A la derogación de la Ley de Financiamiento Universitario (aprobada recientemente por el Congreso Nacional) y la caída de los salarios de sus trabajadores docentes, nodocentes y científicos, que ya perdió casi la mitad de su poder adquisitivo en los últimos dos años, se le sumará un “brutal recorte” en el presupuesto 2026 de los Hospitales Universitarios de la UBA. Según denunció el Consejo Superior este miércoles, implicará recibir un 30% menos de fondos que en 2025.
Estos datos se desprenden del dictamen parlamentario impulsado por el Gobierno para el Presupuesto Nacional 2026. De prosperar esta medida, se verán afectadas instituciones clave en la salud pública como el Hospital de Clínicas General San Martín, el Instituto de Oncología Ángel H. Roffo y el Instituto de Investigaciones Médicas Dr. Alfredo Lanari, todos dependientes de la Universidad de Buenos Aires, que atienden en promedio a más de 700 mil pacientes por año.
El ajuste enferma
En julio pasado, mientras familias de pacientes pediátricos abrazaron al Hospital Garrahan y personas con discapacidad se movilizaron por sus derechos, un gran grupo de pacientes con cáncer participó del abrazo al Instituto Ángel Roffo, el hospital universitario especializado en oncología, golpeado por el desfinanciamiento que afecta a la Universidad de Buenos Aires (UBA). Personal no docente, profesionales de la salud y familias abrazaron a la institución que atiende cada año a más de 100 mil personas con cáncer. “El ajuste en salud enferma”, exclamaron.
Sin aumento presupuestario desde 2024, sobre el último presupuesto aprobado en 2023, el Roffo atraviesa una crisis que se traduce en menos insumos, problemas edilicios o aparatología sin arreglos. Por caso, la institución emblema en el tratamiento del cáncer transitó meses sin mamógrafo.
Federico López Ponsati, delegado del Instituto, destaca el apoyo de muchos pacientes. “Hay algo que nos une mucho y literalmente es que de esta lucha depende su vida. Eso es muy sentido. La participación de ellos es fundamental y siempre están”, dijo en diálogo con Tiempo.
El Consejo Superior, principal órgano de gobierno de la Universidad de Buenos Aires, alertó que «el insuficiente aumento nominal» previsto en el Presupuesto 2026 para gastos de funcionamiento de universidades y hospitales, y la persistencia de la pérdida salarial proyectada para 2026 profundizan el “ahogo presupuestario”, ponen en riesgo la calidad educativa, la formación profesional y el sostenimiento de servicios esenciales, particularmente en el área de la salud.
La UBA ya viene meses atrás de declarar la emergencia presupuestaria y la emergencia salarial de sus trabajadores y trabajadoras docentes y nodocentes, debido a la desactualización de las partidas asignadas y a la sostenida pérdida del poder adquisitivo de los salarios, que supera el 45% en comparación con diciembre de 2023.
Una situación agravada
La resolución también rechaza la derogación de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario, Ley 27.795, incluida en el proyecto de Presupuesto Nacional, y advierte que su eliminación “agravaría aún más” la situación crítica que atraviesan las Universidades Nacionales.
En este contexto, el Consejo Superior de la UBA solicitó a la Cámara de Diputados de la Nación “el rechazo y/o modificación de dicho dictamen y la aprobación de una propuesta que contemple las necesidades reales de las Universidades Nacionales y la implementación plena de la Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario”.
La solicitud fue extendida también a la Cámara de Senadores , en el marco del trámite legislativo correspondiente.
Motosierra y más motosierra
Los recortes a los centros de salud universitarios no son un hecho aislado. Un informe del Centro de Economía Política Argentina (CEPA) explica que en el presupuesto 2026 «dos de los principales hospitales nacionales (Posadas y Bonaparte) muestran caídas interanuales del 6% y 1% respectivamente. Mientras que el Carrillo estima un incremento del 3%».
«Sin embargo, los tres hospitales muestran sendas caídas en el acumulado desde 2023», aclaran.
Respecto a la política de Desarrollo Social, se observan recortes en el programa de transferencia directa Prestación Alimentar de casi el 2% interanual y 30% acumulado: «Mientras tanto, las partidas para alimentos para Comedores Comunitarios cae en 17% totalizando un derrumbe del 45% acumulado».
La situación tampoco es positiva en lo que va de este año (donde no rige presupuesto formal). CEPA analizó la ejecución presupuestaria 2025 hasta noviembre. Divisó que, mientras sobresale el incremento de la Secretaría de Inteligencia del Estado, dependiente de Presidencia de la Nación, con un aumento del 26% respecto a 2023, y los Servicios de Deuda Pública representan el 9% del gasto total, se observan fuertes recortes en la mayoría de las áreas de Salud, incluyendo la Superintendencia de Servicios de Salud (-72%), hospitales nacionales con ajustes entre -30% y -42%, el Instituto Malbrán (-24%) y la ANMAT (-28%). El Hospital Nacional de Salud Mental Laura Bonaparte registra una caída del 41%.
En el sector científico, los recortes son generalizados, con caídas importantes en el Programa de Promoción de la Investigación e Innovación (-83%), CONAE (-32%), CONICET (-32%), Servicio Geológico Minero Argentino (-32%), Servicio Meteorológico Nacional (-36%), Fundación Miguel Lillo (-27%) y CONEAU (-15%).
