido de suspensión y permitir que el gobierno transitara todas las instancias judiciales sosteniendo su participación mayoritaria en la compañía.
Más allá de las negociaciones bilaterales que se puedan desenvolver y las instancias judiciales que podrían atravesarse hasta incluso llegar a la Corte Suprema de los Estados Unidos, lo cierto es que a como están las cosas el Estado Nacional debería transferir a los fondos que están litigando el equivalente al 51% de las acciones de la compañía que, según la jueza, llegan hasta los U$S 16 mil millones. Esa cifra también resulta cuestionada por el Estado Nacional.
Fuentes periodísticas dan cuenta de una reunión entre las partes que habría convocado la misma jueza y que se realizará el martes en la que los demandantes solicitarán informes de otras empresas estatales con el propósito de analizar la viabilidad de avanzar con embargos y, a la vez, buscar algún tipo de entendimiento que, de todas maneras, resultará pernicioso para los intereses nacionales.
Para la transferencia de cualquier acción de la petrolera de bandera la ley votada en 2012 por el Congreso Nacional determina explícitamente la aprobación de una ley del mismo parlamento.
El gobierno nacional apuesta a la intervención del presidente norteamericano Donald Trump, que, más allá de su afinidad ideológica con el presidente Javier Milei, en su momento promovió a través del Departamento de Justicia de los Estados Unidos una “declaración de interés” con relación al diferendo.
